OPINIÓN
La jornada electoral del 27 de julio de 2025 en Venezuela representa una farsa institucional -una más- cuidadosamente orquestada por el régimen de Nicolás Maduro para simular una legitimidad que no posee ni interna ni externamente. Lejos de constituir un ejercicio democrático, fue una operación de propaganda política sin competencia real, sin garantías mínimas de transparencia una vez más, y con una participación ciudadana reducida a niveles anecdóticos por el desinterés generalizado y el miedo inducido.
La ausencia casi total de la oposición democrática -perseguida, exiliada o silenciada- convierte estos comicios en otra burla al principio básico de pluralismo político. Las supuestas «victorias» del oficialismo no son más que una autoproclamación dentro de un escenario controlado, donde el árbitro, las reglas y hasta los espectadores responden al mismo patrón de poder.
Ningún organismo internacional serio ha reconocido estos resultados como válidos, y las principales democracias del mundo han reiterado su rechazo a procesos que se celebran sin observación independiente, sin libertades públicas, y bajo una atmósfera de represión sistemática. Con este nuevo paso, el chavismo consolida un modelo de gobernabilidad basado en el miedo, el clientelismo y la manipulación de instituciones capturadas, alejando aún más a Venezuela del Estado de derecho.
Este simulacro electoral no solo profundiza el aislamiento del país en la comunidad internacional, sino que solidifica un esquema de poder que se sostiene sobre violaciones continuadas de los derechos humanos, el vaciamiento institucional y la negación cínica del sufrimiento de millones de venezolanos.
La «victoria» que Maduro celebra no es más que una victoria sobre las ruinas de la democracia venezolana.
Por Fernando Vaccotti
Los comicios han registrado un 44% de participación. Un año después de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Maduro ejerce pleno control de las instituciones implantando su narrativa, acallando a sus críticos y exigiendo reconocimiento a los neutrales.
El chavismo incrementó su dominio en las alcaldías de Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al oficialismo, anunciara su victoria en la mayoría de los municipios del país, en los que no participó la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Poco después de que el organismo electoral anunciara los resultados, con base en una transmisión del 82,45 % de las mesas de votación, el mandatario Nicolás Maduro, presidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), celebró lo que considera una «victoria histórica», con la que el chavismo, indicó, pasó de 212 alcaldías a tener «más 285» de un total de 335 municipios.
El lunes 29 de julio del año pasado, una multitud de venezolanos tomó las calles de las principales ciudades del país para rechazar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
Los datos de las presidenciales celebradas el domingo 28 difundidos por el árbitro, controlado por el Gobierno, otorgaban el triunfo a Nicolás Maduro. El mandatario no presentó pruebas que lo certificaran, mientras la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia publicaron una mayoría de actas electorales que demostraban lo contrario. Así, la ilusión popular de millones venezolanos esperanzados en un cambio político se estrelló con un régimen atrincherado. Un año después, el panorama de la gobernabilidad en Venezuela sigue bajo la batuta de Nicolás Maduro por la vía de los hechos. Nada ni nadie ha podido impedirlo, ni las fuerzas antichavistas, acorraladas y obligadas a operar a menudo en condiciones de clandestinidad, ni la comunidad internacional, cuyas principales instancias rechazaron los resultados oficiales.
El acuerdo a tres bandas gestionado por Washington y Caracas, para intercambiar a los presos venezolanos deportados a San Salvador a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses cautivos en Venezuela, de nuevo sugiere que en Washington no se están tomando muy en cuenta las opiniones y las presiones de la oposición venezolana. Ese tipo de gestos se mezcla con la decisión de abrir de nuevo la puerta a las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, lo que supondría un balón de oxígeno para Maduro, y por otro lado la declaración del llamado Cartel de los Soles, a cuya cabeza el Gobierno de Donald Trump sitúa al propio Maduro, como organización terrorista. Este domingo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en redes sociales que “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el Gobierno legítimo”.
A eso se añade la persecución sistemática de la disidencia. Desde agosto de 2024, bajo el llamado de la “furia bolivariana”, el oficialismo endureció como nunca su trato con la población y sobrevino una escalada represiva que le ha cambiado el rostro al ejercicio político en el país. La famosa Operación tun tun, anunciada por el número dos del régimen, Diosdado Cabello, desde hacía tiempo como un castigo a los conspiradores, dejó de ser una amenaza figurada: 1.900 personas fueron llevadas a la cárcel por salir a protestar y poco más de 900 han sido liberadas en estos meses.
Junto a la alcaldesa reelecta del municipio Libertador de Caracas, la exministra Carmen Meléndez, el jefe de Estado dedicó este resultado, con el que -dijo- obtuvieron «23 capitales de las 24», al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien este lunes, 28 de julio, cumpliría 71 años, lo que el PSUV tiene previsto conmemorar a lo largo del día.
Maduro celebró que el chavismo haya «recuperado» la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), hasta ahora controlada por la oposición.
«Creo también, lo creo firmemente, que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana, que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que ha ganado, y va a contar con nuestra mano extendida», expresó Maduro.
El CNE indicó que, hasta las 23:28 hora local (3:28 GMT), se registraba una participación de «más del 44 % de los electores activos», en un proceso en el que podían participar unos 21,5 millones de venezolanos.
Horas antes, la líder opositora María Corina Machado aseguró que el 90% del país «le dijo no» a Maduro este domingo, a la vez que prometió la libertad de Venezuela como un «golpe histórico» contra el «crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo» en el continente.
El voto opositor
En estos comicios no participó la mayor coalición opositora PUD, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por considerar que no hay garantías luego del «fraude» denunciado en las elecciones presidenciales de hace un año, en las que el CNE proclamó ganador a Maduro.
Los opositores Gustavo Duque y Darwin González, alcaldes de los municipios caraqueños de Chacao y Baruta, respectivamente, fueron reelegidos, mientras que Fernando Malena, del Movimiento Ecológico, ganó en El Hatillo, según el CNE.
Duque, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados de la jornada, consideró que Chacao también «habló de manera contundente» al reelegirlo, por lo que se dijo orgulloso y expresó su compromiso con los habitantes de este municipio, bastión de la oposición.
«Nos han dado la oportunidad de seguir siendo útiles, especialmente a mis queridos vecinos vulnerables. En adelante mi compromiso es aún más grande», expresó el alcalde, quien hizo un llamado a hacer de Venezuela «una patria grande».
Denuncias de Human Rights Watch
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este domingo que, desde las presidenciales del año pasado, «las autoridades venezolanas están cometiendo abusos generalizados contra los críticos mediante detenciones por motivos políticos».
«Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos contra los críticos», ha señalado la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, en un comunicado difundido por la organización. «Las recientes liberaciones de personas detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos permanecen tras las rejas», ha agregado.
Asimismo, HRW ha denunciado que muchos detenidos hayan permanecido incumunicados y algunos «han sido sometidos a malos tratos y tortura, incluidas palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, aislamiento y reclusión en celdas de castigo diminutas, oscuras y hacinadas», recoge el texto.
Goebertus ha descrito «un patrón de ‘puertas giratorias'» en el Gobierno de Maduro, que habría «liberado a algunas personas detenidas arbitrariamente mientras arrestaba a otras». «Los gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, deberían saber que están siendo engañados por un Gobierno que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros, todo ello mientras afianza su régimen autoritario», ha destacado.
En esta línea, la organización ha pedido a los demás países que «apoyen plenamente los esfuerzos en curso para que los responsables de abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela rindan cuentas», y que «exploren formas de presionar a los gobiernos y actores económicos que contribuyen a la represión».
Por ende, ha pedido a los países que participen en la próxima cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará en Colombia en noviembre, que traten de «impulsar avances significativos en materia de Derechos Humanos en Venezuela».
«Los gobiernos que se comprometan con Maduro no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos: deberían exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria de terror dirigida por el Estado que se ha apoderado de Venezuela», ha reclamado Goebertus.
De fuentes abiertas como El País, Prisa. com, DW.
Fernando Vaccotti 