Declaración de emergencia por seguridad ? Implicancias y marketing político

Crónica cercana: «Dos minutos les llevó a los delincuentes de El Pinar trepar el muro, tirar la puerta abajo, asesinar a un hombre de 34 años y huir. Pasó el martes. Un día antes, se divulgaron las imágenes de un hombre que le disparó a otro desde afuera de la ventanilla del auto en Ciudad de la Costa. Como tenía los vidrios blindados, no lo mató. Una mujer fue asesinada a machetazos en Salto, otro hombre cuando salía de una cantina en Casabó. Estos crímenes generan que a dos meses de las elecciones el tema de la seguridad capitalice la agenda con propuestas para frenarlos, como el planteo del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de que se declare la emergencia en seguridad para tomar medidas urgentes, y el colorado Gustavo Zubía le reclamó el copyright de una idea con la que viene machacando desde hace tiempo.» (Natalia Roba, El Observador)

Qué implica la emergencia en seguridad

Declaración de Emergencia en Seguridad Pública por un plazo de 120 días presentada por Cabildo Abierto MEDIDAS 1) Declarar el Estado de Emergencia Nacional en Seguridad Pública. 2) Operativos Intensivos para Restablecer la Seguridad en el Área Metropolitana 3) Operaciones de alto impacto para desmantelar redes de narcotráfico 4) Blindaje Fronterizo Contra el Crimen Organizado 5) Establecimiento de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas 6) Acciones de Inteligencia Avanzada para Optimizar Operaciones de Seguridad 7) Activación de Fondos de Emergencia para la Seguridad Pública 8) Reintegro Inmediato de Efectivos Policiales a Funciones Ejecutivas 9) Traslado y Reclusión de Delincuentes Peligrosos en condiciones de Máxima Seguridad. Construcción de Cárcel de Máxima Seguridad 10) Formación y Capacitación Avanzada para Potenciar la Efectividad Policial 11) Implementación de Tecnología Avanzada para Reforzar la Seguridad Pública 12) Fortalecer la Conexión entre Comisarías y Vecinos Un análisis de las implicancias de una declaratoria de emergencia La Constitución no menciona que el gobierno pueda declarar un estado de emergencia pero sí le otorga lo que se llaman poderes de excepción o de emergencia. Como bien explica el especialista en Derecho Constitucional Daniel Ochs, teniendo en cuenta que los países podrán atravesar crisis, “la Constitución prevé la necesidad de incrementar el poder del gobierno en detrimento de la libertad del individuo”. En ese sentido, hay dos poderes de emergencia que son las medidas prontas de seguridad y la suspensión de la seguridad individual. “Más allá de esos dos poderes, no hay nada en la Constitución”, explica. Pero, agrega, “es perfectamente posible que a nivel de legislación ordinaria, se establezca que hay un estado de cosas excepcional que justifica determinadas medidas”. Por eso en todas las oportunidades en las que se ha declarado una emergencia frente a otras situaciones –coronavirus, crisis agropecuaria, crisis hídrica– en general por decreto se han tomado medidas enfocadas en atender esa situación con recursos especiales y con medidas excepcionales. El Decreto 65/020 que reglamentó la ley 18.621 de 2009 establece que el estado de emergencia «es el estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento de una comunidad o territorio, que implica daños y pérdidas a las personas» y «que exige la atención de las instituciones nacionales, de los medios de comunicación y de la comunidad en general». Ese era el espíritu del punto 6 del Compromiso por el país, que nunca se llegó a aplicar, y prometía: “Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República”. Una promesa incumplida que le resulta muy cara a la sociedad en su conjunto. En ese marco encaja también el planteo de Manini Ríos de declarar una emergencia nacional por seguridad durante 120 días para frenar los homicidios por la que presentó 12 medidas. Más allá de que el problema de los homicidios es grave, es notorio el intento del general de posicionarse él y su partido en una campaña que lo tiene bastante a un lado, con las encuestas de opinión pública en caída, una interna bastante confusa y por momentos escandalosa y que mantienen al partido por debajo de 2019. Además  la seguridad es un tema que le trajo rédito con el slogan de “se acabó el recreo” frente a una opinión pública que pedía mano dura y en el que Cabildo Abierto no ha logrado tener ninguna injerencia en estos cinco años, ya que “no les dieron ni el portero en el Ministerio del Interior”, como dijo Irene Moreira. Entre las reacciones que generó la propuesta estuvo la de Zubía que se quejó de que Manini se apoderara de su idea, ya que el viernes anterior había presentado 16 medidas al equipo de seguridad del Partido Colorado. Algunas de las medidas de Zubía son coincidentes con las de Cabildo Abierto (saturación en barrios, control policial, control fronterizo, inteligencia) y suma dos más extremas como la implementación del artículo 8 del Código Penal que implica que con autorización de un juez la autoridad pueda provocar una conducta delictiva para luego «adoptar medidas de seguridad» y reprimir; y “como última ratio aplicar medidas prontas de seguridad”. La marca registrada de la idea no debería ser tan importante como para generar estados de celos políticos y confrontación de egos cuando el bien mayor está en juego, pero ya se sabe que en política y en campaña electoral, estos factores pasan a un lamentable segundo plano. Zubía también se debe a votantes que exigen mano dura y fue fundamental para el triunfo de Andrés Ojeda ya que le aportó 9.386 votos de los 40.000 que obtuvo el candidato. Por eso Ojeda sabe que debe cuidar su “brazo derecho” y pese a no compartir la propuesta le dijo que la estudiaría. Sin embargo, Ojeda al disertar en ADM señaló que no se puede tener un “concurso de mano dura”. “Tenemos que tener una mirada solvente y científica. Todas las estrategias eficaces en el mundo en materia de seguridad pública tienen dos piernas como un cuerpo, prevención y represión, que son simétricas e igualmente importantes”, agregó. Una visión política pragmática y realista que se acompasa con los tiempos que se viven en un planeta y región convulsionados por temas relacionados a la delincuencia generalizada y en dónde la ola homicida parece incontenible en particular. Ojeda también apuntó acertadamente que muchas de las propuestas ya se están llevando a cabo. Es una realidad por ejemplo que hay barrios intervenidos, que se están ejecutando operativos  de saturación –en los últimos días se hicieron 23 allanamientos en Cerro Norte–. Asimismo existe dentro del predio del Comcar una cárcel considerada de máxima seguridad, la Unidad Número 25, que aloja a delincuentes peligrosos que están totalmente aislados, como el Ricardito o el barrabrava Coco Parentini. No será Alcatraz ni la cárcel de El Salvador, pero cumple una función concreta en ese sentido. La inversión en tecnología tampoco se puede rebatir, y es bueno reiterar desde nuestra visión objetiva que la misma se viene implementando desde la anterior administración, llamada «la era Bonomi» ya que fue en ese período que se colocaron las cámaras de videovigilancia en la ciudad y se creó el Centro de Comando Unificado (CCU) que ahora se amplió y mejoró con la tecnología de Inteligencia Artificial. «Se podrán discutir los logros y el alcance de las medidas, que dependen de muchos factores pero en gran parte de cómo se investiga y ahí seguimos teniendo un problema en la coordinación entre Fiscalía y Policía». De hecho esta semana volvió a pasar lo de “los soltaron a todos”. Los 12 detenidos de los 23 allanamientos en Cerro Norte fueron liberados. Desde el Ministerio del Interior se quejan de que la Fiscalía no colabora y desde la Fiscalía argumentan que no les traen las pruebas suficientes para actuar.   El candidato frenteamplista Yamandú Orsi también entró en la conversación y se mostró dubitativo sobre la declaración de emergencia porque dijo que no le queda claro qué implica. Sobre las soluciones sentenció que los homicidios y la violencia que hay en los barrios se resuelven “en términos de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas”, un concepto que al menos parece muy amplio y a la vez difuso. En cuánto a propuestas, lanzó una serie de necesidades generales (hacer inteligencia, reprimir el delito, controlar las rutas, el espacio aéreo, las fronteras, los puertos, controlar con personal de la Armada y de Prefectura el mar territorial, controlar y ser más efectivos en el lavado de activos) que, con algunos matices, van muy en la línea de los planteos de los demás candidatos y también de lo que ya se está haciendo hoy.

En general de las lectura de las diferentes propuestas se puede concluir que con algunos matices puntuales, todos los candidatos giran en su discurso alrededor de los mismos temas.

Sería bueno que por una vez se sienten seriamente alrededor de una mesa y logren un acuerdo inter partidario que tenga efecto de política de estado. La sociedad lo está necesitando y de muchas formas reclamando.

Por Fernando Vaccotti con comentarios de Natalia Roba