Opinión
Perú continúa en el tope de la agenda latinoamericana de violencia interna y criminalidad organizada. En apenas dos semanas se acumularon hechos que confirman el cuadro: bloqueos mineros en Cusco, nuevas medidas de fuerza en Loreto por derrames petroleros, protestas juveniles reprimidas en Lima y un VRAEM que no se apaga. En este escenario convergen intereses políticos, étnicos y económicos en una mezcla explosiva, donde la represión estatal, el extractivismo sin licencia social y la persistencia de actores armados marcan un país fracturado y en permanente estado de excepción.
Contexto
El Perú atraviesa desde hace más de dos años un ciclo de violencia política y social que dejó de ser coyuntural: se transformó en un patrón crónico de militarización del orden interno y confrontación con comunidades indígenas y movimientos sociales de izquierda. A este cuadro se suma un frente armado residual en el VRAEM y una crisis de legitimidad política sin salida clara. El resultado es un país fracturado, con muertos, bloqueos y un Estado que confunde control militar con gobernabilidad.
Represión 2022–2023: el racismo letal del Estado
Las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo (dic-2022 a mar-2023) dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos. Las víctimas se concentraron en Puno, Ayacucho y Cusco, regiones de población indígena aimara y quechua.
Organismos internacionales (ONU, HRW, Amnistía) han señalado un sesgo racial y el uso desproporcionado de la fuerza, llegando a investigar la cadena de mando que incluye a la presidenta Dina Boluarte y mandos policiales y militares.
Ese expediente sigue abierto, pero el mensaje político fue claro: en Perú protestar en el sur indígena puede costar la vida.
El Estado de Emergencia como política permanente
Desde entonces, los Estados de Emergencia se volvieron norma: prórrogas sucesivas en Puno, Cusco y Ayacucho; más recientemente en Lima y Callao (2025), bajo el argumento de la ola criminal.
Se habilita así el despliegue militar en funciones policiales, diluyendo el límite entre defensa y seguridad interior, y normalizando la excepción como modelo de gestión.
Conflictos extractivos: cobre y petróleo en disputa
La otra cara de la crisis es el extractivismo sin licencia social:
- En Cusco y Apurímac, las comunidades bloquearon en 2025 el acceso a Antapaccay (Glencore) y Las Bambas (MMG). El corredor minero del sur vive en tensión permanente por compensaciones incumplidas y daños ambientales.
- En la Amazonía (Loreto), el Oleoducto Norperuano fue saboteado en varias ocasiones este año; comunidades organizadas en ORPIO y AIDESEP bloquearon ríos y estaciones petroleras exigiendo salud y reparación por derrames.
El Estado respondió con militarización y criminalización, mientras las compañías y Petroperú presionan por continuidad de operaciones.
Minería ilegal y la explosión amazónica
En julio 2025, el gobierno expulsó a más de 50.000 mineros del esquema de formalización. Resultado: bloqueos en el corredor del cobre, protestas en Madre de Dios y Loreto, y un rebrote de la violencia asociada a la minería ilegal de oro.
Las comunidades indígenas (como la Nación Wampís, GTANW) han optado por organizar guardias territoriales para frenar tanto al crimen organizado como a las propias fuerzas estatales coludidas.
VRAEM: guerra de baja intensidad, efecto político alto
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) mantiene la presencia del MPCP, remanente de Sendero Luminoso. Su capacidad militar es baja, pero su impacto político es enorme: emboscadas esporádicas, control parcial de zonas cocaleras y nexos con economías ilícitas.
El VRAEM recuerda cada día que Perú sigue siendo un país en guerra interna de baja intensidad.
Crisis política y juventud en la calle
El caso “Rolexgate” (2024) golpeó de muerte la legitimidad de Boluarte: detenciones de su hermano y abogado, marchas urbanas y el regreso de la generación post-pandemia a las calles de Lima.
El 21 de septiembre de 2025, miles de jóvenes marcharon contra la corrupción; la respuesta volvió a ser represión.
La narrativa de impunidad se consolidó con la Ley de Amnistía (2025), que pretende extinguir procesos por violaciones de DDHH en los 80-2000. La ONU advirtió: Perú camina hacia la legalización del abuso estatal.
El telón económico
La economía peruana ofrece un colchón macro pero no resuelve la fractura social:
- PIB 2024: ~3,1 % de crecimiento; expectativa 2025: ~2,8–3 %.
- Inflación: controlada (~1,7 % en julio 2025).
- Desempleo: ~6 %, con alto subempleo y precariedad rural.
- Déficit fiscal: ~3,5 % del PIB en 2024; meta de 2,8 % en 2025.
- Riesgo país: 160 puntos básicos, moderado en la región.
El problema no son las cifras frías, sino que la bonanza minera y los equilibrios macro no se traducen en salud, educación ni compensaciones reales en los territorios que sangran.
Escenarios posibles
- Contención negociada (prob. media): acuerdos puntuales con comunidades y reparación mínima; el conflicto queda latente.
- Espiral de bloqueos (prob. media-alta): simultaneidad en corredor del cobre y ONP, con sabotajes crecientes.
- Ruptura político-social (prob. baja-media, impacto alto): reactivación juvenil y nueva ola de muertos que fuerce adelanto electoral.
Algunas reflexiones
Perú no es un país en transición, es un país en fractura. El Estado juega a la excepción, las comunidades responden con bloqueos, el VRAEM sigue ardiendo y en Lima se percibe profundamente la corrupción.
La pregunta no es si habrá más violencia, sino dónde y cuándo.
Y mientras la élite mira las cifras macro con orgullo, en el sur y la selva, el mensaje es brutal y simple: “sin justicia, no habrá paz”.
Acrónimos y términos
- AIDESEP: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
- ORPIO: Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente
- GTANW: Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís
- FENATEP: Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú
- ICRC / CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
- OHCHR / ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH
- HRW: Human Rights Watch
- MPCP: Militarizado Partido Comunista del Perú (remanente Sendero)
- SL: Sendero Luminoso
- VRAEM: Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
- ONP: Oleoducto Norperuano
- Petroperú: Empresa estatal de hidrocarburos
- Rolexgate: Escándalo político por relojes de lujo (2024)
Fernando Vaccotti 