Por Fernando Vaccotti
Un continente bajo presión
Latinoamérica enfrenta en 2025 una constelación de amenazas de seguridad que no solo se han multiplicado, sino que además han mutado en sus formas y en su alcance. A las ya conocidas redes del crimen organizado se suman fenómenos de violencia política y una pérdida acelerada de valores que impacta directamente en la vida democrática y en la cohesión social.
Hoy se registran ataques contra operadores humanitarios, funcionarios judiciales, figuras políticas y militares-policiales, lo que refleja un salto cualitativo en la lógica criminal pues ya no basta con controlar territorios o mercados ilícitos, ahora se busca desestabilizar instituciones y sembrar el terror en los propios guardianes de la legalidad.
En paralelo, se observa la vigencia de maras centroamericanas, capaces de reinventarse tras años de presión estatal, y una ola de violencia interna en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos y ataques indiscriminados se han convertido en un fenómeno de alto impacto regional, tanto por sus efectos sociales como por el flujo de armas hacia el sur.
El Caribe también es un punto crítico. La persistente violencia en Haití, sumada a la criminalidad en Jamaica y Trinidad y Tobago, marca una franja de inestabilidad donde confluyen mafias locales e intereses transnacionales.
Y en Venezuela, el llamado Cartel de los Soles mantiene secuestrado a un país entero, integrando militares, políticos y redes de narcotráfico. En esa ecuación, el ciudadano común percibe con crudeza que “si no se fue es porque no pudo, o porque es parte de la banda”. El Estado quedó atrapado en un híbrido de criminalidad y poder político que repercute directamente en toda la región. El régimen chavi-madurista enfrenta lo que muy probablemente sea el último tramo de su existencia por lo menos en este formato debido a la presión ejercida por USA y una parte importante de la comunidad internacional.
Crimen organizado transnacional, el poder desde las sombras
México: el narcotráfico sigue siendo central, pero la extorsión masiva se convirtió en un delito cotidiano que afecta desde comerciantes locales hasta empresas medianas. Ecuador: de ser un país de tránsito discreto, pasó a ser el epicentro de la violencia regional.
Las pandillas carcelarias evolucionaron en verdaderas estructuras empresariales- terroristas, con capacidad para atacar jueces, fiscales y policías, mientras el Estado recurre de manera casi permanente a los estados de excepción.
Colombia y Perú: mantienen su lugar como mayores productores de cocaína, con creciente presión en la Amazonía. El control territorial de grupos como el ELN o disidencias de las FARC asegura un flujo constante de droga hacia puertos del Pacífico y del Atlántico. Caribe (Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití): muestran las tasas de homicidios más persistentemente elevadas. En Haití, el colapso del Estado derivó en que bandas criminales armadas controlen gran parte de Puerto Príncipe.
La expansión del cibercrimen
Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú aparecen como los principales blancos de ataques de ransomware y robo de datos.
La región dejó de ser un terreno periférico, ahora es parte de campañas globales de actores estatales como China y Corea del Norte, que apuntan a sectores sensibles como telecomunicaciones y gobierno digital. El aumento de fraudes bancarios y extorsiones en línea complementa al crimen físico en dónde la “extorsión digital” se suma a la extorsión tradicional.
Minería ilegal y economías ambientales criminales
Perú, Ecuador Venezuela: destacan por la expansión de la minería aurífera ilegal, con devastación ambiental en la Amazonía y financiamiento de redes criminales y grupos armados. Brasil enfrenta la deforestación impulsada por mafias que combinan tala, oro y tráfico de fauna. El mercado ilegal de mercurio para procesar oro crece y se conecta con redes financieras internacionales. La economía criminal verde es hoy tan lucrativa como la cocaína.
Migración forzada y rutas bajo control criminal
El Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, fue escenario de cifras récord en 2023. Aunque los flujos disminuyeron en 2024 y 2025, los riesgos de robo, violencia sexual y trata siguen altísimos. Los coyotes y grupos armados dominan aún corredores migratorios en México, Centroamérica y la propia frontera sur de Estados Unidos. La migración se ha convertido en un negocio criminal que mueve miles de millones de dólares al año y genera un sufrimiento humano incalculable.
Militarización y retrocesos democráticos
El Salvador muestra un descenso histórico de homicidios gracias a la política de régimen de excepción, con miles de detenciones, pero a costa de severas denuncias de violaciones de derechos humanos. Ecuador adoptó una línea similar con sucesivos estados de emergencia, buscando recuperar el control de las cárceles y las calles. Haití espera que la nueva fuerza multinacional GSF, aprobada en 2025, logre frenar la captura territorial de las pandillas. En varios países de la región, la militarización de la seguridad interna se convirtió en la herramienta más utilizada, con riesgos evidentes para la democracia y la institucionalidad.
Cinco años de evolución (2020–2025)
Del narco a la diversificación criminal, hoy el crimen combina drogas, oro, extorsión, contrabando y ciberataques. De los territorios a las instituciones, las bandas que antes controlaban barrios ahora intentan capturar gobiernos locales, puertos y prisiones. La Cibercriminalidad disparó el ransomware y las campañas de intrusión con origen en potencias extranjeras. La violencia no es homogénea ya que mientras El Salvador redujo homicidios, Ecuador y Haití vivieron escaladas sin precedentes.
La migración multicausal pasó de ser un fenómeno humanitario a ser un engranaje más del crimen transnacional.
Conclusión: un tablero en transformación constante
Latinoamérica no vive un solo problema de seguridad, sino el embate de un sistema criminal integrado. Cada país enfrenta una combinación distinta. México la extorsión, Ecuador la violencia carcelaria, Colombia y Perú la producción de droga, Brasil la deforestación, Venezuela y Perú la minería, Haití la insurgencia criminal. Y el continente todo el crecientemente explosivo y no muy mencionado fenómeno de la Trata de personas en todas sus modalidades.
La conclusión es clara, el crimen se ha diversificado, sofisticado y globalizado. Lo que antes era narcotráfico hoy es también ciberataque, oro, migración, trata y control político. La región necesita estrategias coordinadas, inteligencia compartida y la construcción de Estados capaces de resistir la presión de organizaciones que ya actúan como verdaderos poderes paralelos.
Referencias
Insight Crime. Organized Crime and Violence in Latin America 2020–2025. Informes regionales.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). World Drug Report 2024.
GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). Informes de evaluación mutua y tipologías recientes.
International Crisis Group. Ecuador’s Descent into Violence (2024).
Human Rights Watch. El Salvador: Régimen de excepción y derechos humanos (2023–2025).
Amnistía Internacional. Informe Anual sobre Derechos Humanos en América Latina (2024).
OEA / CICAD. Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas (última edición).
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución sobre la Misión Multinacional de Apoyo a Haití (GSF), 2025.
Diarios regionales y OSINT: El País (Uruguay), El Universo (Ecuador), La Nación (Argentina), El Tiempo (Colombia), Infobae (Argentina / regional).
CrowdStrike. Global Threat Report 2025.
Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2024.
Douglas Farah. Transnational Organized Crime in Latin America: The Third Wave. Estudios y conferencias recientes.
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