OPINIÓN
Por Fernando Vaccotti
Ecuador atraviesa una nueva espiral de inseguridad, donde la protesta social, el crimen organizado y la debilidad institucional se superponen en un escenario que amenaza con desbordar al Estado. La chispa inmediata fue la decisión del gobierno de Daniel Noboa de suprimir el subsidio al diésel, una medida económica de alto costo político que activó de inmediato la respuesta de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y de otras organizaciones sociales. El paro nacional, sin embargo, excedió con rapidez el campo de la protesta tradicional y abrió un abanico de riesgos más amplios.
Movilización y violencia en las calles
Las manifestaciones se expresaron con bloqueos en rutas estratégicas, cierres de vías en provincias andinas y ataques directos contra fuerzas del orden. El gobierno denunció la presencia de grupos violentos “infiltrados”, capaces de emboscar convoyes militares y de asistencia.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en Imbabura, cuando un convoy humanitario encabezado por el propio presidente Noboa fue atacado por unas 350 personas, que emplearon bombas molotov contra un dispositivo militar de 50 efectivos. El saldo: 12 militares heridos y 17 inicialmente reportados como retenidos. El hecho marca un punto de quiebre, pues coloca a la figura presidencial en la línea de fuego y convierte al Estado en objetivo directo.
Otros escenarios como Otavalo, Riobamba–Cuenca y Alausí fueron testigos de bloqueos y ataques a instalaciones policiales, en una dinámica de creciente audacia de los manifestantes. La violencia ha dejado ya al menos un fallecido en protestas y más de una decena de heridos entre las fuerzas de seguridad, mientras la Fiscalía investiga denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del propio Estado.
Las cárceles como epicentro paralelo de caos
La crisis no se limitó a las calles. En paralelo, Ecuador fue escenario de nuevos motines carcelarios que profundizan la fractura de la seguridad interna. En Esmeraldas, un motín dejó 17 muertos, mientras que en Machala -al sur, cerca de Guayaquil– otro disturbio derivó en 14 presos muertos, 14 heridos y un guardia asesinado. Los reclusos utilizaron armas de fuego, explosivos y granadas, tomaron rehenes y protagonizaron intentos de fuga. Aunque el control fue restablecido en 40 minutos, la señal es inequívoca: las cárceles ecuatorianas son teatros de guerra y no instituciones de custodia.
La simultaneidad de protestas sociales y motines penitenciarios pone en evidencia que el Estado enfrenta ataques en múltiples frentes. El mensaje es claro, los grupos criminales saben leer la coyuntura y aprovechan la sobrecarga de las fuerzas de seguridad para imponer su poder.
Escalada y riesgos emergentes
El escenario es volátil y multidimensional. Los ataques a convoyes, la expansión de bloqueos y la violencia carcelaria constituyen síntomas de una amenaza mayor: la convergencia entre movimientos sociales radicalizados y redes del crimen organizado. El propio gobierno apunta a esta hipótesis, al hablar de “infiltración” de estructuras armadas en las manifestaciones.
El riesgo principal es que la protesta social -legítima en sus reclamos- sea instrumentalizada por organizaciones criminales que buscan debilitar aún más al Estado, generar ingobernabilidad y erosionar la autoridad del presidente Noboa. La consecuencia inmediata es la militarización del espacio público, con estado de excepción y toque de queda en varias provincias, lo que a su vez puede alimentar nuevas tensiones con las comunidades indígenas y movimientos sociales.
Actores y Perspectiva del Conflicto en Ecuador
Actores en pugna
- Gobierno de Daniel Noboa: enfrenta su primera gran crisis interna, con medidas de austeridad (supresión del subsidio al diésel) que detonaron la protesta. Apela a la fuerza del Estado y al discurso de la “infiltración violenta” para justificar el control militar y policial.
- Movimientos indígenas (CONAIE y aliados): movilizan históricamente con reclamos sociales y territoriales. Son actores con capacidad de bloqueo nacional y fuerte legitimidad en sectores rurales y urbanos pobres.
- Corrientes políticas correístas: señaladas por el gobierno como fuerzas que operan desde las sombras, buscando capitalizar el caos para erosionar a Noboa. Más allá de la narrativa, su influencia es política y simbólica: heredan redes organizativas, presencia territorial y capacidad de movilización mediática.
- Crimen organizado y grupos armados: aprovechan la coyuntura de caos. La simultaneidad de motines carcelarios y protestas sugiere que actores criminales están operando para debilitar aún más al Estado, enviando el mensaje de que el poder se disputa en múltiples frentes.
- Fuerzas de seguridad: desgastadas, dispersas y bajo presión, enfrentan la compleja tarea de controlar protestas sociales mientras contienen motines violentos. El riesgo de abusos está presente y ya es investigado.
Algunas perspectivas:
- Si las protestas indígenas persisten y son percibidas como cooptadas o infiltradas, el gobierno podría intensificar la militarización.
- Si los motines y la violencia carcelaria se replican, el Estado mostrará incapacidad estructural de control.
- Y si el correísmo logra proyectarse como alternativa en medio del caos, la polarización política se profundizará.
La perspectiva inmediata es la erosión acelerada de la autoridad estatal, y con ello, un salto cualitativo en la inseguridad regional, pues Ecuador se consolida como eslabón débil en la cadena de seguridad de Sudamérica.
Algunas Reflexiones
Ecuador vive una crisis en un escenario híbrido en capas: social, política, carcelaria y criminal. El Estado enfrenta un dilema: cómo restablecer el orden sin caer en el uso indiscriminado de la fuerza y cómo neutralizar a los grupos violentos sin criminalizar la protesta legítima. La muerte de un manifestante, los ataques directos al presidente y la matanza en las cárceles muestran que la seguridad interna está al borde del colapso. Esta convergencia crea un “campo de batalla interno” que pone al Estado contra varios adversarios simultáneamente.
En este tablero, los actores ilegales ya no juegan en las sombras pues atacan convoyes presidenciales, controlan cárceles y se confunden entre manifestantes. Ecuador se encuentra en un punto de inflexión: o reconstruye con urgencia la capacidad estatal de respuesta, o la espiral de violencia terminará por capturar al país entero.
Continuará..
Fernando Vaccotti 