Por Fernando Vaccotti
En los últimos 35 años, América Latina ha sido escenario de múltiples atentados contra líderes políticos, candidatos presidenciales, activistas y exmandatarios. Lejos de ser hechos aislados, estas acciones violentas responden a una lógica geopolítica interna y regional: son expresiones de poder, mecanismos de control, y herramientas de disuasión o eliminación selectiva en escenarios donde el crimen, la política y el Estado convergen.
Desde el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 en Colombia hasta el magnicidio de Fernando Villavicencio en 2023 en Ecuador, la violencia política sigue siendo un elemento estructural de las democracias latinoamericanas, muchas de ellas atravesadas por redes criminales, polarización ideológica, captura institucional y crisis de gobernabilidad.
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en los pasados días en Bogotá, trae al primer plano la peor cara del crimen organizado y la violencia política y revive una etapa negra del continente.
Atentados como mensaje: la violencia no es irracional
Se pueden considerar atentados políticos aquellos dirigidos contra fiscales, jueces, alcaldes y operadores humanitarios, siempre que estén vinculados a conflictos de poder, disputas estatales o acciones de grupos que buscan influir o desestabilizar el orden político o institucional.
Un atentado se califica como político cuando:
Tiene motivaciones ideológicas, partidarias o estratégicas, más allá del interés puramente criminal. Busca influir, intimidar o eliminar a actores clave del Estado o de la sociedad civil con peso en decisiones políticas o jurídicas. Se produce en contextos de conflictos armados, corrupción estructural, impunidad o captura institucional.
Los atentados políticos en América Latina —ya sea mediante asesinatos, intentos de magnicidio o ataques con motivaciones difusas— cumplen múltiples funciones: silenciar opositores incómodos, disciplinar sectores disidentes, advertir al sistema político, o encubrir estructuras mafiosas. Esta violencia tiene sentido dentro de una lógica del poder. No es caótica: está calculada.
En muchos casos, los autores materiales provienen de redes criminales, pero los beneficiarios últimos suelen situarse en zonas grises entre lo político, lo económico y lo ilegal. En la mayoría de los casos, no hay justicia ni responsables condenados, lo cual refuerza el mensaje de impunidad y desprotección.
Casos emblemáticos en clave regional
🇨🇴 Luis Carlos Galán (Colombia, 1989)
El asesinato del líder liberal, impulsor de la extradición de narcos y férreo opositor al cartel de Medellín, marcó un punto de inflexión. Pablo Escobar, como actor no estatal con control territorial, mostró cómo el narcotráfico podía desafiar al Estado. La dimensión geopolítica del atentado es clara: se trataba de frenar una reconfiguración del poder que amenazaba los intereses del crimen organizado.
🇪🇨 Fernando Villavicencio (Ecuador, 2023)
El periodista y candidato presidencial fue asesinado en plena campaña, en un país que transitaba aceleradamente de la crisis institucional a la narcopolítica. Su denuncia constante contra estructuras corruptas vinculadas a carteles, al Tren de Aragua y a sectores del correísmo lo convirtió en blanco. Villavicencio no solo incomodaba al crimen, sino al sistema político que lo toleraba.
🇨🇱 Eduardo Frei Montalva (Chile, envenenamiento, 1982; fallo judicial en 2019)
El expresidente chileno fue asesinado con talio y gas mostaza durante una intervención médica. Aunque ocurrió durante la dictadura de Pinochet, el crimen fue revelado y judicializado décadas después en democracia, reflejando cómo los atentados políticos pueden quedar enterrados bajo capas de impunidad hasta que una fractura institucional lo permite.
🇧🇷 Jair Bolsonaro (Brasil, 2018 – intento de asesinato)
Apuñalado en plena campaña electoral, el atentado contra Bolsonaro se convirtió en un punto de inflexión. Aunque el atacante fue declarado inimputable, el hecho alimentó un clima de persecución y radicalización que favoreció su victoria. La violencia física devino discurso político, consolidando el relato del “enemigo interno” y debilitando el campo democrático.
🇦🇷 Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, intento de magnicidio, 2022)
El intento de asesinato de la vicepresidenta argentina mostró una nueva forma de violencia: no provino del crimen organizado ni de estructuras políticas tradicionales, sino de un grupo marginal con acceso a armas y una fuerte presencia digital. Fue un atentado que operó más como catalizador del odio acumulado en redes y medios, donde el discurso violento genera acción.
🇻🇪 Atentado contra Nicolás Maduro (Venezuela, 2018)
El Intento de magnicidio contra el presidente Maduro se realizó con drones explosivos durante un acto militar el 4 de agosto de 2018. El mismo fue de características inéditas por el uso de tecnología de punta con drones armados con explosivos C4. Maduro responsabilizó a sectores de la oposición venezolana y al expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Algunos analistas lo interpretaron como montaje, otros como intento fallido real.
Una lectura geopolítica de este hecho es la utilización de un atentado como narrativa de consolidación interna y excusa para la represión posterior. Estado como víctima y victimario a la vez.
🇭🇹 Asesinato de Jovenel Moïse (Haití, 2021)
Jovenel Moïse , el 43.º presidente de Haití , fue asesinado el 7 de julio de 2021 a la 1:00 AM en su residencia de Puerto Príncipe . Un grupo de 28 mercenarios extranjeros.Tres estadounidenses haitianos y un colombiano han sido acusados en Estados Unidos por este asesinato. El crimen dejó al país en crisis institucional total. Haití como Estado fallido expuesto a interferencias externas.
Este crimen aún no esclarecido revela la debilidad estructural y el vacío de poder aprovechado por redes internacionales.
A continuación, tomamos un tramo del libro «Bandas criminales en Latinoamérica, Tomo II, en la que explicamos el fenómeno del sicariato en nuestras latitudes y la manera en la que ha crecido e incide en el contexto criminal de la región.
Sicariato en Uruguay, secuestros y tiroteos recientes en barrios vulnerables
Un signo preocupante de la evolución del crimen organizado en Uruguay es el surgimiento de la violencia extrema al estilo sicariato (asesinatos por encargo) y hechos antes inusuales como secuestros, ajustes de cuentas entre criminales y balaceras en plena vía pública. En los últimos años, especialmente desde 2017 en adelante, el país ha vivido episodios de ejecuciones casi mafiosas y tiroteos que recuerdan escenas de países con criminalidad mucho más violenta. Ello evidencia que ciertos círculos criminales en Uruguay han adoptado métodos brutales para dirimir sus disputas o eliminar competidores.
Los ajustes de cuentas mediante sicarios se han vuelto muy frecuentes. Muchas víctimas y victimarios provienen de las mismas zonas rojas del microtráfico antes descritas. Las batallas callejeras por el control territorial son parte del paisaje diario de esos barrios e incluso se han trasladado a zonas residenciales en las que era impensado que ocurrieron estos hechos.
La sociedad uruguaya está acostumbrándose lamentablemente a naturalizar toda esta violencia generada por las bandas, pandillas y elementos criminales que circulan por Montevideo y las principales ciudades del interior del país. Un caso que ilustra la escalada fue el de Mauro “Gordo Mauro” Martínez, integrante de la banda La Mafilia de Villa Española. A este narco de medio rango lo intentaron matar en tres ocasiones en 2024: sobrevivió a dos emboscadas (una por un sicario que le disparó 5 veces al llegar a su casa en Ciudad de la Costa, otra cuando su auto fue acribillado con armas automáticas en Villa Española). Pero la tercera fue la vencida: en septiembre de 2024, mientras jugaba un partido aficionado en un polideportivo del barrio Carrasco, un comando armado irrumpió en plena cancha y le disparó un balazo en la cabeza, asesinándolo frente a decenas de personas.
La temeridad de este hecho -un tiroteo en un complejo deportivo familiar de un barrio residencial acomodado- fue impactante. Las autoridades atribuyeron el móvil a que “Gordo Mauro” habría robado un cargamento de cocaína a otra organización criminal, provocando que sus sicarios lo persiguieran hasta cazarlo donde fuera. Efectivamente, la hipótesis fiscal es que fue una venganza por un robo de droga. Tras su muerte, la policía quedó en alerta esperando represalias de sus aliados, dado que estos asesinatos suelen generar cadenas de vendettas[1]. Este episodio resume hasta qué punto ha escalado la violencia: sicarios actuando en zonas antes impensadas (Carrasco es tradicionalmente tranquilo) para saldar cuentas del narco.
Todo esto marca un cambio cualitativo en la seguridad pública uruguaya. Antes, los homicidios se daban mayormente por riñas espontáneas, violencia doméstica o robos que salían mal. Ahora, un porcentaje significativo de asesinatos son ejecuciones premeditadas vinculadas al narcotráfico.
Según el Ministerio del Interior, en 2022 aproximadamente el 50% de los homicidios tuvieron móviles criminales (ajustes de cuentas, disputas entre delincuentes) y una gran parte de esos involucró sicariato. Uruguay se ha acostumbrado a escuchar términos como “sicario”, “gatilleros”, “ajuste de cuentas” en las noticias policiales, algo impensable una década atrás.
Esta ola violenta afecta especialmente a los barrios vulnerables, donde la gente honesta vive con miedo constante.
Testigos silenciosos: nadie se atreve a declarar tras un crimen, por temor a represalias de los sicarios. Código de silencio: heridos de bala que llegan a hospitales dicen que “no vieron quién disparó”, aunque sepan que fue un sicario local, por terror a ser la próxima víctima[3].
El sicariato en Uruguay adopta diferentes formas: no solo por narcotráfico, también ha habido casos por conflictos personales. Como relata Gustavo Leal en su libro Historias de sicarios en Uruguay, hubo sicarios contratados para dirimir una herencia o problemas amorosos, además de por narcotráfico.[5]. Esto abarca diversas escalas sociales y demuestra que la lógica de “matar por encargo” se infiltró en la cultura del delito local. Leal describe crudamente episodios de sangre que parecen exagerados, pero son reales –“la realidad es muy brutal, y lo cuentan los propios protagonistas”– con entrevistas tanto a sicarios ejecutores como a autores intelectuales.La estructura de un sicariato suele incluir: un mandante (quien ordena y paga, ya sea un narco o un particular), un intermediario que contrata al pistolero, y el sicario que ejecuta el crimen. En Uruguay han existido todas esas figuras en casos concretos, lo que evidencia un cierto mercado del sicariato incipiente.
En síntesis, los tiroteos, secuestros y sicariatos recientes muestran la cara más cruel del crimen organizado en Uruguay, una faceta que quiebra la sensación de seguridad histórica del país. Cada balacera en un barrio o asesinato estilo “sicario” debilita el tejido social y genera indignación y miedo. Uruguay transita una delgada línea: aún está lejos de los índices de violencia de naciones vecinas, pero las tendencias indican que, sin acciones contundentes y políticas integrales, podría seguir el mismo camino.
La apuesta debe ser por desarticular las bandas antes que estos métodos se arraiguen, y por reconquistar los barrios dominados por la violencia.
[1] https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/09/20/un-robo-de-cocaina-origino-la-balacera-en-polideportivo-de-uruguay-que-termino-con-la-vida-del-narco-gordo-mauro/#:~:text=El%20Gordo%20Mauro%20no%20era,tomar%20represalias%20por%20este%20caso
[2] https://www.subrayado.com.uy/videos-amenazas-y-una-guerra-narco-la-historia-las-tres-bandas-brasilenas-que-operan-uruguay-n874200#:~:text=En%20los%20%C3%BAltimos%20a%C3%B1os%20surgi%C3%B3,tiene%20identificado%20a%20un%20l%C3%ADder
[3] https://mediospublicos.uy/ladra-grandes-narcos-se-intalan-en-uruguay-porque-encuentran-un-lugar-de-tranquilidad/#:~:text=2007%2C%20cuando%20est%C3%A1bamos%20en%20la,cont%C3%B3%20Ladra
[4] Julio Guarteche «desempeñó las más altas responsabilidades en la fuerza» durante 40 años. Además, era reconocido como uno de los principales responsables de las transformaciones producidas en la Policía Nacional.
[5] “Historias de sicarios en Uruguay”, por Gustavo Leal, PGR, 2022.
Nota: El libro «Bandas Criminales en Latinoamérica Tomo II» se publicará en el mes de agosto de 2025.
¿Quién atenta, quién calla, quién se beneficia?
A lo largo del continente, pueden identificarse ciertos patrones en el contexto del fenómeno de los atentados políticos como ser:
- Actores materiales subcontratados: sicarios, bandas criminales, grupos informales o individuos radicalizados.
- Encubrimiento institucional: desinformación, manipulación mediática o investigaciones inconclusas.
- Beneficiarios invisibles: sectores del poder político, económico o criminal que eliminan un obstáculo o reconfiguran el tablero.
En esta lógica, la violencia política no sólo elimina personas: instala el miedo, borra debates y reordena alianzas. Es parte de una guerra silenciosa por el control del Estado.
Geopolítica regional: crimen, Estado y poder
La expansión del crimen organizado transnacional ha creado un nuevo mapa de poder en América Latina. Bandas como el PCC, Comando Vermelho, Tren de Aragua, carteles mexicanos y redes venezolanas actúan como actores estratégicos con capacidad de influencia sobre procesos políticos.
En este contexto, los atentados ya no provienen exclusivamente de dictaduras o fuerzas estatales; la convergencia entre crimen y política es el nuevo eje de inestabilidad, y el crimen organizado internacional penetra instituciones, financia campañas, elimina opositores o chantajea a gobernantes.
Países como Ecuador, Colombia, México y Venezuela viven este fenómeno con crudeza. Pero la región entera está expuesta: el caso uruguayo demuestra que ningún país es inmune.
Proteger la democracia es proteger la vida
El atentado político no solo busca asesinar a una persona. Busca interrumpir un proceso, cancelar un discurso, disciplinar a un sector o garantizar la continuidad de una red de poder. Es un acto profundamente geopolítico, aunque se presente como hecho aislado o crimen común.
En tiempos de polarización, captura del Estado y expansión del crimen organizado, existe la urgencia de construir una doctrina regional de protección a líderes políticos, sociales y periodistas. La democracia latinoamericana será tan fuerte como su capacidad de defender a quienes la encarnan.
Fernando Vaccotti 
Un pensamiento