Uruguay y la región están experimentando un fenómeno de espiral de violencia y criminalidad que se viene consolidando por más de tres décadas en las que abundan los ejemplos en materia de cómo se ha instalado lo que se llama “gobernanza criminal” y es objeto -a veces tardíamente- de estudio y análisis por parte de los diferentes Estados de la región latinoamericana. Uruguay no escapa a este fenómeno y por el contrario la gobernanza criminal está a la orden del día centralizada en Montevideo y expandida a grandes capitales.
Cada vez es mayor la información sobre el poder del crimen organizado. Diferentes estudios están poniendo de manifiesto que las redes criminales, no se dedican exclusivamente a actividades ilegales económicas, sino, además, que, para ello, están ejerciendo tareas correspondientes a los estados. En “sus” territorios proporcionan seguridad, imparten justicia y realizan funciones de asistencia social. Ciertamente no todas las redes sociales ejercen gobernanza criminal. Es preciso un contexto determinado que haga posible esta posibilidad, basada fundamentalmente en la complicidad del estado y en el reconocimiento legítimo de estos actores, por parte de la sociedad. Cuando se cuenta con la complicidad y reconocimiento de uno y otro, puede darse la gobernanza criminal.
El objetivo último de la misma no tiene connotaciones ni ideológicas, ni políticas, no se persigue un orden político o económico alternativo. La motivación principal sigue siendo económica, pero la gobernanza criminal proporciona la posibilidad de aumentar exponencialmente el poder criminal y la proyección y alcance de los negocios. En otras palabras, el poder local logrado, proporciona la base para lograr una proyección nacional y transnacional.
Bajo el análisis de estos espacios ordenados y gestionados, por el crimen organizado, desde los análisis de gobernanza criminal, es posible conocer la complejidad de este actor no estatal e ilegal que asume tareas propiamente estatales.
Esta complejidad define el mismo concepto de gobernanza criminal concentrado en las complicadas interacciones con la sociedad y el estado, para establecer patrones de control, comportamiento y reglas de juego en los espacios que controlan. Todos los autores de esta publicación insisten en esta interrelación como base esencial para que sea posible la gobernanza criminal.
Esta interrelación se basa en la legitimidad de estos poderes criminales en parte de la sociedad y de la complicidad estatal, de ahí que para conocer la realidad de la gobernanza criminal no es posible tomar como referencia los valores morales y el concepto de legalidad e ilegal del orden formal-racional, se trata de un orden diferente, donde la moralidad y lo legal se construye otros valores y criterios.
El primer supuesto que es posible cuestionar es que el crimen organizado, por el hecho de ser ilegal, se desarrolla al margen de la sociedad y del estado. Lejos de ello precisamente es posible comprobar que los niveles de interacción con el estado y la sociedad es lo que explica su nivel de desarrollo y de poder. Otro supuesto generalizado es que cuando se considera la relación con la sociedad esta se basa en la imposición, la arbitrariedad y la violencia y no en la legitimidad. Un supuesto que impide entender el poder alcanzado por bandas criminales en las áreas que controlan. Para ejercer el control y administración de un territorio es preciso ser un poder legítimo y estas organizaciones logran serlo, de otra manera no podría instaurarse el control criminal sobre el territorio y la población.
Esta cuestión también obliga a cuestionar la idea de la sociedad como víctima pasiva e inerme, cuando en realidad es la que proporciona la legitimidad necesaria para la implantación de la gobernanza criminal.
Entonces, la gobernanza criminal se refiere al estudio de cómo los actores criminales operan, interactúan y ejercen influencia en diversos contextos. La comprensión de la gobernanza criminal es fundamental para abordar eficazmente el crimen organizado, la corrupción y otras formas de delincuencia.
La gobernanza criminal implica la estructura y dinámica de las redes criminales, las estrategias utilizadas por los actores criminales para maximizar sus beneficios y evadir la justicia, así como las interacciones entre el crimen organizado y las instituciones estatales.
La gobernanza criminal puede abordar diferentes aspectos, como la relación entre el crimen organizado y la política, la corrupción en el sector público y privado, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos transnacionales. También se analizan los mecanismos utilizados por los actores criminales para establecer y mantener el control territorial, el poder económico y la influencia política.
En el campo de la criminología y los estudios de seguridad, se han desarrollado numerosas teorías y enfoques para comprender la gobernanza criminal. Estos enfoques incluyen el enfoque de redes, enfoques basados en el mercado, enfoques de economía política y enfoques basados en el poder. También se exploran las respuestas políticas y las estrategias de aplicación de la ley para contrarrestar la gobernanza criminal, como la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y el enfoque basado en la inteligencia.
En resumen, la gobernanza criminal es un tema complejo que involucra la comprensión de cómo los actores criminales operan y ejercen influencia en diversos contextos.
Fernando Vaccotti 