Opinión y análisis
El lavado de activos es un delito que implica el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades ilegales, para que parezcan legítimos. Este proceso involucra una serie de transacciones financieras complejas con el fin de dar una apariencia legal al dinero sucio.
Es una amenaza silenciosa (hasta cierto punto) y a veces lejos de entender por la mayoría de la población.
Uruguay tiene un problema potencial y real en este sentido y las autoridades deberían extremar los esfuerzos para fortalecer las instituciones y organizaciones que trabajan en esta área.
En los hechos, es el verdadero núcleo central que hay que atacar y destruir para detener o retrasar al menos de alguna manera el avance del crimen organizado internacional.
De todas formas, queda mucho por hacer y el país tiene una reputación anterior de “paraíso fiscal” que ha ido cambiando el los últimos diez años.
En el país , el lavado de activos está tipificado como un delito en la Ley Nº 19.574 de 2017, que establece medidas de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta ley establece obligaciones para diversos actores, como instituciones financieras, abogados, contadores, escribanos, casinos, entre otros, con el fin de prevenir y detectar operaciones sospechosas.
En un contexto en el que el crimen organizado ha crecido en América Latina, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó a principios de año su informe de tipologías regionales, en el que se analizaron las técnicas utilizadas y casos de lavado de activos en los años 2021 y 2022. ¿En cuáles tuvo participación Uruguay?
El informe del Gafilat (organismo que emite las recomendaciones en materia antilavado y evalúa a los países) tiene por objetivo identificar nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
En esta ocasión, compiló 52 casos, que correspondieron a los ejes temáticos: uso ilícito de activos virtuales (siete casos), tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (siete), corrupción y soborno (seis), trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (seis), delitos fiscales (cinco), extorsión (cinco), estafa (cuatro), participación en grupo delictivo organizado (cuatro), contrabando (tres), delitos ambientales (dos), fraude (dos) y transporte ilícito de dinero por frontera (uno).
Según explica el informe, se entiende por tipología a la clasificación de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar actividades criminales.
Asimismo, las tipologías más utilizadas por estos casos -elegidos por la importancia de su estratagema para lavar- consistieron en la creación y utilización de personas y estructuras jurídicas, el uso de testaferros, el fraccionamiento de dinero o pitufeo -muchos movimientos de dinero de bajos montos para no despertar alarmas-, la subfacturación de bienes y mercancías y el uso del sistema cambiario informal.
Al analizar los sectores vulnerados, el informe concluye que el sector bancario fue el “más explotado” por las organizaciones criminales, seguido de los escribanos, el sector automotor y el inmobiliario.
Respecto a los productos y servicios empleados por los criminales, se observó que el efectivo, las cuentas bancarias, transferencias internacionales de dinero, y comercialización de vehículos fueron los más usados.
Los principales delitos determinantes -aquellos por los que se originan los activos ilícitos- que los países identificaron en los casos fueron: la participación en grupos delictivos organizados (16% de los casos), narcotráfico (11%), delitos fiscales (10%), corrupción y soborno (8%) y trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes (7%).
Caso Mutio
Uno de los casos uruguayos fue el de Martín Mutio. El documento detalla que el monto involucrado fue US$ 4,04 millones; las organizaciones vulneradas fueron un banco, un estudio contable y un escribano; mientras que el delito determinante fue el narcotráfico. (Diario El País)
Las señales de alerta en este caso, correspondieron a testaferros que no presentaban uso de tarjeta corporativa o retiro de cuentas y la facturación simulada, empresas que emitían facturas para luego cancelarlas de forma sistemática.
El documento describe que se creó una sociedad anónima dedicada a la exportación de productos, que tenía a testaferros como directivos y fue utilizada tanto para la ejecución del delito precedente como para el lavado.
Destaca que la empresa “recibió de forma sistemática inyecciones de dinero ilícito durante el período que estuvo activa”, realizando una “facturación simulada” con empresas de rubros relacionados (productoras agrícolas, logísticas).
“El dinero era ingresado al sistema financiero a la cuenta de la empresa mediante la compra de cheques a estas empresas, donde se entregaba efectivo a cambio de los cheques y al mismo tiempo se realizaba la facturación simulada que permitía justificar el origen de los fondos ante el estudio contable responsable por la contabilidad de la empresa”, agrega.
Los fondos se utilizaron para la adquisición de silo agrícola (US$ 3,7 millones), un inmueble (US$ 240.000) y vehículos utilitarios relacionados (US$ 100.000).
por Fernando Vaccotti de fuentes abiertas
Publicado en Búsqueda, 11 de julio de 2024
La aparente presencia del “primer cartel de drogas uruguayo” y el nuevo perfil de la delincuencia son argumentos que usa el organismo para intentar presupuestar funcionarios antes del cambio de gobierno, pese a un informe negativo de la Asesoría Jurídica de Presidencia
Titular de la “secretaría antilavado”, Jorge Chediak
El sistema de combate al blanqueo de capitales tiene “vulnerabilidades” que “se han visto potenciadas” en los últimos años, según la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El organismo considera que hay un “cambio de matriz delincuencial”, lo que se refleja en un “aumento exponencial de los delitos vinculados a la criminalidad organizada” y en la aparente presencia del “primer cartel de drogas uruguayo”.
La Senaclaft se apoya en ese análisis crítico para fundamentar ante la Presidencia de la República un pedido que enfrenta problemas. Es que la oficina que dirige Jorge Chediak quiere que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que le permita presupuestar a 15 funcionarios antes del cambio de gobierno.
Esa solicitud, iniciada en febrero, cuenta con un informe negativo de la Asesoría Jurídica de la Prosecretaría de la Presidencia, según el expediente al que accedió Búsqueda.
“Vulnerabilidades” potenciadas
Cuando el año pasado el Poder Ejecutivo elaboró el proyecto de Rendición de Cuentas, la Senaclaft buscó incluir un artículo que le permitiera armar una estructura propia, ya que sus 28 funcionarios estaban en régimen de pase en comisión.
El Parlamento, sin embargo, aprobó un artículo en la ley que contempló de manera parcial la solicitud: le creó 15 cargos y le asignó $ 17.103.821 para salarios.
Chediak se reunió en febrero de este año con la prosecretaria Mariana Cabrera para plantearle que quería llenar esos cargos antes del cambio de gobierno y quedó con la tarea de presentar algún mecanismo para cumplir el objetivo.
La idea inicial que presentó la secretaría era aprobar un proyecto de ley interpretativo del artículo de la Rendición de Cuentas para poder ocupar esos cargos con personal que ya trabaja en la oficina en régimen de pase en comisión.
La Oficina Nacional del Servicio Civil no puso reparos legales a la iniciativa. Con ese primer informe favorable, la Senaclaft elevó un borrador de proyecto de ley con una larga exposición de motivos y un artículo único.
El documento recuerda que dentro de las “principales vulnerabilidades” del sistema antilavado, según expertos locales y extranjeros, está el hecho de que la Senaclaft “no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales” necesarios para cumplir bien con sus funciones.
Esto afecta la capacidad de controlar el sistema y de colaborar con las investigaciones que desarrolla la fiscalía especializada en el tema. De hecho, señala la secretaría, la última evaluación nacional expuso los escasos resultados obtenidos en el combate al blanqueo. Y añade que todos los funcionarios con los que cuenta la oficina tienen formación en el área, pero están en comisión, lo que expone al organismo a que “sean solicitados por sus organismos de origen o sujetos a los avatares de los cambios de gobierno”.
El borrador advierte que el funcionamiento del sistema antilavado no mejoró. “Las vulnerabilidades antes referidas se han visto potenciadas por la presencia de lo que aparentemente es el primer cartel de drogas uruguayo y el aumento exponencial de los delitos vinculados a la criminalidad organizada, lo que evidencia un cambio en la matriz delincuencial, lo que ha generado una fuerte presión sobre el sistema” y el “reclamo constante por parte de la academia, los especialistas y los organismos internacionales, solicitando mayores controles relacionados con el lavado de activos y sobre todo mayor represión del mencionado delito, para contrarrestar el crecimiento del crimen organizado”.
El documento dice que, además de investigar los casos que llegan, la Senaclaft debe “robustecer el sistema preventivo” para “lograr una temprana detección” del delito, explica. “Nuestro país cuenta con un importante desafío en lo que respecta al número de los Reportes de Operaciones Sospechosas en el Sector no Financiero, que requiere de medidas en el corto plazo”.
El borrador recuerda que Uruguay se comprometió con los organismos internacionales a tomar medidas para mejorar su desempeño en el combate al lavado, para lo cual debe tomar diversas acciones, una de ellas es estructurar a la Senaclaft. “Desde la última evaluación mutua (año 2019) a la fecha se viene postergando lo que ha sido una clara recomendación (junto con otras) marcada por los evaluadores, que en caso de no ser cumplidas en un futuro cercano pueden traer un sinnúmero de consecuencias negativas para el país”, advierte.
El artículo que acompaña a la exposición de motivos establece que se interpretará la Rendición de Cuentas “en el sentido de que los funcionarios que se desempeñan” en la secretaría podrán ser “incorporados” a los cargos creados.
Doble negativa
La Asesoría Jurídica de Presidencia entregó a la prosecretaria, en abril, un informe en el que se opone a la solución propuesta por la Senaclaft.
La “ley interpretativa” no es el camino “idóneo para el fin perseguido”, dice el documento, porque “la norma que se pretende interpretar no contiene previsión alguna respecto al mecanismo por el cual serán ocupados los cargos creados por la misma” norma. Y agrega: “Mal puede interpretarse algo que no existe”.
El informe reconoce que hay “múltiples antecedentes de incorporación de funcionarios que se encuentran prestando funciones en régimen de pase en comisión en el Estado” mediante leyes, pero no con “carácter interpretativo”.
A su vez, recomienda, en caso de avanzar, analizar con cuidado si esa iniciativa viola la Constitución. Señala en particular los artículos 8 y 60; el primero consagra la igualdad de derechos, mientras que el segundo refiere a la carrera funcional en el Estado.
El propio Chediak, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, elaboró una respuesta al informe crítico de la Asesoría Jurídica de Presidencia. Reconoció que era una medida excepcional, pero agregó que la historia de Uruguay está “plagada de normas de carácter excepcional que fundan su sanción en cuestiones de interés general”. Insistió en que el pedido de la Senaclaft de presupuestar 15 cargos a pocos meses del cambio de gobierno responde al interés general, porque apunta a fortalecer al organismo de combate al lavado de activos.
Sobre el final de su respuesta, Chediak sugiere a la prosecretaria que, para salvar las objeciones de la asesoría, podría cambiar la redacción del proyecto sin mencionar el “carácter interpretativo” de la propuesta.
La asesoría, sin embargo, no aceptó la nueva argumentación de la Secretaría Antilavado ni la redacción alternativa. Sostiene en una breve respuesta dirigida a la prosecretaria que el escrito de Chediak no levanta sus objeciones, por lo cual “ratifica lo expresado oportunamente”. Y en cuanto a la reformulación del artículo único, la asesoría “informa que no merece observaciones diferentes a las oportunamente formuladas”.
TODO SIGUE IGUAL
Fernando Vaccotti 