Por Fernando Vaccotti
Ecuador se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. En los últimos diez días, la combinación de violencia criminal, decisiones económicas impopulares y una respuesta estatal de emergencia ha colocado al país en una situación crítica.
El presidente decretó un estado de excepción como respuesta a los desórdenes que se desataron tras la eliminación del subsidio al diésel, una medida que históricamente le costaba al Estado más de mil millones de dólares al año. La intención oficial fue frenar el contrabando, cortar el financiamiento de las mafias del combustible y ordenar la economía, pero el resultado inmediato ha sido protestas, bloqueos y tensión social. Las calles se convirtieron en un terreno fértil para el descontento ciudadano, mientras que las bandas criminales encontraron la oportunidad perfecta para ampliar su influencia y desestabilizar aún más el país.
En paralelo, la violencia no da tregua. En Santo Domingo de los Tsáchilas, un ataque armado dentro de una sala de billar dejó siete muertos en un ajuste de cuentas entre bandas.
En Santa Elena, en apenas dos horas se registraron tres homicidios, confirmando que los asesinatos múltiples ya son una rutina. Y en Guayaquil, epicentro del crimen organizado, se reportaron ataques contra familias dentro de sus viviendas, una balacera en Sauces 4 y un policía de civil herido al intentar frustrar un asalto.
Cada hecho revela un escenario donde la vida cotidiana se encuentra atravesada por la violencia.
El narcotráfico transnacional sigue marcando la pauta. El gobierno advirtió sobre la posible presencia del Cartel de los Soles en territorio ecuatoriano, operando a través de estructuras locales, mientras el nombre de alias Fito sigue siendo un símbolo de la penetración mafiosa dentro y fuera de las cárceles. Operativos militares en el Golfo de Guayaquil confirman que las rutas marítimas hacia Centroamérica y México siguen activas, pese a las interdicciones.
La economía criminal del combustible ha quedado expuesta en toda su dimensión: más de un millón de galones incautados en las últimas semanas muestran que el subsidio no solo beneficiaba al transporte o a sectores vulnerables, sino que alimentaba directamente a redes de contrabando, minería ilegal y narcotráfico.
El golpe del gobierno al retirar este beneficio es estratégico, pero también abre un frente social y político que puede ser explotado por las mafias.
Hoy Ecuador enfrenta una crisis multidimensional: por un lado, la protesta social contra las medidas económicas; por otro, el incremento de la violencia ligada al narcotráfico y las bandas transnacionales; y en el centro, un Estado que busca recuperar el control territorial con decretos de emergencia, allanamientos y operativos militares.
El estado de excepción es apenas la superficie.
Lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del Estado ecuatoriano de resistir el asedio simultáneo de la calle, de las mafias y de las estructuras internacionales del crimen organizado.
Fernando Vaccotti 