Publicado en Búsqueda, 26/09/2024
El Chuy, en la frontera con Brasil, es centro de actividades de cambio de dinero y lavado de activos sospechadas de financiar operaciones de terrorismoFoto: Intendencia Departamental de Rocha
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Tras dos años de investigación, la Policía Federal (PF) de Brasil confiscó bienes por más de US$ 14 millones a una organización criminal acusada de cambio ilegal de divisas y narcotráfico en las ciudades brasileñas fronterizas de Chuy y Aceguá, entre otras localidades. Junto con autoridades uruguayas, la PF estudia ahora posibles lazos de esa organización con el terrorismo.
Se trata del segundo procedimiento de la Policía brasileña en poco más de un mes enfocado en este tipo de ilícitos en el lado brasileño del Chuy. Denominada Operación Vagus, se ejecutó la semana pasada con la participación de 190 agentes brasileños y el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay. “El esquema de lavado de dinero de alcance internacional involucra bancos paralelos que utilizan personas físicas y jurídicas para mover recursos de origen ilícito, dirigiendo depósitos y transferencias bancarias a terceros utilizados como intermediarios y a comercios, principalmente supermercados, ubicados en regiones fronterizas de Brasil. Posteriormente, los recursos son enviados a casas de cambio en el extranjero y permanecen a disposición de las organizaciones criminales”, señaló la PF en un comunicado de prensa.
Aunque la Policía Nacional de Uruguay no integró el procedimiento, algunas de sus unidades —dependientes de la Dirección Nacional de Investigaciones— analizan el caso para determinar el alcance que esas actividades ilícitas pueden tener en el país, dijeron fuentes oficiales a Búsqueda. Más allá de los hechos delictivos ya comprobados, se busca determinar si a través de Uruguay se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamás y Hezbolá. Estas organizaciones son consideradas terroristas por Estados Unidos, Israel y otros países, mientras Uruguay enfrenta presiones internacionales para también otorgarles esta categoría.
Semanas atrás, la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) recibió el apoyo de la la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y del Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (Mosad) de Israel en la detención de un menor de 14 años en la ciudad de Lascano, Rocha, arrestado por la Policía Nacional luego de que difundiera una amenaza de atentado. Se comprobó que fue contactado vía Internet por un extranjero que aseguraba ser miembro del grupo yihadista Estado Islámico.
En 2021, congresistas de Estados Unidos pidieron extremar cuidados para evitar la presencia de células de Hezbolá en Uruguay y otros países vecinos de la región. La CIA, además, señaló en su último World Factbook que Uruguay tiene como uno de sus “problemas transnacionales” el “control fronterizo débil a lo largo de la frontera brasileña”. Se trata de una publicación anual de esta agencia que proporciona información detallada sobre países y territorios del mundo.
Aunque no publica nada específico sobre terrorismo en Uruguay, el reporte de la CIA sí lo hace en el capítulo sobre Brasil al señalar que Hezbolá opera allí. Indica que se trata de un grupo con sede en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, que, sin embargo, actúa en todo el mundo —incluido Sudamérica, donde han sido detenidos algunos de sus financistas— y recibe recursos “en forma de negocios legales a través de empresas criminales internacionales” que se dedican al contrabando, el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero.
Originaria del Líbano y con representación política en ese país, Hezbolá tiene también un ala militar y ha sido históricamente respaldado por los gobiernos de Irán y Siria. En febrero la Coalición Internacional contra Economías Ilícitas (Icaie, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de seguridad nacional con sede en Washington D. C., publicó un informe sobre la financiación del gobierno de Irán a Hezbolá a través de Sudamérica. Menciona casos concretos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil, donde incluso señala el rol del Primer Comando Capital (PCC), un grupo de crimen organizado formado en San Pablo con una presencia embrionaria en Uruguay.
“Hezbolá ha ayudado al PCC a robar explosivos, armas, drones y otro material militar. En algunos casos, los vínculos mutuamente beneficiosos pueden rastrearse hasta las prisiones brasileñas, donde inicialmente el PCC ofreció a los prisioneros de Hezbolá protección a cambio de información e inteligencia sobre mercados ilícitos fuera de Brasil y el acceso a dichos mercados”, dice el documento.
El Chuy en la mira del terrorismo
A principios de setiembre, el portal argentino Infobae publicó un artículo que describe la frontera del Chuy como “el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero” que alimentan los ingresos de grupos terroristas. La nota indica que, además de las actividades ya documentadas en el Chuy vinculadas a organizaciones como Al Qaeda y Hezbolá, se han añadido nuevas hipótesis sobre el financiamiento de Hamás, el grupo político militar palestino que gobierna la Franja de Gaza y está en guerra con Israel. Infobae cita fuentes según las cuales cambistas palestinos trasladan dinero ilegalmente de Brasil a Uruguay —y viceversa— con Palestina como destino final.
Las fuentes formaron parte en agosto de la quinta fase de una investigación a cargo de la Policía Civil del Estado de San Pablo, llamada Operación Downtown, enfocada en empresas brasileñas y extranjeras dedicadas al lavado de dinero para el crimen organizado. La investigación comenzó en junio del año pasado y, hasta la fecha, se han incautado documentos, joyas, dinero en dólares, euros y liras, teléfonos móviles, computadoras y una moto de lujo. Además, se han bloqueado cuentas y activos financieros y se clausuraron 28 hoteles que eran utilizados para lavar dinero y almacenar estupefacientes.
El procedimiento involucró por ahora a 400 policías y desembocó en 53 arrestos.
Más allá de los dos procedimientos ocurridos en el Chuy en agosto y setiembre, la Policía Nacional de Uruguay también monitorea otra operación realizada por la PF el 4 de setiembre en la ciudad de Santana do Livramento, limítrofe con Rivera. Allí se incautaron 17 automóviles y siete inmuebles y se bloquearon cuentas de 30 empresas involucradas en un esquema de cambio ilegal y lavado de dinero. “Las medidas de indisponibilidad pueden alcanzar hasta US$ 10 millones”, informó la Policía Federal, que, además de en Santana do Livramento, condujo una serie de allanamientos en ciudades de los estados de Minas Gerais, Paraná, San Pablo y Santa Catarina.
(Publicado en La Mañana, 25/09/2024)
Por Pablo Delfino
El pasado 21 de setiembre El Observador publicó una nota detallando la desarticulación de una organización vinculada directamente al Primer Comando Capital (PCC), de Brasil, dedicada a lavar el dinero que obtenía de una de sus ramas de actividad, el narcotráfico.
La nota detalla pormenorizadamente cómo el dinero recorría Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina para volver al Brasil ya lavado. La Policía Federal brasileña detuvo a 34 personas en cinco estados, 14 de ellas en el Chuy, incautando US$ 14.000.000. Dos uruguayos dueños de un cambio en la frontera del Chuy formaban parte de este intrincado y casi perfecto sistema de lavado.
Hasta aquí la nota del matutino. ¿Qué nos dice este tipo de operativos cada vez más frecuentes?
1) El PCC, la principal organización criminal de Brasil, con ramificaciones en todos los países de la región, actúa en Uruguay, no solo vendiendo droga, sino lavando dinero. Ya en marzo La Diaria informaba que la Policía había detectado su presencia en cuatro departamentos fronterizos de nuestro país.
2) Todo esto confirma lo que venimos anunciando ya hace un par de años. Tenemos una pandemia: las drogas. Y un enemigo brutal que nos está invadiendo: las bandas de narcotraficantes.
3) Resulta claro que Uruguay y la región no serán invadidos por ningún otro país vecino o lejano. Hoy existe un enemigo más grande, más sangriento, más invisible y se llama narcotráfico. Y para combatirlo será preciso disponer de todos nuestros recursos armados, tecnológicos y profesionales sin dejar ninguno afuera.
Sí, estimado lector, esto incluye la utilización de las Fuerzas Armadas, Marina y Fuerza Aérea, Policía Nacional y nuevas fuerzas especializadas que coordinen.
La consecuencia de no hacerlo será la destrucción irremediable de nuestro futuro, nuestro entramado social, nuestra capacidad de crecer como Estado.
La corrupción y la violencia serán la moneda que todos los días tendremos que ver a nuestro alrededor.
Mientras tanto, ¿que nos propone nuestra JND? Declara que la guerra contra el narcotráfico está perdida. ¿En serio perdida? ¿Qué debemos hacer, entonces? ¿Entregarle el gobierno al PCC, al cartel de Santa Fe, de Guadalajara o al creciente Tren de Aragua? ¿Propone que los Marset terminen gobernándonos?
Porque lo único que a los cárteles les interesa es tener a un pueblo drogadicto, deseoso de hacer lo que sea por consumir su producto, las drogas.
La JND propone seguir legalizando reguladamente el consumo de otras drogas, como ya lo hizo con el cannabis. La legalización regulada solo genera nuevos mercados, porque facilita la llegada del producto y lo promociona.
Quien no tiene posibilidad de conocer la cocaína ni de acceder a ella tendrá menos posibilidades de convertirse en un adicto.
El tiempo en que la oferta llegaba a una demanda insatisfecha ya pasó. Hoy son los nuevos productos, las nuevas ofertas que generan nuevas demandas, así lo demuestra la publicidad el marketing.
Pero la JND sigue ciega promocionando un sistema, la liberación regulada, sin poder poner un solo país en el mundo como ejemplo de éxito con este tipo de política.
Pretende que nuestro país siga siendo el conejillo de Indias de unos poderosos teóricos que, sentados en cómodos sillones, destrozan el futuro de nuestra juventud. Propone como novedosa la liberación regulada, controlada, en manos de Estado, como el gran método.
Lo paradójico es que el principal producto adictivo que a nivel mundial genera más daño, en toda la población, incluida la juventud es el alcohol. Y que, el método que nos ha traído hasta este desastre con el alcohol es “el novedoso método de la liberación regulada”.
Todo lo que nos proponen hacer con las drogas se ha hecho en el mundo con el alcohol, su resultado: la adicción al alcohol es el principal problema de nuestra juventud, en el Uruguay y en el mundo.
¿Cuál es la zona del mundo con mayores prohibiciones y restricciones para el consumo de drogas, con penas más graves? Asia. ¿Cuál es la zona del mundo con menor consumo per cápita de drogas? Asia.
Esto no implica que no tengan un creciente problema de aumento de consumo de drogas. Implica que su forma de combatirlo, la prohibición y penalización dura, es a nivel mundial la más efectiva.
Mientras tanto, nuestra JND nos dice que la lucha está perdida y que debemos seguir entregando nuestro país a los narcos, liberalizando en forma regulada. Con la inocente idea de que los narcos se irán para su casa si el que vende la droga es el Estado.
Tanta inocencia raya en la estupidez. Desconocen todas las reglas comerciales que hoy nos regulan. Si un competidor, el Estado, proporciona un producto competitivo, los narcos mejorarán la calidad (en el caso del cannabis aumentando el THC), bajarán los precios o introducirán productos sustitutos en el mercado que contrarresten las posibles pérdidas que se puedan generar por la venta en el Estado.
Conclusión: tendremos mayor oferta de drogas, más potentes, que aceleren el proceso de adicción, a más bajo precio. Y la introducción de una liberación regulada y el Estado como proveedor solo generará más publicidad, más oferta, aumentando inexorablemente la demanda. Pero la JND en su inocencia, malicia, o estupidez no lo ve.
Fernando Vaccotti 