Por Fernando Vaccotti
En el imaginario colectivo, el Cono Sur fue por décadas un refugio de paz relativa dentro de un continente convulsionado. Sin embargo, esa visión ya no resiste el mínimo análisis empírico. La criminalidad organizada -en sus formas más sofisticadas y peligrosas- no sólo ha tocado nuestras puertas: las ha derribado, se ha instalado y ha tejido redes profundas con actores del poder económico, político y estatal. ¿Estamos a tiempo de revertirlo o ya cruzamos el umbral?
La criminalidad dejó de ser marginal
El crimen organizado en el sur de América Latina ya no se limita al narcotráfico o a contrabandos tradicionales. Hoy hablamos de estructuras empresariales criminales transnacionales que operan con lógica corporativa: diversifican portafolios, tercerizan violencia, compran protección política y lavan capitales a través del sistema financiero formal. Uruguay, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil son hoy zonas clave para operaciones logísticas, almacenamiento, triangulación y “blanqueo” social de mafias del siglo XXI.
Una expansión silenciosa pero implacable
Mientras los titulares hablan de violencia explosiva en Ecuador, México o Colombia, las mafias han sabido moverse con sigilo en el Cono Sur. El cartel Primeiro Comando da Capital (PCC) ha consolidado nodos operativos en la Triple Frontera y avanza hacia Uruguay y Argentina con alianzas flexibles. El Comando Vermelho penetra barrios periféricos, mientras estructuras como el Tren de Aragua ya han establecido células activas en Buenos Aires, Rosario, Montevideo y el litoral.
Estos grupos no llegan con tanques, sino con dólares, amenazas, infiltración cultural y sobornos estratégicos. Donde no pueden cooptar, intimidan. Y si eso falla, ejecutan. Es el modelo de expansión híbrido: silencioso, violento, efectivo.
El poder político y las complicidades estructurales
Aquí está el corazón del problema. La penetración mafiosa no sería posible sin complicidad. En el Cono Sur, lo que vemos es un entramado cada vez más visible entre redes criminales y sectores del poder político. Legisladores que frenan reformas claves, intendentes que permiten zonas liberadas, empresarios que lavan dinero en agro, turismo y construcción, y policías que “pierden” pruebas o liberan zonas a pedido. En Uruguay, casos recientes muestran nexos entre narcotraficantes y operadores municipales. En Argentina, el narcotráfico ya condiciona campañas electorales en Santa Fe. En Paraguay, sectores de las fuerzas armadas actúan como custodios del tráfico de cocaína.
Nada de esto es casual. La tolerancia institucional a la criminalidad responde a una ecuación de beneficios, miedo y captura del aparato estatal. En algunos casos, ya no hablamos de complicidad: hablamos de fusión.
Puentes extra-territoriales y redes globales
Las mafias que operan en el sur no son islas. Están conectadas con redes globales que incluyen a mafias europeas, triadas chinas, organizaciones africanas y grupos islámicos radicalizados. En Montevideo, la presencia de capitales sospechosos chinos vinculados al tráfico de personas y explotación laboral es conocida, aunque ignorada. La hidrovía Paraná-Paraguay es utilizada como corredor de armas y drogas con protección de estados corruptos y empresas con rostro legal.
Más allá de los actores visibles, existen oficinas legales, estudios contables, sociedades de papel y hasta ONGs funcionales que permiten a las mafias esconderse a plena luz del día. La sofisticación del crimen ha superado a la respuesta estatal. Y en muchos casos, la ha comprado.
Nombres propios comienzan a poblar el mapa delictivo del sur con una naturalidad alarmante. Gerardo “El Cuini” González Valencia, cerebro financiero del Cartel de Jalisco Nueva Generación, fue arrestado en Uruguay con una red de testaferros y empresas fachada que operaban impunemente. Rocco Morabito, histórico capo de la ’Ndrangheta italiana, residió años en Punta del Este bajo falsa identidad, gestionando negocios narcos con ramificaciones en Europa y Brasil. Pedro Claudio “PC” Farías, señalado como operador logístico de alto nivel para carteles brasileños, utilizó estructuras locales para mover cocaína desde el norte argentino hacia puertos atlánticos. A ellos se suman miembros de la mafia albanesa —expertos en lavado, tráfico de personas y armas— que han sido detectados operando en enclaves turísticos y zonas francas. Mientras tanto, bandas brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho consolidan células en Rivera, Artigas y Santana do Livramento, utilizando las fronteras porosas del norte para expandir su influencia sin gran resistencia estatal y darle parte del negocio a las bandas criminales locales.
¿Ya es tarde? No. Pero estamos al límite
¿Hemos sido “copados”? En parte sí. Pero lo más grave es que no lo estamos discutiendo con la urgencia necesaria. Seguimos tratando la criminalidad como un problema de seguridad pública, cuando en realidad enfrentamos una amenaza a la soberanía del Estado. La infiltración mafiosa no sólo socava la ley: redefine las reglas del juego social, político y económico. Es un problema de todos, no solamente del gobierno de turno y la Policía. Es más profundo.
Todavía hay margen. Pero se achica cada año. Necesitamos reformas profundas: cuerpos especializados de inteligencia criminal con mandato real, protocolos de integridad política blindados, cooperación regional sin hipocresías, trazabilidad financiera, y voluntad de enfrentar el costo político de destapar cloacas que llevan décadas tapadas. Sin eso, el Sur dejará de ser frontera y se convertirá en santuario.
La alternativa es resignarse. Y perder.
No hay grises. O el Estado recupera la iniciativa y lidera una reconquista ética e institucional, o será absorbido por la lógica mafiosa. Esa lógica en la que todo tiene precio, las reglas se negocian y la vida vale menos que una transferencia.
El Sur aún resiste. Pero ya no es inmune. Y si no entendemos que esta es una guerra silenciosa por el control de territorios, voluntades y recursos, estaremos firmando —por omisión o cobardía— nuestra rendición.
Fernando Vaccotti 