Por Fernando Vaccotti
Hay una preocupación por la situación de seguridad pública, ciudadana y humana en nuestro país. Los diálogos sobre seguridad en Uruguay forman parte de una iniciativa del Ministerio del Interior, a través del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, que busca la participación de actores clave del Estado y la sociedad civil para construir un modelo de seguridad pública basado en el diálogo, la evidencia y la corresponsabilidad. Estos encuentros tienen como fin recoger perspectivas, identificar prioridades y formular propuestas de intervención, abarcando desde el sector productivo y la sociedad civil hasta partidos políticos y organismos estatales.
Dentro de un abanico de actores que deben involucrarse en asesoramiento y proposición de soluciones están:
- Estado: Agencias del gobierno y el Ministerio del Interior.
- Sector Productivo: Empresas y el sector empresarial.
- Sociedad Civil: Organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
- Academia: Expertos y universidades.
- Partidos Políticos: Representantes de todas las tiendas políticas.
- Organismos Internacionales: Se cuenta con el apoyo de organismos como el BID, ONU, OEA, entre otros.
Esperemos que se cumpla con este precepto y se le de a la población, en particular a aquellos que realmente están preocupados por el tema y pueden aportar.
De la excepción a la normalización del crimen
Durante gran parte del siglo XX, Uruguay se pensó a sí mismo como un país excepcional en el concierto latinoamericano: democracia estable, cohesión social y bajos niveles de violencia en comparación con la región. Sin embargo, los últimos veinte años muestran que esa excepcionalidad se desvaneció.
Hoy, hablar de criminalidad en Uruguay ya no significa referirse a episodios aislados, sino a un proceso estructural y sostenido que conecta las dinámicas locales con los circuitos transnacionales del crimen organizado.
“Cualquier actividad en el marco del mercado ilícito de drogas genera más renta criminal que un hurto o rapiña: desde sicariato, pasando por guardar un arma, hasta revender unos chasquis«.
Este artículo propone un análisis sociológico de ese proceso en tres periodos (2005–2010, 2010–2018 y 2018–2025), tomando como referencia a Marcelo Bergman, Douglas Farah, Cristian Ordóñez, así como reflexiones que he desarrollado en «Un Mundo Transformado» y en «Bandas Criminales en Latinoamérica» (Tomos I y II).
Primer periodo (2005–2010): la gestación de un nuevo ciclo criminal
El quinquenio 2005–2010 marcó el inicio de una tendencia ascendente en la violencia en Uruguay. Este fue el tiempo de la gestación, donde se delinearon las bases de la criminalidad actual.
Narcotráfico incipiente. Uruguay pasó de ser país de tránsito secundario a punto atractivo para la exportación de cocaína hacia Europa.
Dice Marcelo Bergman que un kilogramo de café para exportar desde una granja colombiana cuesta aproximadamente 3 dólares. Este mismo kilogramo de café se vende en Nueva York a 12 dólares. Un kilogramo de cocaína de alta pureza en Colombia listo para envío al extranjero cuesta 16.000 dólares. El costo de ese mismo kilogramo fraccionado para la venta callejera en Chicago o Los Ángeles se dispara a 150.000 dólares. Mientras que el valor agregado desde la producción hasta la venta de un producto básico como el café se triplica, el de la droga crece cien veces su valor inicial.
Estos niveles de ganancias asombrosas son la fuerza que impulsa este lucrativo mercado ilegal que recluta a miles de personas a lo largo y ancho del continente latinoamericano, muchas de las cuales están dispuestas a arriesgar sus vidas por un buen ingreso: los transportistas, los guardias de seguridad, los vendedores callejeros, los lavadores de dinero y muchos otros.
Estas ganancia, que se ha dividen de manera desigual según la distribución del poder y de jerarquías dentro de las organizaciones, también pueden crear incentivos para la violencia.
Bien puede ser ejemplo de un hilo para seguir explorando la explicación del incremento de la violencia en Uruguay y las dinámicas vinculadas a negocios ilegales, que al final del día y al igual que en el resto del planeta persigue dos fines básicos: poder económico y control territorial.
Transformaciones sociales. Los asentamientos irregulares y marginalidad urbana se consolidaron como entornos fértiles para economías ilegales, bajo lo que Bergman describe como ilegalidad regulada. Violencia organizada: los barrabravas comenzaron a operar como proto estructuras mafiosas en el fútbol, combinando violencia, extorsión y control territorial.
Los homicidios aumentaron de 6 a 7,5 por cada 100.000 habitantes, mientras que hurtos y rapiñas se multiplicaron al ritmo del mercado de pasta base. El Estado aún se pensaba fuerte, pero en la práctica se estaba abriendo un espacio gris donde el crimen comenzaba a instalarse como actor social.
Segundo periodo (2010–2018): el salto hacia la criminalidad transnacional
El segundo bloque fue el de la consolidación de Uruguay como plaza logística del narcotráfico.
Puertos en la mira. Los puertos de Montevideo y Nueva Palmira se transformaron en nodos estratégicos de salida de cocaína hacia Europa. Incautaciones récord confirmaron que el país ya estaba en el radar de Europol y la ONU.
Microtráfico (narcomenudeo) y violencia urbana. en este período el consumo masivo de pasta base generó disputas territoriales que elevaron la tasa de homicidios a más de 11 por cada 100.000 habitantes en 2018, el registro más alto de la historia reciente.
La Profesionalización criminal. Los clanes familiares mutaron en bandas con conexiones internacionales, estableciendo vínculos con el PCC de Brasil y redes paraguayas. A su vez el fútbol funcionó como un verdadero espejo social en el que los barrabravas y el fenómeno del barrabravismo en general se expandió y se consolidaron como estructuras mafiosas con acceso a armas, drogas y vinculaciones con la política.
En este periodo, Uruguay dejó atrás la ilusión de excepcionalidad. Como advirtió Cristian Ordóñez para Ecuador en su libro «Ecuador en Guerra», el país ingresaba a la lógica regional: primero la tolerancia al delito menor, luego la consolidación de mercados ilícitos y, finalmente, la penetración de estructuras transnacionales. Lo mismo ocurrió en nuestro país.
Tercer periodo (2018–2025): el umbral del “narcoestado gris”
El último tramo analizado muestra un salto cualitativo. Uruguay pasó de la consolidación logística al riesgo de captura parcial por redes criminales.
Este período ha estado marcado por grandes incautaciones históricas como el hallazgo de 12 toneladas de cocaína en 2019 fue un hito global. Nunca antes Uruguay había sido asociado a semejante magnitud de tráfico. Por otro lado el llamado «Caso Marset» nos ha mostrado el ascenso del narco uruguayo Sebastián Marset que se convirtió en el emblema de este periodo. Su rol como operador internacional con redes en Bolivia, Paraguay y Medio Oriente expuso la capacidad de los delincuentes locales para convertirse en “jugadores globales”.
La familia Fernández Albín y las otras narcofamilias mostraron clanes que operan con lógicas de herencia criminal, controlando barrios y rutas, reforzaron la idea de que Uruguay ya no solo exporta cocaína, sino también modelos de organización criminal. En cuanto a la violencia letal registrada, las tasas de homicidios volvieron a superar los 10 por cada 100.000 habitantes en 2022, con episodios de sicariato y ajustes de cuentas típicos de escenarios como Rosario en Argentina o Guayaquil en Ecuador.
En Bandas Criminales en Latinoamérica, advertí que Uruguay estaba entrando en la órbita de la tercera ola del crimen organizado transnacional descrita por Farah: convergencia entre mafias, actores políticos y economías ilícitas globales. El país, que alguna vez fue símbolo de seguridad, hoy enfrenta el dilema de convertirse en un narcoestado gris, es decir, un Estado funcional al crimen organizado sin perder formalmente su institucionalidad democrática.
Reflexión final: ¿queda tiempo?
Lo que muestran los últimos veinte años es una curva ascendente de complejidad criminal:
2005–2010: gestación de economías ilegales. 2010–2018: consolidación logística transnacional. 2018–2025: profesionalización criminal y riesgo de captura estatal.
La sociología ayuda a comprender que la violencia no es un accidente, sino un síntoma de transformaciones sociales profundas como la exclusión juvenil, la cultura del consumo, la debilidad institucional y la convivencia entre Estado y crimen.
La pregunta clave es si Uruguay todavía tiene tiempo de fortalecer su resiliencia institucional o si está condenado a repetir el destino de otros países de la región. Como bien recordaba Ordóñez para Ecuador, el peor error es pensar que “aquí no puede pasar”.
Uruguay ya está dentro de la tormenta. La cuestión es si tendrá la capacidad -como sociedad y como Estado- de enfrentarse a ella antes de que sea demasiado tarde.
Fernando Vaccotti 
Un pensamiento