Venezuela vive una represión institucionalizada, en la que el aparato estatal se ha convertido en verdugo de su propia sociedad. El silencio o la indiferencia no son opción. La comunidad internacional tiene la palabra, y las víctimas, aún en el desamparo, esperan justicia.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, presidida por Marta Valiñas, volvió a encender las alarmas globales con un documento brutal que desnuda la realidad venezolana: un país en el que la represión, la tortura y los crímenes de lesa humanidad se han convertido en política de Estado.

No se trata de hechos aislados, ni de excesos de bajo rango. Detrás de esta maquinaria de terror se alzan nombres siniestros que ya forman parte de la historia más oscura de la región:
- Nicolás Maduro, el dictador que ha institucionalizado la persecución y el hambre. Identificado como líder narco del Cartel de los Soles y actualmente con una recompensa ofrecida por el gobierno de USA de 50 millones de dólares por su captura.
- Diosdado Cabello, verdadero capo del aparato de control político y gerente de gran parte de las operaciones del Cartel de los Soles, 25 millones de dólares por su captura.
- Vladimir Padrino López, general convertido en guardián de la represión militar, el tercer líder criminal más buscado integrante de la gerencia del Cartel de los Soles. 25 millones de dólares.
- Delcy y Jorge Rodríguez, rostros de la manipulación y la represión institucionalizada.
- Alex Saab, engranaje clave de la red financiera que sostiene al régimen.
- Tarek El Aissami, operador de estructuras paralelas y oscuros negocios.

Todos ellos aparecen como mascarones de proa de una masacre contra la libertad y la vida, jefes de una maquinaria estatal que aplasta derechos, reprime a su pueblo y manipula instituciones para garantizar la impunidad.
El informe 2025 de la ONU es claro: lo que sucede en Venezuela no es represión incidental, es un sistema perfectamente diseñado de persecución política, tortura física y psicológica, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos bajo custodia, ejecutado con coordinación desde las más altas esferas del poder.
En Ginebra, la presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, volvió a sacudir las aguas de la política internacional con un informe demoledor: el Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos que encajan en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
La misión, que investiga la situación desde 2019 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no ha podido entrar a Venezuela porque el régimen de Maduro le niega acceso. Sin embargo, su trabajo a partir de decenas de entrevistas, documentos y análisis OSINT es claro: la represión se mantiene y se intensifica, especialmente tras las elecciones de 2024.

Contexto y mandato de la misión
- La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante la resolución 42/25 en septiembre de 2019, con el mandato de investigar sistemáticamente violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela desde 2014.
- Marta Valiñas, jurista portuguesa, es la presidenta de esa misión.
- Dicha misión no opera dentro del país (no ha sido autorizada a ingresar al territorio venezolano de manera plena), por lo que realiza su trabajo mediante entrevistas confidenciales con víctimas, exfuncionarios, análisis documental, fuentes indirectas y cooperación desde el exterior.
- En septiembre de 2025, la misión sometió ante el Consejo de Derechos Humanos un informe (A/HRC/60/CRP.4) que cubre el periodo septiembre 2024 – agosto 2025, así como el contexto previo electoral en 2024.
Hallazgos principales y patrones documentados
La misión ha identificado un conjunto de patrones sistemáticos de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela entre otras consideraciones pide poner fin al uso del aislamiento, detener las detenciones arbitrarias, restaurar la independencia judicial y garantizar que las víctimas accedan a la justicia.
Pero en su mensaje más fuerte deja claro que la única esperanza de justicia para las víctimas venezolanas recae en la comunidad internacional, ya que dentro del país la impunidad es absoluta.
Los hallazgos son estremecedores y muestran un patrón de persecución sistemática contra opositores políticos, activistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos. Entre los hechos documentados:
| Tipo de violación / práctica denunciada | Descripción y ejemplos documentados |
|---|---|
| Crimen contra la humanidad — persecución política | La misión afirma que el Estado venezolano, mediante actores estatales y aparatos de inteligencia y seguridad, ha llevado a cabo políticas de persecución sistemática de opositores, críticos, activistas y personas percibidas como disidentes. Estas políticas están coordinadas desde autoridades de alto nivel. |
| Detenciones arbitrarias y uso de la justicia como arma política | Se documentan arrestos sin fundamento, acusaciones fabricadas (“terrorismo”, “incitación al odio”, “conspiración”) y uso de procesos judiciales para intimidar y silenciar críticos. |
| Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes | Las víctimas relatan múltiples formas de tortura: posiciones de estrés, asfixia, descargas eléctricas, golpes, amenazas, aislamiento prolongado, privación de sueño, incluso violencia sexual (violaciones o abusos con objetos). |
| Violencia sexual y de género en contextos de detención | La misión ha documentado casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, adolescentes e incluso hombres, en centros de detención, como mecanismo de tortura o humillación. |
| Desapariciones forzadas o detenciones con desaparición temporal | Personas detenidas que no son localizadas durante cierto período, sin información oficial, lo que constituye desaparición forzada. |
| Muertes bajo custodia / muertes relacionadas con represión | Durante operaciones de represión o protestas, personas han fallecido, muchas por heridas de arma de fuego. Algunas muertes ocurrieron mientras estaban bajo custodia o con negligencia estatal. |
| Represión post-electoral (2024) y ataques al espacio democrático | El informe del periodo 2024-2025 advierte que tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 se intensificó la represión: arrestos masivos, muertes durante manifestaciones, detenciones de menores, tácticas coercitivas para desarticular al aparato opositor. |
| Aislamiento, condiciones degradantes y separación prolongada | La misión pide que se cese el uso del aislamiento sistemático contra detenidos como práctica de tortura o degradación. |
| Arrestos de familiares de opositores como represalia | Un hallazgo reciente indica que no solo se detiene directamente a opositores, sino también a sus familiares como medida de coerción y control social. |
En el reporte más reciente, la misión advierte que la persecución política está intensificándose, particularmente en el contexto postelectoral, y que estas prácticas siguen siendo consistentes con los patrones previamente caracterizados como crímenes contra la humanidad.
El informe advierte que estas prácticas son políticas de Estado, planificadas y ejecutadas desde los más altos niveles del poder, incluyendo cuerpos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM, que actúan como brazos operativos de la represión.
También se recomienda que se reconozca la naturaleza del control del aparato estatal sobre los poderes públicos: los informes señalan que los poderes judicial, fiscal y otros han perdido independencia y actúan subordinados al Ejecutivo.

RESUMEN DE HALLAZGOS
Detenciones arbitrarias masivas, incluso de menores de edad, bajo cargos fabricados de terrorismo o conspiración.
Torturas físicas y psicológicas en centros clandestinos y oficiales: golpes, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual y aislamiento prolongado.
Desapariciones forzadas temporales en las que las familias pierden contacto con los detenidos durante días o semanas.
Violencia sexual como mecanismo de humillación y tortura.
Represión letal contra protestas y asesinatos bajo custodia estatal.
Represalias contra familiares de opositores como mecanismo de intimidación política.
LA ONU Y SUS RESPONSABILIDADES
Mientras los presos políticos venezolanos languidecen en celdas clandestinas, las torturas se repiten como rito diario y los muertos bajo custodia se cuentan por decenas, la ONU y su Secretario General António Guterres han permanecido en gran medida como espectadores pasivos.
Digo “espectadores” porque no he hallado hasta ahora una acción contundente del Secretario General que busque restablecer la democracia venezolana o reconocer de modo legítimo al gobierno que emergió de las elecciones de julio de 2024.
En cambio, lo que encontramos son expresiones genéricas de preocupación, llamamientos a la «contención» y exhortaciones vagas a “resolver diferencias por medios pacíficos”. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela hizo un llamado público a Guterres para que apoyara su postura frente a supuestas amenazas y la ONU respondió instando a ambas partes (Venezuela y EE. UU.) a bajar la tensión.
También se reunió con representantes venezolanos para escuchar sus denuncias y solicitar que “opine abiertamente” por la vía que considere pertinente. Pero esos gestos diplomáticos -por abundantes que sean- resultan míseros frente a la magnitud del horror: no reemplazan sanciones dirigidas al aparato represor, ni decisiones claras de reconocimiento, ni judicialización de los crímenes que el informe de Marta Valiñas describe.
En otras palabras: la ONU ha mostrado voluntad para encuadrar el problema como asunto humanitario, pero no se ha atrevido seriamente a confrontar al régimen con medidas concretas de presión política o legal.
Y el secretario general, con su silencio estratégico (o su diplomacia cautelosa), ha evitado dar el paso decisivo que el momento exige: romper complicidades, reconocer al poder legítimo surgido en 2024 y presionar por la transición democrática.
De este modo, su figura aparece, tristemente, como un símbolo de la impotencia institucional frente a la brutalidad del poder venezolano.
Fuentes consultadas
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). (2025). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela: A/HRC/60/CRP.4. Consejo de Derechos Humanos, Ginebra. Recuperado de https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmv/a-hrc-60-crp-4-annex-eng.pdf
- OHCHR. (2025, marzo). Venezuela: Harsh repression and crimes against humanity ongoing – Fact-Finding Mission. Comunicado de prensa. Recuperado de https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
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- OHCHR. (2025, enero). Venezuela: Fact-Finding Mission demands full respect for rights ahead of elections. Comunicado de prensa. Recuperado de https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/venezuela-fact-finding-mission-demands-full-respect-rights-ahead
- OHCHR. (2022). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela: A/HRC/51/43. Consejo de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
- Swissinfo.ch. (2020, septiembre). Gobierno de Venezuela pide apoyo de Secretario General de la ONU ante amenazas de EE. UU. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/gobierno-de-venezuela-pide-apoyo-de-secretario-general-de-la-onu-ante-amenazas-de-ee.uu./89899238
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- Wikipedia. (2025). Marta Valiñas. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Vali%C3%B1as
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