Por Fernando Vaccotti
Ante la coyuntura actual, mucho es lo que se está informando y debatiendo sobre seguridad y en especial sobre la seguridad ciudadana, quizás lógicamente influenciados por la realidad de una ola de delincuencia como nunca se vivió en nuestro país. Especialistas y conocedores han surgido intespestivamente en la vida diaria.
Además, es año electoral y está en juego el manejo del poder para el período 2025 – 2030, lo cual no es un dato para nada menor pues desde hace ya un tiempo considerable, los precandidatos y sus asesores han comenzado la campaña, con una antelación pocas veces vista y que promete un debate diario y profundo sobre el eje temático de la Seguridad, quizás hasta más pronunciado que el visto, leído y oído en la pasada elección.
El tema del gerenciamiento en general de la seguridad pública, ciudadana y humana, ha dejado en evidencia que por lo menos en los últimos cuatro períodos de gobierno, unos 20 años de historia, la administrración y el liderazgo político han quedado en números rojos, o han llevado al país al estado en el que se encuentra actualmente en esta delicada materia.
Ya sea por inacción, falta de pericia, criterios políticos por sobre los fines superiores de mantener segura a la población, actos de corrupción, malos manejos generales y más, han ido desarrollando un entorno proclive al aterrizaje del crimen organizado en casi toda su magnitud. Y no es por falta de avisos o de asesoramientos. Esta situación es el corolario de un mal gerenciamiento.
En América Latina por ejemplo, la cantidad de presos pasó de 650.000 a 1,7 millones entre 2000 y 2018, un aumento del 175%. Parte del aumento de la cantidad de presos se explica por el uso excesivo de la prisión preventiva. Además, más del 40% de los reclusos de la región están detenidos sin una condena. La mayoría de las personas en prisión son narcomenudistas, aunque están detenidos por ser narcotraficantes.
Actualmente existe un hacinamiento promedio en toda la región del 160%, con todos los países (excepto Belice y Suriname) experimentando sobrepoblación carcelaria.
Haití (454%), Guatemala (367%) y Bolivia (269%) tienen la tasa de hacinamiento más elevada del mundo.
El sistema penitenciario se encuentra en una crisis regional estructural. Parte del problema es la cantidad de cárceles, pero más importante es la cantidad de presos. La población carcelaria en la región prácticamente se ha triplicado desde el año 2000, y América Latina es conocida como la «nueva zona de encarcelamiento masivo».
Parecería ser que el seguir enviando gente tras las rejas no soluciona el tema de fondo.
Si bien ahora todos los sectores reclaman políticas de estado para combatir esto, pareciera que en realidad si existió una política no escrita de mal manejo de la situación. Y los resultados están a a la vista.
Cuánto le cuesta a la sociedad todo esto?
Vale la pena decir que de a poco se van dejando de lado las explicaciones básicas por la brevedad de los tiempos y la duración de las noticias, que empeoran siempre lo que pasó ayer. Y de esa manera se van quedando por el camino algunos temas que hacen a todo lo que se refiere la Seguridad Ciudadana en su conexión con la Seguridad Humana.
Por ejemplo, los costos de la inseguridad, un tema cuasi confidencial. Otros dos temas muy conectados son todo lo referente a Cárceles y las Víctimas de la Inseguridad, ambos temas muy vinculados a los costos de la inseguridad y que representan una alta carga para la población.
La inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el Desarrollo Humano, el delito, la violencia y el temor limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen su vida en sociedad, su entorno y la relación con las instituciones del Estado.
De esta manera podemos hacer una clasificación básica de estos costos:
Costos directos
Incluyen pérdidas derivadas de actos criminales, como la pérdida de vidas, daño emocional y físico, y el desincentivo para invertir. También incluyen los gastos en que se incurre para prevenir el crimen.
Costos indirectos
Incluyen impactos colectivos, como la transformación de la manera en que las personas construyen sus vínculos sociales, el deterioro del espacio público y el aumento de la desigualdad y la exclusión urbana.
Por ejemplo, el porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% aun 59.1% para distintos países de América Latina. [1]
Asimismo, el porcentaje de personas que han limitado sus lugares de compras como consecuencia del temor al delito va del 16.8% al 51.5% para diferentes países.
Más aún, entre el 45% y el 65% de los encuestados, dependiendo del país, dejó de salir de noche. [2]
Este impacto en el patrón de comportamiento de las personas limita su convivencia en espacios públicos, su normal desplazamiento y su recreación, es decir, afecta su libertad.
La inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de Derecho.
Diversas encuestas de opinión muestran que los latinoamericanos expresan una seria predilección por la aplicación de leyes más duras e incluso por políticas de mano dura. No obstante, esta demanda ciudadana por respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede traducirse fácilmente en violaciones a los Derechos Humanos.
Además, la inseguridad genera importantes costos que van desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física y mental de las personas.
Un estudio conjunto realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD para analizar los costos en cinco países de América Latina muestra que sus costos en términos del PBI son significativos y diferenciados: van desde el 3% como porcentaje del PBI en Chile y Uruguay, hasta un poco más del 10% en Honduras.
Nota: El PIB se calcula como la suma del consumo, la inversión y las exportaciones netas de una economía.
En nuestro país es difícil acceder a este tipo de información fidedigna debido a las restricciones que ha implantado la actual administración. No es difícil sin embargo inferir que las cifras deben presentar similitudes con las del resto de Latinoamérica.
También es de orden exponer que de todos los partidos políticos que han gobernado sucesivamente y en especial la coalición en este período 2020-2025, el único socio que no ha sido tenido en cuenta para ocupar cargos en el Ministerio del Interior es Cabildo Abierto, que sin embargo al menos en tres oportunidades ha presentado propuestas para revertir la situación se seguridad y enfrentar de otra manera al crimen.
Curiosamente, Cabildo Abierto tiene para exhibir una gestión exitosa en este período al frente del INISA, con estadísticas muy positivas, así como informes sobre auditorias realizadas a los internados por parte de organiamos internacionales entere otros. El tema de fondo es la gerencia de establecimientos e instituciones con gente dentro en un régimen de libertad limitada en razón de su edad y otros indicadores. Es un punto de partida para proyectar quizás en el resto del sistema.
La gerencia quizás explique en algún momento las razones por las que esto no ha ocurrido y cómo es que no ha funcionado prácticamente ningún modelo aplicado en este período.
Las políticas de mano duran adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, teniendo un impacto positivo inmediato, pero cayendo rápidamente en el corto tiempo luego de su implementación y generando espirales de violencia mayores en algunos casos.
También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.
Las políticas de mano dura —con un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas y el uso de la fuerza— han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, entre las que destacan el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios –ya sobrecargados-, la violación de los derechos humanos -particularmente en contra de jóvenes y menores de edad- y el abuso de autoridad.[3]
[1] (PNUD IDH 2013-2014)
[2] (LAPOP-PNUD 2012)
[3] (Hume 2007; Zilberg 2011; Basombrío y Dammert 2013)
Fernando Vaccotti 