Oinión y comentarios
La utilización de menores para la comisión de delitos por bandas criminales representa una situación difícil de detectar para los ojos del ciudadano común de las grandes ciudades, para aquellos poco observadores, o que simplemente no se encuentran en el epicentro de conflictos de violencia o narcotráfico, donde la cruda realidad es devastadora.
En el año 2018 era posible de estimar, según Cristina Serna, investigadora, la existencia de u mínimo unos 30.000 menores de edad que participan en actividades delictivas organizadas por bandas criminales en países de América Latina como México o hasta alrededor de 300.000 que participan en conflictos armados en todo el mundo.
La utilización de estos menores como mensajeros, soldados, guardaespaldas o como ejecutores de actos de sicariato, resulta en graves violaciones de los derechos de los niños, lo cual conlleva al estudio de lo que va a ocurrir con este menor cuando es utilizado, cuál va a ser su responsabilidad penal y cuál es la protección jurídica establecida por las diferentes legislaciones que correspondan.
Así, la protección del menor ante su utilización para la comisión de delitos, va a ser diferente, cuando este es considerado como sujeto directo del delito como cuando es considerado como víctima de este, poseyendo en este caso la misma tutela jurídica que la del adulto mayor de edad en algunos casos.
En Ecuador, por ejemplo, a marzo del 2023, a escala nacional, la Policía había retenido a 497 menores de edad por su participación en diferentes ilícitos. En el caso de los niños, de acuerdo con el artículo 307, a más de inimputables tampoco son responsables, por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socioeducativas contempladas en el mencionado marco legal y por ello, se ha pedido a la Asamblea Nacional que los menores que estén involucrados en hechos delictivos como el sicariato sean procesados sin gozar de las mismas garantías que otro que no esté relacionado con actos delictivos.
De acuerdo a lo informado por la prensa, por ejemplo, en Suecia, el gobierno ha anunciado un nuevo plan para evitar que los menores caigan en las redes de grupos criminales, con un refuerzo de la atención a los centros escolares y el ámbito familiar. También se ampliarán las medidas preventivas de los servicios sociales.
El Gobierno de Suecia anunció recientemente la nueva estrategia nacional de prevención del crimen organizado, que incluye medidas para que los centros escolares y los servicios sociales puedan evitar que niños y jóvenes se involucren en actividades delictivas.
En una conferencia de prensa, el ministro sueco de Justicia, Gunnar Strommer, señaló que la estrategia proporcionará «una dirección clara no solo para las agencias gubernamentales, sino también para los municipios, las regiones, las empresas y la sociedad civil».
El plan se desarrollará en torno a lo que el Gobierno describe como «tres barreras para el crimen de bandas organizadas»: el desarrollo de medidas preventivas en escuelas para evitar el reclutamiento de los menores, el refuerzo al apoyo a las familias, y una mayor capacidad de acción para los servicios sociales.
En Uruguay, poco a poco los casos policiales que involucran a niños y adolescentes con el mundo y el negocio de la droga se han vuelto recurrentes en la agenda pública. En algunos casos porque son parte de un negocio familiar, en otros porque son cooptados en los barrios con presencia de bandas narcotraficantes para “trabajar”. Ambas situaciones llevan a que también se registren casos en que reciben heridas de bala, por enfrentamientos.
El último y muy impactante caso fue el de un adolescente de 14 años, imputado el pasado martes, tras constatarse que acudía armado y con drogas para vender en su centro educativo ubicado en Las Piedras, Canelones. Se lo encontró con cogollos de marihuana y un arma con todos los elementos para disparar.
Esta realidad es vista con preocupación tanto a nivel policial como judicial. “Algunos grupos captan menores pagándoles $ 100 o $ 200 por día para que vendan drogas”, había dicho a El País la fiscal Bárbara Zapater tras imputar al adolescente de 14 años en Las Piedras.
“En este caso está casi confirmado que trabajaba para un grupo criminal”, dijo una fuente vinculada a la investigación a el medio de prensa El País. Además, agregó que “se investigarán también otros casos”, ya que “no es descabellado que se estén dando este tipo de maniobras”.
Según indicó otra fuente judicial, “a nivel internacional” se está reportando un “avance de los grupos transnacionales”, algunos de los cuales tendrían influencia en bandas uruguayas, ya que “el narcotráfico es uno de los delitos más atractivos”.
El informante, vinculado a varias investigaciones por drogas, aseguró que “cuando se da la utilización de menores es porque se pueden aprovechar de su estado de vulnerabilidad”, aunque agregó que esto “también se puede ver con adultos mayores”.
“Detrás de ellos por lo general hay personas mayores de edad que detectan que se suele bajar la guardia ante la presencia de niños, y por eso los usan”, dijo la fuente y agregó que “si bien el narcotráfico es el delito que más llama la atención, también los reclutan para después utilizarlos en pornografía y tráfico de personas”.
Números que llaman a reflexión
En el último año fueron imputados 1.072 menores de 18 años, 172 más que en 2022, y se convirtió en el número más alto de los últimos años, según datos de Fiscalía contabilizados desde 2019.
El registro varió en el correr de los años. 2019 fue el segundo año con más imputaciones -988-, mientras que 2021 fue el año que menos cantidad registró con 824.
Su crecimiento genera preocupación en las autoridades, quienes han manifestado públicamente su compromiso con reducir la violencia de la que están siendo protagonistas niños y adolescentes.
Durante 2023 el delito de hurto fue el que más casos tuvo con 297 imputaciones, “otros delitos” con 231 -entre los que se encuentran receptación, violencia privada, incendio, entre otros- y la rapiña con 225.
Del total de menores imputados en el último año, 998 fueron varones, mientras que 74 fueron mujeres. Al analizar por sexo, el delito repetido en más oportunidades cambia, ya que en el caso de los varones fue el hurto -con 281 imputaciones-, mientras que para las mujeres fue lesiones personales con 18.
Por homicidio hubo 38 imputaciones mientras que por vinculación a estupefacientes fueron 45. Según dijeron investigadores a El País, “muchas veces los menores están vinculados a bandas de droga, pero ellos no son los que comercializan, sino que se encargan de otros delitos como rapiña que sirven para financiar al grupo”.
Sin duda que la utilización histórica de niños dentro de los contextos de conflictos armados y la inclusión de los mismos en prácticamente todo el abanico de la criminalidad lleva a reflexionar en la búsqueda de soluciones profundas para temas tan profundos y Uruguay como siempre decimos, tiene que encontrar su propio camino y sus propias soluciones.
Por Fernando Vaccotti con información de prensa abierta
Una buena referencia al tem se publica en : https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/investigan-utilizacion-de-ninos-y-adolescentes-por-grupos-narcos-preocupa-a-nivel-policial-y-judicial
Fernando Vaccotti 