OPINION
Un poco de historia
Línea de tiempo y esquema visual de Fernando Vaccotti®
La historia de la relación de la DEA con Uruguay no es nueva, como así tampoco los desencuentros que se han sucedido a lo largo de los años, con diferentes actores de un lado y de otro y quizás fruto de haberse comenzado a detectar por parte de esa Agencia, la incipiente corrupción que entorno a ese fenómeno del narcotráfico, comenzaba a vislumbrarse en el país.
De esa manera, sucesivamente se fueron abriendo y cerrando puertas de cooperación de ambos lados. En los ´90 el gobierno norteamericano era muy proclive a la entrega de insumos, material de trabajo y capacitar gente idónea para trabajar en el tema. Luego llegó la época de la entrada de algunos mafiosos y capos de la droga que vieron en las costas uruguayas la gran posibilidad de generar negocios y vivir tranquilos.
La resultante de ese período es lo que sucede actualmente. Porque hay una regla no escrita de la construcción de confianza en el negocio del combate al narcotráfico y su asociado cercano, la Inteligencia : una vez que se “queman” los puentes es tan difícil reconstruirlos como lo que estamos presenciando.
Fernando Vaccotti
Aunque formalizaron su vínculo, la cooperación Uruguay- DEA sigue sin cambios y reapertura de oficina es “poco probable”
Por JUAN FRANCISCO PITTALUGA (Semanario Búsqueda 29/05/2024) y comentarios de FV.
Gerardo González Valencia fue detenido en Montevideo cuando recogía a sus hijos del colegio. Estaba instalado entre la capital y Punta del Este, donde era dueño de una casa-quincho de US$ 2 millones con cancha de fútbol y tenis, entre otras varias propiedades y terrenos. Algunos policías bromeaban entonces que mejor hubiera sido no arrestarlo. Para Uruguay, tener a González Valencia tras las rejas fue un tremendo dolor de cabeza. Acostumbrados a lidiar con homicidas, rapiñeros, asaltantes de banco y vendedores de droga de escala regional, los sistemas judicial, policial y penitenciario sufrieron su presencia.
Lalo, su apodo, era uno de los líderes de Los Cuinis, el brazo financiero del mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), posiblemente la organización criminal más poderosa del mundo (o al menos una de las más más poderosas).
Durante su estadía en prisiones uruguayas, amenazó con colgar de un puente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi; requirió de escoltas especiales de seguridad; exigió comodidades; reclamó ante la Justicia por abusos; obligó a traslados; corrompió a funcionarios y nucleó a otros reclusos. También mantuvo un vínculo con otro preso pesado: el italiano Rocco Morabito, un líder de la ‘Ndrangheta también instalado en Uruguay y luego detenido, quien gozaba de su propio poder y credenciales criminales, aunque era más discreto en su accionar.
Desde aquel 2016, las autoridades del gobierno imploraban por la extradición del narco mexicano a Estados Unidos, que lo solicitaba por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas. El objetivo no fue fácil, pero se cerró cuatro años después, en mayo de 2020, con un nuevo gobierno y bajo la colaboración directa entre el Ministerio del Interior y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
En una fría madrugada de mayo, González Valencia fue transportado en un operativo secreto por efectivos de esa repartición extranjera y de la Policía Nacional. Desde el penal de Libertad al aeropuerto de Carrasco y desde allí al aeropuerto de Dulles, ubicado en el estado de Virginia y que sirve al área metropolitana de Washington D. C.
Aquel trabajo en conjunto fue una excepción para el habitual vínculo entre la DEA y Uruguay, sostenido en formación y manejo de datos y no en procedimientos. Aunque la agencia actúa hace décadas en el país e incluso tuvo una oficina en Montevideo desde 2012 a 2019, los procedimientos con la Policía uruguaya son escasos. En abril de este año, ambas partes firmaron un memorando para ampliar y fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Uruguay y en la región.
Celebrado en la sede de la DEA en Arlington, Virginia, de la firma participó el subadministrador principal de la agencia, George Papadopoulos, y la embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton; por Uruguay asistieron el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el embajador en Estados Unidos, Andrés Durán.
“Bajo este documento, los Estados Unidos y Uruguay acuerdan aumentar el intercambio de información sobre tendencias, rutas y tácticas de tráfico de drogas para enfrentar de manera más efectiva a las redes criminales que operan en la región”, indicó la Embajada de Estados Unidos en un comunicado. “El memorando se basa en la sólida y activa relación de trabajo que la DEA comparte con las fuerzas del orden uruguayas. Esto incluye capacitaciones, intercambio de información y cooperación en investigaciones. Y su objetivo es expandir aún más el intercambio de información entre los dos países sobre amenazas y actividades de tráfico de drogas en curso y emergentes”, añadió.
En su cuenta de X, el ministro Martinelli especificó que el convenio permitirá “realizar operaciones conjuntas en el marco de la legislación vigente en ambos países”. Este último punto, en el gobierno, lo ven menos viable. “Lo más importante del acuerdo es eso: que se firmó un acuerdo para plasmar lo que se viene haciendo desde 2020. Porque, en los hechos, todo lo establecido ya se viene haciendo”, dijo una fuente oficial a Búsqueda.
Además del trabajo conjunto en el caso de González Valencia —que el año pasado fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, en los últimos años la DEA y la Policía Nacional actuaron en el procedimiento A Ultranza PY. Ejecutado en febrero de 2022 en Paraguay, desembocó con el golpe a la organización de Sebastián Marset. En este caso, sin embargo, el trabajo con la DEA fue indirecto, ya que la agencia únicamente ofició de enlace entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay y la Secretaría Nacional de Drogas (Senad) de Paraguay.
Aunque hay líneas de investigación sobre lavado de dinero bajo análisis, la posibilidad de una operación entre la DEA y la Policía Nacional es difícil. Las organizaciones criminales internacionales que intervienen en Uruguay se enfocan en el envío de cocaína boliviana a Europa, lo que aleja el interés de la DEA.
En su Evaluación nacional de amenazas de drogas, 2024, publicada en mayo, la agencia informó que Colombia es el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos: en 2022, al menos el 97% de las muestras de cocaína se originaron en ese país, frente al 3% restante producido en Bolivia y Perú.
En el tráfico de cocaína colombiana a Estados Unidos es mucho más relevante la presencia de grupos mexicanos que de los grupos europeos que operan en Uruguay. Uno de ellos es el Cartel Jalisco Nueva Generación, para quien trabajan Los Cuinis de González Valencia. “Los carteles de Sinaloa y Jalisco controlan en gran medida los corredores de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia México y desde allí hacia Estados Unidos. Estos carteles mexicanos obtienen cargamentos de varias toneladas de cocaína en polvo y base de cocaína de traficantes sudamericanos. Luego la droga se introduce de contrabando a través de rutas terrestres o canales costeros en Centroamérica, o por mar a islas del Caribe como Puerto Rico y República Dominicana, antes de ingresarla a Estados Unidos”, indicó la DEA en su informe.
Esta realidad determina que, estratégicamente, la DEA divida a Sudamérica en dos áreas: región andina y Cono Sur. La primera está supervisada por una Oficina Regional ubicada en Bogotá desde donde se monitorean las actividades en Colombia, Ecuador, Venezuela e incluso Perú. La Oficina Regional es el nivel más alto en el servicio extranjero de la DEA, que solo tiene otras de esa categoría en Ankara, Bangkok, Ciudad de México y Roma. La segunda escala la ocupan las Oficinas País, que en la región andina están ubicadas en Cartagena, Guayaquil y Quito.
La otra área del continente, y la menos relevante para la DEA, es el Cono Sur. Allí no hay una Oficina Regional sino únicamente Oficinas País en Brasilia, Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. También hay Oficinas Residentes (una tercera categoría) en Río de Janeiro y San Pablo.
La DEA comenzó a colaborar con Uruguay en 1973 y conservó una oficina en Montevideo hasta 1995; la reabrió de 2012 a 2019. La razón oficial para el cierre fue una “reorganización” de recursos. En febrero, un artículo de Reuters señaló que se debió “a vínculos tensos con las autoridades uruguayas”. (En realidad existieron múltiples diferencias en aquel momento con las autoridades y la forma de trabajo poco confiable en aquellos tiempos).
Desde la llegada del gobierno de coalición, en marzo de 2020, han sido repetidos los pedidos de Uruguay para el retorno de la DEA al país. Es una solicitud usual en países que lidian con un crecimiento del narcotráfico internacional. “Los gobiernos extranjeros le piden constantemente a la agencia que abra oficinas en otros países.
Sin embargo, la DEA solo abre oficinas en países que de alguna manera están vinculados al flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Esto incluye países que son fuente de drogas o precursores químicos, países donde ocurre un lavado de dinero significativo o países que están vinculados a organizaciones de narcotráfico que amenazan a Estados Unidos”, indica una auditoría del Departamento de Justicia norteamericano.
Las oficinas de la DEA en el extranjero se consideran parte de la misión de la Embajada de los Estados Unidos, por lo que en última instancia su presencia no depende del interés del gobierno anfitrión. El jefe de misión de los Estados Unidos y el Congreso estadounidense deben autorizar la apertura de una nueva oficina en el extranjero. Esto es lo que tranca el pedido uruguayo. Más allá de que la embajadora Fulton se mostró abierta a la posibilidad, la principal limitante radica en el Congreso, que en los últimos meses debatió la posibilidad de limitar el gasto en seguridad pública en el extranjero. Fuentes de la Policía consideran “poco probable” que Estados Unidos autorice una nueva sede de la DEA en el corto plazo, por lo cual la esperanza de Uruguay es que se cierre una oficina ya existente y se asignen los recursos humanos y económicos para una división en Montevideo.
Una oficina típica de la DEA en el exterior cuenta con agentes especiales, especialistas en investigación de inteligencia, personal de apoyo administrativo y empleados contratados localmente, también conocidos como personal del servicio exterior o FSN, por sus siglas en inglés. El puesto superior de la DEA en cada Oficina País es el “agregado”.
En Buenos Aires ese cargo lo ocupa John Wallace, quien es también el supervisor de las tareas de la agencia en Uruguay. Tras la clausura de la sede en Montevideo, el vínculo de la DEA con Uruguay pasó a depender de su oficina en Buenos Aires: Wallace viaja a Montevideo una vez al mes para conversar con autoridades de la Policía y del Ministerio del Interior, mientras que los agentes especiales viajan cada dos semanas. Además de reportar a sus superiores en la DEA, Wallace también informa a Fulton sobre los asuntos y actividades en Uruguay.
¿Y el Puerto de Montevideo? (aparecido en medios de prensa abierta como Búsqueda y análisis propios)
En las últimas horas, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado expresó preocupación por debilidad de controles en el puerto de Montevideo.
No es que la población esté acostumbrada a leer o escuchar novedades provenientes de esta secretaría, cuya real importancia todavía permanece en lado oscuro del conocimiento social, es decir, hay mucha gente que no sabe ni siquiera de su existencia, pese al rol tan importante que debería tener.
Particularmente nos alegra ver que esta dependencia, luego de varios años que venimos alertando y escribiendo sobre el tema, reconozca ciertos hechos incontrastables.
De acuerdo con lo aparecido en medios de prensa abiertos, el puerto de Montevideo alcanzó el año pasado un récord de movimiento de contenedores con 1.120.000 teus, lo cual incluye la operativa de exportaciones e importaciones uruguayas y los trasbordos de mercadería provenientes de países de la región.
En 2022, la Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que por primera vez se había llegado al millón de teus, la unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies. Las cifras históricas reflejan el crecimiento comercial de la terminal capitalina, un impulso a la economía del país, pero también una mayor amenaza a la acción del narcotráfico.
Montevideo se consolidó hace ya algún tiempo, como un punto de la ruta oceánica atlántica que envía cocaína por contenedores desde Sudamérica a Europa. La acción de grupos criminales internacionales tiene en vilo a los puertos más importantes de Europa —Amberes, Hamburgo y Róterdam— y también a las autoridades uruguayas.
Hoy el país presenta algunos desafíos propios internos producto entre otros factores del crecimiento de la actividad portuaria y su entorno. El gran volumen de carga a través de contenedores que se mueve anualmente, muestra enormes problemas de controles efectivos, seguridad y gestión en general.
Recientemente se reunieron autoridades vinculadas al tema en Montevideo. En conclusiones primarias, la discusión se enfocó en la importancia de que el puerto de Montevideo mejore la vigilancia de contenedores, “sobre todo con la eficacia en el control de las cargas de alto riesgo, con la mayor eficacia y la menor cantidad de disrupciones”. Se valoró, en ese sentido, la dilatada pero finalmente ejecutada compra de tres escáneres nuevos por parte de este gobierno, que entrarán en funcionamiento este año: “Está claro que para esta administración ha sido una prioridad la incorporación de tecnología que nos permita monitorizar mucho mejor el tránsito de las cargas”, expresó uno de los disertantes.
El Ministerio de Economía compró por US$ 40 millones los tres equipos nuevos a la empresa estadounidense S2 Global. Dos se colocarán en el acceso norte del puerto de Montevideo y el tercero, un equipo transportable, en el acceso Maciel. Proveerán servicios de inspección no intrusiva, usando rayos X móviles, a operaciones de tránsito, reembarco y trasbordo. También se instalará un centro de control y procesamiento de imágenes. Durante 10 años la empresa proporcionará el mantenimiento, la operativa, el software y el entrenamiento a los más de 100 funcionarios que incorporará Aduanas.
Actualmente, el puerto de Montevideo escanea el 6% de su mercadería con un equipo donado por China en 2008 que tiene funciones desactualizadas. Autoridades del actual y del anterior gobierno han señalado este déficit como la principal razón del rol de Montevideo en el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa, así como las agencias y oficinas especializadas en el crimen organizado como ser entre otras, la DEA.
También hay inquietud por los trasbordos que vienen desde Paraguay a través de la Hidrovía, ya que en la Policía Nacional desconfían de la vigilancia que sus pares paraguayos realizan en sus puertos, aun pese a recientes acuerdos bilaterales para profundizar el intercambio de información.
Una aspiración primaria es que la inspección real cubrirá como máximo 25% de los contenedores, lo cual parece muy optimista ya que renombrados puertos europeos, con alta tecnología trabajando, no llegan a un promedio del 6% de la carga en terminales.
En mayo de 2023, un procedimiento conjunto entre la Prefectura Nacional Naval, Aduanas, la ANP y la Policía Nacional logró incautar 1.474 kilos de cocaína en 32 tarrinas de plástico y cuatro tanques de metal ubicados dentro de un contenedor previsto a embarcarse en un buque de bandera italiana. La droga tenía un valor en destino de US$ 120 millones e iba camino a Amberes, tras escalas marítimas previas en Brasil, Montevideo y Argentina.
Fernando Vaccotti 