Por Mg. Edison Cadena Ayala, Ecuador
El concepto de narco-estado (o “narcostate”) refiere a un país cuya gobernanza legítima -instituciones civiles, judiciales, coercitivas- está parcial o totalmente penetrada por redes del narcotráfico. En tales casos:
1. El comercio de drogas ilícitas constituye una proporción significativa de la economía ilegal o incluso del PIB informales del país.
2. Las élites estatales -o parte de ellas- participan, toleran o protegen dichas redes mediante corrupción, impunidad o estructuras paralelas.
3. El control territorial no estatal o las redes criminales compiten con el Estado por la autoridad (o la sustituyen) en zonas del país.
4. En ciertos casos, el Estado usa el narcotráfico como fuente de ingreso para mantener poder militar, pagar milicias, evadir sanciones o financiar operaciones bélicas.
El término es controvertido debido a su carga simbólica y su uso mediático, pero en la literatura académica sirve como heurístico para analizar regímenes con profunda simbiosis con lo ilícito (ver “Fragmented sovereignty and the geopolitics of illicit drugs”) ScienceDirect.
Para que la etiqueta narco-estado sea apropiada, no basta con que existan narcotraficantes poderosos o corrupción: debe haber una penetración sistémica que erosione la autonomía estatal. Esta es la línea que siguen análisis críticos, como Critique of everyday narco-capitalism.
Con esa base, examinemos los casos más plausibles, divididos por tipo de droga dominante: opioides (opiáceos), cocaína, anfetaminas (captagón) y drogas sintéticas.
Opio y opiáceos: los casos de Afganistán y Myanmar
Afganistán: el “Narco Estado Insurgente”
Durante décadas, Afganistán fue la principal fuente mundial de opio ilegal. En 2022, representó cerca del 80 % de la producción ilícita global de opio (6 200 toneladas de un total estimado de 7 800 toneladas). Para 2023, estimaciones sugieren una contracción drástica (se reporta una caída del 95 %) tras una prohibición impuesta por el régimen talibán.
Las encuestas del UNODC muestran que tras la toma del poder por los talibanes (2021), la superficie cultivada de amapola aumentó un 32 % en comparación con el año anterior (56 000 hectáreas adicionales). Sin embargo, la caída de producción en 2023 revela que la orden de prohibición fue drástica y efectiva (al menos en la reducción estimada).
Un punto clave: en los años 2002–2006, estimaciones del Departamento de Estado de EE. UU. señalaban que los ingresos del opio, morfina y heroína equivalían aproximadamente a la mitad de la economía legal de Afganistán, lo que implicaba una dependencia significativa del comercio ilícito para fuerzas insurgentes y gobernantes locales. Esa simbiosis financió logística guerrillera y redes de control territorial, erosionando las instituciones del Estado.
Además, los talibanes han impuesto castigos severos contra cultivadores o traficantes en ciertas circunstancias, pero el comercio oscuro de opiáceos se ha adaptado, con rutas clandestinas hacia Pakistán, Irán y Asia central (ver Trouble In Afghanistan’s OpiumFields).
Desde un enfoque geopolítico, Afganistán ejemplifica un régimen insurgente que se apropia del narcotráfico como motor financiero. No es un Estado clásico en control institucional total, pero exhibe muchos rasgos de narco-estado: su legitimidad institucional está corroída, el comercio ilícito financia su aparato militar y su penetración operativa es elevada.
Myanmar: el renacimiento del opio en el caos
Tras los recientes conflictos internos en Myanmar, el país ha emergido como el mayor productor de opio del mundo, superando a Afganistán. Según el informe Myanmar Opium Survey 2023 (UNODC), la superficie dedicada al cultivo alcanzó 47 100 hectáreas, con un rendimiento de 22,9 kg/hectárea y un crecimiento del 18 % respecto al año anterior.
La crisis política, la militarización del Estado y la fragmentación del poder (con milicias étnicas) han transformado muchas regiones rurales en zonas de control mixto, donde los cultivadores de opio obtienen protección de mandos locales o grupos armados. La recesión económica, el bloqueo de caminos legales y la ausencia estatal en territorios remotos fortalecen la dependencia del cultivo ilícito como fuente de subsistencia.
Si bien no hay evidencia clara de que el régimen central de Myanmar gestione directamente el mercado de opio a escala global, el grado de colusión tácita y la ausencia de control estatal directo en regiones clave lo acercan al umbral del narco-estado.
No obstante, Myanmar todavía no ha sido ampliamente reconocido como narco-estado clásico, pero encarna una “zona gris” donde el Estado formal compite con redes narcotraficantes (Fragmentedsovereignty and the geopolitics of illicit drugs).
Cocaína y la geopolítica del “Estado narco” en América Latina y África
Colombia y los retos del Estado cocalero
Colombia ha sido símbolo paradigmático del vínculo entre narcotráfico, políticas estatales y conflicto armado. Durante los años 1980–1990, los cárteles de Medellín y Cali ejercían poder local, infiltraban instituciones y rivalizaban con el Estado en muchas regiones. Aunque el Estado no colapsó, hubo episodios de cooptación severa.
En el informe 2025 International Narcotics Control Strategy Report, se indica que en 2023 Colombia alcanzó niveles récords de cultivos de coca, mientras que Perú se mantuvo como el segundo mayor productor de cocaína.
Según informes recientes, Colombia cultivó 253 000 hectáreas de hoja de coca en 2023, un récord histórico, con una producción potencial de 2 664 toneladas de cocaína pura, lo que implica un aumento del 53 % respecto al año anterior.
Aun así, Colombia no es un narco-estado pleno, porque el aparato estatal nacional aún conserva instituciones funcionales. La presencia de actores ilegales (FARC, ELN, disidencias) que financian actos armados con renta cocalera es una forma de competencia de autoridad, pero no de colapso institucional total.
Un estudio sistemático reciente concluye que tanto los talibanes como las FARC dedican partes significativas de sus ingresos al comercio de drogas, aunque la proporción exacta varía entre estudios. De hecho, en zonas rurales del país el “narco-capitalismo cotidiano” normaliza economías ilegales encubiertas por actores locales (ver Critique of everyday narco-capitalism).
Venezuela: narco-estado en disputa
Venezuela es frecuentemente mencionada como uno de los casos más contemporáneos de narco-estado en América Latina.
En el Presidential Determination on Major Drug Transit or Major IllicitDrug Producing Countries, el Departamento de Estado de EE. UU. señala que sobornos, complicidad de funcionarios y el uso de territorio venezolano para el tránsito masivo de cocaína han convertido al régimen de Nicolás Maduro en uno de los principales facilitadores del narcotráfico global.
Investigaciones periodísticas y sanciones contra altos funcionarios venezolanos (incluyendo vínculos con cárteles mexicanos, casos de “narcosobrinos”, lavado de dinero) avalan la idea de que parte del aparato estatal colabora con las redes de cocaína.
Si esos vínculos se institucionalizan (por ejemplo, uso de fuerzas militares estatales para proteger cargamentos, manejo de divisas ilícitas como fuente de ingreso del Estado) Venezuela podría entenderse como un narco-estado pleno. Algunos analistas sostienen que ya está en ese punto, aunque otros advierten que el Estado aún conserva resistencias institucionales.
África occidental y el caso paradigmático de Guinea-Bissau
Guinea-Bissau es un caso clásico de “narco-estado” en África occidental. Desde la década de 2000, se documenta que redes del cartel colombiano utilizan su costa para enviar cocaína a Europa. Autoridades militares y políticas han sido sobornadas sistemáticamente, y la debilidad institucional del Estado favorece la impunidad del tráfico aéreo y marítimo. El país es a menudo citado como “el primer narco-estado africano” (véase Narco-state).
La falta de control territorial, la colusión de fuerzas armadas y la dependencia económica de redes ilícitas ilustran un Estado que ya no puede ejercer su soberanía plena sin concesiones al narcotráfico.
Otros países de la costa atlántica africana (como Nigeria, Ghana o Guinea) han sido señalados como “estados tránsito” con altos grados de penetración criminal, aunque no siempre al nivel de colapso institucional completo.
El captagon y la transformación del narco-Estado en Medio Oriente: el caso de Siria
En los últimos años, el Captagón (fenetilina/amfetamina) se convirtió en símbolo de la “narcopolítica de guerra”. Se estima que las exportaciones de captagón desde Siria representaban ingresos multimillonarios para el régimen de Bashar al-Assad, y algunos informes mencionan cifras entre 30 y 57 mil millones de dólares anuales en ciertos años (aunque esas cifras pueden reflejar estimaciones infladas).
El régimen sirio ha sido acusado de:
• Producir captagón a escala industrial en fábricas estatales o prostibularios vetustos.
• Controlar las rutas logísticas y exportaciones a países del Golfo, Asia y África.
• Utilizar estos ingresos como “divisa dura” en medio de sanciones internacionales severas.
• Emplear esos recursos para pagar milicias, mantener tropas leales y asegurar circuitos de poder interno.
Un análisis reciente argumenta que el régimen integró al tráfico como instrumento diplomático: por ejemplo, ejerció presión sobre Arabia Saudita y otros estados del Golfo para lograr reconocimiento diplomático a cambio de tolerancia en el tránsito de drogas. Otro informe del Soufan Center afirma que Siria ha emergido como un narco-estado en que insiders estatales facilitan la producción y tráfico de captagón.
Desde un punto de vista geopolítico, Siria ilustra un último estadio de régimen narco: un Estado formal que recompensa la lealtad política con el acceso al aparato logístico del narcotráfico. Su transformación ha sido descrita como “industrialización de la droga” en contexto de guerra prolongada.
Comparativa cuantitativa y umbrales analíticos
Régimen / Estado
Droga dominante
Participación estimada (o proporción) del narcotráfico en la economía estatal / redes estatales
Grado de penetración estatal (corruptelas, control territorial)
Comentarios geopolíticos
Afganistán (Talibán)
Opio / heroína
Ingresos del opio equivalentes a ~ 50 % de la economía legal en 2005 (estimado)
Alta — redes insurgentes controlan territorios rurales, trafican con apoyo local
Narcotráfico como motor de capacidad militar e influencia regional
Myanmar
Opio
No estimado con claridad; nuevo líder global en producción
Media-alta — Estado fragmentado, milicias locales compiten con el poder central
Estado con zona de baja soberanía efectiva
Colombia
Cocaína
No hay cifra que indique que el narcotráfico financie el Estado nacional
Media — alta presencia en zonas rurales, colusión local
Estado fuerte pero fragmentado por actores armados y redes criminales
Venezuela
Cocaína / tránsito
Diversos informes apuntan a colusión estatal y participación de élites
Alta — funcionarios implicados, uso de territorio estatal para tránsito
Candidato a narco-estado pleno según analistas
Guinea-Bissau
Cocaína (tránsito)
El tráfico sostiene redes políticas corruptas y militarizadas
Alta — el Estado actúa como facilitador
Estado en competencia funcional con redes narcotraficantes
Siria
Captagón / drogas sintéticas
Ingresos ilícitos estimados en decenas de miles de millones de USD
Muy alta — el aparato estatal gestiona producción, rutas y distribución
Caso paradigmático del Estado como actor narco integrado
Este cuadro muestra que no basta cultivar mucho para considerarse un narco-estado: el criterio decisivo es la penetración estatal estructural (control, colusión, dependencia) y el uso activo del narcotráfico en la política estatal.
Factores impulsadores y dinámicas estructurales
Del análisis comparado emergen factores comunes que predisponen a un país a transitar hacia un narco-estado:
1. Debilidad institucional previa con territorios sin control estatal: zonas montañosas, fronterizas o rurales aisladas permiten cultivos ilícitos y rutas de transporte no vigiladas.
2. Conflicto armado o régimen autoritario que copa redes criminales: en guerras civiles (Siria, Afganistán) o dictaduras enclaustradas (Venezuela), el Estado puede subcontratar redes delictivas como socios funcionales.
3. Sanciones internacionales o aislamiento económico: en ese contexto, el narcotráfico provee divisas difíciles de obtener por canales legales.
4. Dependencia económica de cultivos ilícitos para comunidades locales: muchos campesinos carecen de alternativas agrícolas viables, por lo cual los incentivos del cultivo de drogas son superiores (ver estudio “Is povertydriving the Afghan opium boom?”).
5. Corrupción sistémica arraigada: oficiales, jueces, fuerzas policiales o militares que aceptan sobornos o participan activamente en redes criminales.
6. Conectividad geográfica con mercados de consumo: países situados en rutas de tránsito tienen incentivos naturales para transformarse en centros logísticos o de procesamiento (por ejemplo, Guinea-Bissau para cocaína a Europa).
Desde la óptica geopolítica, los narco-estados pueden actuar como actores “medios” oscuros: no plenamente regulados por el sistema internacional, pero relevantes en rutas de tránsito y zonas de inestabilidad regional.
Riesgos, implicaciones y tendencias futuras
1. Desestabilización regional: los países vecinos sufren aumento del tráfico, violencia fronteriza y economías ilícitas transnacionales. Por ejemplo, Siria opera rutas hacia Arabia Saudita, Turquía y Jordania.
2. Erosión del Estado de derecho y gobernabilidad interna: cuando el Estado se vuelve cliente o protege a mafias, la legitimidad cae y se institucionaliza la impunidad.
3. Retroalimentación criminal: el dinero del narcotráfico puede lavarse en inversiones legales, financiar elecciones, comprar voluntades y capturar instituciones.
4. Adaptación según las presiones externas: por ejemplo, la prohibición talibán al opio en Afganistán ha impulsado un viraje hacia metanfetaminas o drogas sintéticas (nuevo “drugof choice”).
5. Batalla ontológica entre soberanía formal e ilegalidad: muchos Estados quedan atrapados entre ejercer soberanía y tolerar zonas de sombra donde operan redes fuera del control directo.
6. Presión global y dilemas internacionales: golpes diplomáticos, sanciones, cooperación antinarcóticos o intervención pueden exacerbar la tensión entre lucha antinarco y soberanía nacional.
Conclusiones
Los regímenes que entran en la órbita del narco-estado no son meras anécdotas criminales, sino manifestaciones de un cruce estructural entre ilicitud, política y debilidad estatal. Aunque no hay muchos casos “puros” de narco-estado completo, regímenes como Siria, Venezuela o Afganistán (bajo control talibán) se acercan peligrosamente al umbral.
Desde una mirada estratégica:
• Los mecanismos de transición hacia un narco-estado deben identificarse tempranamente (corrupción, zonas fuera del control estatal, cultivos ilícitos emergentes).
• Las intervenciones internacionales (sanciones, cooperación) deben calibrarse para no reforzar la lógica de dependencia criminal.
• Las estrategias nacionales de desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional y presencia estatal son indispensables para subvertir la lógica del narcotráfico como fuente dominante de ingreso.
• Para los analistas geopolíticos, los narco-estados pueden funcionar como “cleptodemocracias participativas del crimen”: híbridos donde lo ilegal empalma con lo formal.
Edison Cadena Ayala, Mail: edisoncadena68@gmail.com, Website : seinnational.com
Bibliografía (seleccionada)
• International Narcotics Control Strategy Report (2025). U.S. Department of State.
• Newlines Institute, The Fall of the Captagon Kingdom (2024)
• UNODC, Afghanistan Opium Survey 2023
• UNODC, Crop Monitoring & alternative development projects
• Chouvy, P.-A., & Su, X. (2018). Fragmented sovereignty and the geopolitics of illicit drugs. Sci. Direct.
• Ghiabi, M. (2022). Critique of everyday narco-capitalism. PMC.
• Collins, J. (2021). Colombia, the Drug Wars and the Politics of Drug Policy. JIED. Revista de Economías Ilegales y Desarrollo.
• The Soufan Center, IntelBrief: Syria Emerging as Major Narco-State (2023)
• Ap News, Myanmar is now world’s top opium producer (2023)
• El País / UN reports on coca cultivation in Colombia (2024)
Fernando Vaccotti 