Por Fernando Vaccotti
Un panorama regional e internacional de los establecimientos carcelarios
El panorama carcelario latinoamericano es complejo y profundo: marcado por un crecimiento explosivo de la población reclusa, hacinamiento extremo, políticas de mano dura y surgimiento de mega‑cárceles que generan preocupación por los derechos humanos. A nivel internacional, sin embargo, comienzan a emerger modelos más humanos y rehabilitadores que buscan romper con la cultura del encierro masivo.
Situación global
Población carcelaria mundial. Se estima que alrededor de 11,5 millones de personas están detenidas en el mundo; esa cifra incluye estimaciones de países como China y Corea del Norte, donde los datos oficiales son limitados.
Desde el año 2000, se registró un aumento aproximado del 27% en la población carcelaria mundial.
En América Latina y el Caribe, el crecimiento ha sido mucho más acelerado: +120% desde 2000, en contraste con un incremento global de solo un 24%.
Hacinamiento y sobrepoblación
Uruguay. Aunque en menor densidad, destaca con 445 encarcelados por cada 100,000 habitantes, siendo la tasa más alta de Sudamérica y triplicando el promedio mundial.
En 155 países, solo 68 funcionan dentro de su capacidad operativa; el resto enfrenta hacinamiento severo.
América Latina registra niveles críticos
Venezuela. La ocupación promedio del 231 % de capacidad; algunos centros -como Tocorón- albergan más de 7,000 reclusos, aunque su capacidad es de apenas 750.
Argentina (Buenos Aires). 118 % de ocupación, con una población encarcelada en aumento, pasando de aproximadamente 76,000 en 2016 a más de 101,000 en 2021.
Mega‑cárceles como respuesta a la criminalidad
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, inaugurado en enero de 2023, tiene capacidad para 40,000 reclusos, siendo la prisión más grande de América Latina, aunque en 2024 alojaba cerca de 14,500 personas.
Las condiciones dentro de CECOT han sido objeto de críticas por violaciones de derechos humanos, como aislamiento extremo, falta de visitas, ausencia de objetos personales y alimentación mínima. El entorno ha sido descrito como “almacenamiento de personas” por expertos.
El modelo ya inspira a otros países:
Costa Rica anunció la construcción del CACCO, una prisión de máxima seguridad de 5,100 cupos, con apoyo técnico salvadoreño, para mitigar el hacinamiento (un 30 % por encima de la capacidad actual).
También, otros países, como Ecuador y Honduras, también están considerando o planificando mega‑cárceles similares.
Tendencias y reformas internacionales
Según el informe Global Prison Trends 2023, los sistemas penitenciarios se ven impactados por crisis económicas que elevan los costos y tensan los recursos para presos y sus familias.
El informe Global Prison Trends 2024 resalta iniciativas innovadoras como las prisiones “verdes” y orientadas a la rehabilitación, además de soluciones sostenibles.
Algunos países han logrado reducir drásticamente su población reclusa:
Países Bajos disminuyeron en más del 40 % su población carcelaria, cerrando 20 cárceles, a través de políticas basadas en rehabilitación y alternativas a prisión para delitos menores.
A nivel global, resalta la creciente encarcelación de mujeres, con un aumento del 57 % desde 2000, mucho más acelerado que el 22 % de los hombres. Muchas son procesadas por delitos vinculados a la pobreza o por leyes discriminatorias.
En Nicaragua, bajo el régimen dictatorial del clan Ortega, se documenta un uso sistemático de la prisión como forma de represión política, especialmente contra comunidades indígenas, con denuncias de tortura, reclusión lejos de sus hogares y negación de derechos culturales.
El Banco Mundial advierte que solo fortalecer el sistema penitenciario, junto con abordajes preventivos y de mejora institucional, permitirá enfrentar eficazmente el crimen organizado en América Latina.
Las Cárceles como nodo del crimen organizado
El sistema penitenciario uruguayo sigue siendo un actor involuntario en la coordinación delictiva. Pese a los esfuerzos de reclusión en módulos de alta seguridad (como el módulo 12 de la Unidad N°4 Santiago Vázquez), las comunicaciones ilícitas desde prisión continúan, facilitadas por teléfonos móviles de ingreso ilegal y redes de familiares o allegados.
Asimismo, en materia de la planificación de delitos desde adentro, varias operaciones policiales (incluidas incautaciones de drogas y secuestros exprés) han rastreado órdenes emanadas de internos de alto perfil. Bandas con líderes presos (caso Fernández Albín, Mauro Segales) siguen influyendo en sus estructuras a través de intermediarios. Influencia de facciones extranjeras: se han detectado contactos con miembros del PCC brasileño detenidos en Uruguay.
Voladura de cajeros automáticos
El delito de voladura de cajeros con explosivos se instaló en Uruguay como modalidad de robo violento a partir de 2017, alcanzó un pico en 2022–2023 y tuvo casos relevantes en 2024 y 2025.
Modus operandi. Robo o uso de vehículos (frecuentemente hurtados) para acceder al cajero. Instalación de cargas explosivas (generalmente ANFO o mezclas caseras). Voladura y extracción del efectivo, en ocasiones incompleto por dispositivos de entintado. Huidas rápidas hacia zonas periféricas o pasos fronterizos.
Conexión con bandas criminales. En algunos casos, las investigaciones han vinculado estas acciones con grupos dedicados también al narcotráfico, usando el botín para financiar operaciones. En el litoral y frontera norte, hay indicios de participación de facciones brasileñas (p.ej., Bala na Cara) especializadas en robos explosivos en su país. Se han detectado internos en prisión coordinando la logística de estos ataques.
Respuesta estatal. Refuerzo de sistemas de entintado y anclaje en cajeros. Incremento de patrullajes y cámaras en puntos críticos. Cooperación con fuerzas policiales brasileñas y argentinas para identificar patrones transfronterizos.
Implicancias estratégicas
Las cárceles no son sólo lugares de encierro, sino centros de control e influencia criminal que requieren un abordaje de inteligencia penitenciaria más robusto.
La voladura de cajeros no es un delito aislado, ya que sirve como fuente rápida de financiamiento para redes criminales y puede estar ligada a células transnacionales.
Interoperabilidad regional. La experiencia brasileña muestra que el control de explosivos y precursores químicos es clave para mitigar este fenómeno.
Prevención y contención. Sin un control efectivo de las comunicaciones en prisión y una trazabilidad de las finanzas criminales, estos delitos seguirán adaptándose.
Conclusiones y Perspectiva Estratégica Integral
El panorama criminal uruguayo de 2025 muestra un ecosistema fragmentado pero interconectado, en el que las estructuras locales coexisten con redes transnacionales. El debilitamiento o caída de clanes históricos –como Los Chingas– evidencia que la acción sostenida del Estado puede ser efectiva, pero también que los vacíos de poder son rápidamente ocupados por nuevos actores, muchas veces más flexibles y menos visibles.
Para enfrentar este fenómeno, la política de seguridad pública no puede limitarse al componente policial-operativo.
Esto requiere un enfoque integral, articulado en varios ejes:
Seguridad pública con control territorial permanente, presencia policial continua y focalizada en zonas de alta conflictividad, con patrullaje preventivo y unidades especializadas en crimen organizado.
Estrategias de ocupación del territorio complementadas con programas sociales y urbanos que reduzcan la captación de jóvenes por bandas.
Inteligencia penitenciaria como pilar de control criminal Fortalecer la recolección y análisis de información desde el sistema carcelario para anticipar y neutralizar delitos planificados desde adentro.
Aislamiento real de líderes de alto perfil mediante módulos de alta seguridad con blindaje tecnológico.
Seguimiento financiero de economías ilícitas operadas desde prisión, integrando bases de datos judiciales, policiales y bancarias.
Cooperación internacional efectiva y sostenida e intercambio de información en tiempo real con fuerzas de países limítrofes y organismos multilaterales, especialmente sobre facciones brasileñas y brokers regionales.
Participación activa en redes de inteligencia financiera (GAFILAT, Egmont Group) para rastrear capitales ilícitos.
Integración de protocolos de control de precursores y explosivos, tomando experiencias de países vecinos para prevenir delitos como la voladura de cajeros.
En síntesis, la lucha contra el crimen organizado en Uruguay es una tarea de resistencia estratégica: exige continuidad en el tiempo, blindaje institucional y capacidad de adaptación frente a un adversario que muta, se reagrupa y aprende. El reto no es sólo desarticular estructuras, sino evitar que renazcan bajo nuevas formas y que el país se consolide como un eslabón seguro en las cadenas logísticas del crimen transnacional.
Fernando Vaccotti 