A pesar de los recurrentes y promocionados operativos estatales destinados a combatir la minería ilegal en el estado Amazonas, la realidad es que, en terreno, las redes criminales y estructuras corruptas detrás de este negocio han afianzado su presencia.
El pasado 25 de junio, soldados venezolanos incautaron siete aviones ligeros, un helicóptero y cerca de 7.000 litros de combustible en una pista clandestina del municipio Alto Orinoco, en el estado Amazonas, a menos de 25 kilómetros de la frontera con Brasil, según reportó el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.
La anterior fue la última intervención de las más de 20 que InSight Crime ha registrado en el marco de la Operación Neblina 2025, cuyo objetivo principal es atacar la minería ilegal de recursos minerales estratégicos y metálicos, incluidos el oro, el coltán y la casiterita en todo el estado Amazonas.
La Operación Neblina se enmarca en una serie de intervenciones estatales —ampliamente publicitadas— contra la minería ilegal, que han tenido lugar en el estado Amazonas a partir de mediados de 2023, especialmente desde que soldados expulsaron a cerca de 13.000 mineros que operaban de forma ilegal en el Parque Nacional Yapacana, cerca de la frontera con Colombia.
Desde entonces, la FANB ha reportado haber desmantelado pistas clandestinas, campamentos mineros, maquinaría para la explotación minera y, en algunos casos, han realizado capturas. Los decomisos y acciones militares se han concentrado especialmente en el Parque Nacional Yapacana, aunque también se han dado algunas intervenciones esporádicas en el sur del pueblo indígena Yanomami, que se despliega en territorio de Venezuela y Brasil.
Hernández Lárez, resaltando el supuesto éxito de la operación, escribió en su cuenta de Instagram que la FANB “continuará desplegada de manera permanente como garante del equilibrio ecológico, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de régimen de administración especial de nuestro país”.
Aunque los operativos de las fuerzas de seguridad en el estado Amazonas han tenido algunas victorias en la lucha contra la minería ilegal, no han logrado expulsar a quienes orquestan esta actividad y han provocado un efecto globo de los asentamientos mineros.
En las inmediaciones del Parque Nacional Yapacana, los puntos mineros se han reubicado en los sectores de Moyo, Maraya, Mina Cacique, Mina Nueva y Cárida, donde las minas son menores y, por lo tanto, la huella extractiva es más difícil de rastrear. Esto ha generado que, en ocasiones, tanto los militares como los grupos armados marquen “zonas rojas” —en las que bajo mutuo acuerdo prohíben la minería momentáneamente— con el fin de controlar el flujo de la minería y evitar la sobreexposición, según relataron a InSight Crime mineros que operaron allí.
Dicha relocalización no solo permite que la minería ilegal opere en tramos poco concurridos del Orinoco, sino que genera nuevos pozos difíciles de identificar a nivel satelital, lo que, a su vez, limita su exposición frente a la veeduría internacional.
En el sector de Cárida, en el municipio de Atabapo, también están proliferando las dragas y maquinaria pesada, según dijo a InSight Crime, SOS Orinoco, una organización dedicada al estudio de los impactos ambientales en la Amazonía venezolana.
Detrás del saqueo minero en el estado Amazonas se encuentran diferentes actores. Por un lado, está el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidas como ex-FARC mafia. Estos grupos operan con el permiso —tácito o explícito— de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Por otro lado, están los mineros brasileños, conocidos como “garimpeiros”, que se han multiplicado en territorio venezolano, en parte, como respuesta a la ofensiva antiminera emprendida por el gobierno de Lula da Silva, desde su regreso al poder en 2023.
«Brasil presionó para lograr sacarlos [de su territorio], pero [ellos] se mudaron a Venezuela y empezaron a encontrar en eso la oportunidad de seguir con sus negocios», dijo un integrante de SOS Orinoco que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
Según explicó la ONG venezolana a InSight Crime, en el sur del Parque Nacional Parima-Tapirapecó en el municipio Alto Orinoco, los garimpeiros operan bajo subordinación directa de los militares, a través del pago de “cuotas de operación”. Estas incluyen el uso de pistas clandestinas utilizadas para transportar oro hacia Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima.
Las coimas a los militares funcionan como una especie de peaje para el funcionamiento del expolio. Ellos dan luz verde para que operen los campamentos, las minas, la maquinaria y las dragas dentro de las zonas de conservación.
Fernando Vaccotti 