El hallazgo de nuevas pruebas asociadas a un difunto testigo en el caso de Marcelo Pecci expone detalles sobre el alcance transnacional de quienes orquestaron el magnicidio del fiscal paraguayo.
El pasado 15 de enero, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de Colombia, Daniel Gutiérrez, anunció que por lo menos cinco funcionarios de la institución están siendo investigados por una serie de irregularidades que rodean a la muerte de Francisco Luis Correa Galeano, principal testigo en el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci.
Correa Galeano, exmilitar y antiguo miembro de los “Los Paisas”, una banda criminal heredera del paramilitarismo en Colombia, fue hallado muerto después de una supuesta riña en la cárcel La Picota, en Bogotá, el 3 de enero pasado. En el momento de su «fallecimiento», se encontraba en un proceso de negociación con la justicia colombiana para reducir su condena a cambio de información clave que permitiera identificar a los autores intelectuales.
El rol de Correa en el magnicidio de Pecci, según las investigaciones de la fiscalía colombiana, fue el de coordinación logística y entrega de armas a los ejecutores del crimen.
Días después de su asesinato, el diario El Colombiano publicó una libreta que, de acuerdo con fuentes judiciales, era propiedad de Correa. Algunos de los nombres mencionados en este documento –y previamente señalados por Correa Galeano– enfrentan procesos judiciales o acusaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero en Paraguay.
En la libreta, que está siendo sometida a exámenes de autenticidad, se mencionan reuniones con alias “Tío Tío”, que puede referir a “Tío Rico”, el alias de Miguel Ángel Insfrán Galeano, y el “señor Marset”, presumiblemente en referencia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Insfrán y Marset son señalados como líderes de una red de tráficointernacional de cocaína en Paraguay y están acusados de lavar dinero ilícito a través de diversos negocios en el país. Ambos fueron identificados como sospechosos principales en la Operación A Ultranza PY, una investigación masiva sobre tráfico de drogas y lavado de dinero en la que trabajaba Pecci al momento de su asesinato.
Insfrán fue detenido y extraditado desde Brasil en 2023, mientras que Marset permanece prófugo.
Correa Galeano, a su vez, había acusadopreviamente al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, junto con Insfrán, de ser los autores intelectuales del asesinato de Marcelo Pecci, según declaró durante un interrogatorio con la Fiscalía colombiana.
“Francisco [Correa] Galeano es uno de los pocos que ha nombrado, por no decir el único, a Horacio Cartes, que también [junto con Insfrán y Marset] se los indica muchas veces como la punta de la pirámide de toda esta organización o por lo menos con grandes vínculos”, dijo Nicolás Centurión, analista en temas de crimen organizado para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) y especialista en el caso Marset. Sin embargo, el nombre de Cartes no figura en la libreta.
De igual manera, en el cuaderno de Correa aparecen menciones a grupos criminales colombianos de renombre, como La Oficina de Envigado y Los Paisas, reconocidos por su extensa trayectoria criminal y la prestación de servicios de sicariato tanto a organizaciones criminales de orden local como internacional.
La controvertida muerte del testigo clave del fiscal paraguayo en una cárcel de Colombia envía un mensaje a quienes intenten entregar información futura a la instituciones judiciales y abre un nuevo capítulo en las conexiones transnacionales entre el sur y norte del continente.
La colaboración criminal entre Paraguay y Colombia no es nueva. En la década de 2000, las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supuestamente entrenaron al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en tácticas de secuestro y uso de explosivos, según informes oficiales.
Pero los asesinatos de Pecci y Correa Galeano sugieren que la conexión colombiano-paraguaya puede haber evolucionado significativamente. Las redes criminales transnacionales parecen ahora cada vez más capaces de cruzar fronteras con facilidad para eliminar las amenazas a sus operaciones ilícitas.
Es más, haciéndose eco de las tácticas de las mafias italianas, que aseguran su dominio silenciando a testigos y jueces, la audacia de estos asesinatos —uno en un hotel privado de una playa caribeña y otro en una prisión de alta seguridad— revela una peligrosa escalada en la capacidad del crimen organizado sudamericano para operar con creciente precisión e impunidad.
Según el testimonio de Samuel Zuleta Márquez, confeso asesino de Correa, la muerte del antiguo miembro de Los Paisas fue producto de una riña carcelaria y no tiene relación alguna con la muerte del fiscal paraguayo. Sin embargo, el alto valor que Correa tenía para el caso de Pecci y el presunto involucramiento de los guardias penitenciarios en su muerte, sugieren otro escenario.
“Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”, puntualizó a un medio local Francisco Bernate, abogado de la familia del fiscal Pecci en Colombia, tras conocerse el deceso de Correa.
Adicionalmente, la corrupción del sistema penitenciario en Colombia también habría facilitado el plan para ejecutar a Correa en su celda.
En diciembre de 2024, 15 personas, incluidos siete funcionarios del Inpec y ocho familiares de internos, fueron arrestadas por su participación en una red de corrupción penitenciaria que facilitaba el ingreso de bienes y materiales, además de proporcionar beneficios a cambio de pagos ilícitos. La organización delictiva fue desmantelada en la cárcel La Picota, lugar del deceso de Correa.
Aunque aún no se ha detenido a nadie en Paraguay por la muerte de Pecci, es probable que los autores intelectuales del crimen provengan de ese país.
“Todo termina yendo y llevando a Paraguay”.
Fernando Vaccotti 