La línea que separa la protesta social de la violencia criminal se vuelve difusa en un Ecuador atrapado entre el conflicto político y la ofensiva de las mafias.
Por Fernando Vaccotti
En la noche del martes 14 al miércoles 15 de octubre, un vehículo explotó frente a un centro comercial en Guayaquil, en los accesos al Mall del Sol, dejando al menos una persona muerta y varios heridos, según informes de la Fiscalía y las autoridades locales. Un segundo vehículo con explosivos fue hallado en las cercanías y desactivado por la policía.
Las imágenes de cámaras de vigilancia muestran que el auto estalló luego de incendiarse, precipitándose la detonación. El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, calificó el hecho como un acto terrorista y prometió que los responsables serían capturados y sancionados con todo el peso de la ley.
Este episodio no es aislado, forma parte de una serie de actos explosivos ocurridos en pocas horas en distintos puntos del país, incluyendo detonaciones en puentes costeros. En paralelo, el gobierno ha potenciado su política de despliegue militar y policial en las provincias afectadas por el paro indígena, intensificando los operativos en distintos frentes.
Así, el atentado del Mall del Sol se inserta en un momento de gran tensión ya que en más de 20 días de paro nacional indefinido convocado por la CONAIE, movilizaciones constantes, cierre de carreteras, enfrentamientos y una crisis de gobernabilidad en la que el Estado ha recurrido a estados de excepción y medidas de restricción.
La pregunta crucial es si este ataque una escalada del paro armado o responde a una ofensiva del crimen organizado con objetivos propios.
El contexto del paro armado: cronología, demandas y medidas estatales
Origen y desarrollo del paro
22 de septiembre de 2025: distintas bases del movimiento indígena convocaron a un paro nacional en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, mediante el cual el gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. Las demandas del paro incluyen la restitución del subsidio al diésel, la reducción del IVA, mayor inversión en salud, educación, y garantías de consulta previa en explotación de recursos naturales, entre otras. Desde los primeros días, el gobierno respondió con acciones estrictas declarando estado de excepción en varias provincias.
El Decreto Ejecutivo 174, firmado el 4 de octubre, estableció estado de excepción por 60 días en diez provincias, suspendiendo la libertad de reunión las 24 horas del día en esos territorios. En ese contexto, la CONAIE rechazó la medida, denunciando una “militarización de las comunidades” y criminalización de la protesta social.
Al momento del atentado, el país llevaba ya más de 20 días en movilización, con provincias bajo régimen excepcional (Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos, Pastaza) .
La escalada de violencia paralela al paro
Durante este mismo periodo de crisis social, se han registrado varios hechos violentos atribuibles a distintas organizaciones criminales:
En marzo de 2025, un coche bomba explotó en la entrada de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejando un agente penitenciario muerto y dos heridos.
En el ámbito rural, el 9 de mayo de 2025 se produjo la emboscada en Alto Punino (provincia de Orellana), en un operativo contra la minería ilegal, donde 11 militares ecuatorianos fallecieron. Se atribuyó el ataque a un grupo armado irregular (Comando de la Frontera) vinculado al narcotráfico o minería ilícita.
También recientemente hubo un ataque al convoy presidencial cuando Noboa transitaba por la región de Cañar y manifestantes habrían lanzado piedras y disparos contra su vehículo, aunque el presidente resultó ileso.
Asimismo, imágenes que circularon de un manifestante moribundo golpeado por militares provocaron indignación y reavivaron denuncias contra el uso excesivo de la fuerza estatal. El manifestante, identificado como Efraín Fueres, murió en un hospital luego de ese trato. Bajo la presidencia de Noboa, el país ha registrado denuncias de desapariciones forzadas atribuibles a fuerzas militares, vinculado con la declaración de un “conflicto armado interno” por parte del Ejecutivo.
Este escenario muestra que las fronteras entre violencia política, protesta y crimen organizado están siendo tensadas al punto de superposición.
La hipótesis de crimen organizado frente a la hipótesis del paro
La hipótesis de que este evento ha sido obra del crimen organizado se basa en los siguientes factores:
Calidad técnica del atentado
La construcción del artefacto parece profesional, la detonación controlada, el uso estratégico del vehículo incendiado como detonador; estos rasgos sugieren una planificación y pericia técnica más comunes entre organizaciones criminales con rutas de financiamiento y experiencia en explosivos que relativos a los desbordes violentos de los elementos de CONAIE.
Atacar un centro comercial como el Mall del Sol maximiza el efecto mediático y genera temor en un espacio de consumo cotidiano. No es una reivindicación directa hacia el Estado o hacia demandas sociales específicas, sino una demostración de poder. Esa lógica coincide más con estrategias de bandas criminales e internacionales que con demandas sociales.
Blanco urbano de alto impacto y simbología del caos.
Coherencia con otras acciones violentas delictivas recientes.
En los días previos ya se habían registrado explosiones en puentes costeros, atentados menores e intentos de sabotaje en infraestructura vial. Esta oleada de violencia coordinada muestra una línea de acción de carácter sistemático, más que aislada, que sea motivo de presión al Estado
Las organizaciones criminales podrían buscar erosionar la autoridad estatal en zonas urbanas, presionar a las fuerzas de seguridad o distraerlas del control territorial. En una coyuntura de debilitamiento institucional por el paro, el golpe puede ser funcional a su expansión.
Ausencia de reivindicación política clara.
Hasta ahora no existe un comunicado del paro indígena que asuma responsabilidad sobre el ataque, ni que lo reivindique con su simbología. Esa vacancia favorece la tesis de que actores externos al movimiento social son los responsables.
Debilidades de esa hipótesis o críticas que hay que atender
El gobierno podría tener interés en atribuirlo al crimen organizado para reforzar su narrativa de que el paro está ligado al narco, legitimando medidas de mano dura.
Ese sesgo interpretativo debe tenerse en cuenta con cautela. La simultaneidad del paro y de actos violentos podría generar una convergencia de intereses: grupos criminales aprovecharían la logística del paro (bloqueos, distracciones) para moverse con mayor libertad. Hay riesgo de que la percepción pública relacione automáticamente todo acto violento con la protesta social, sin distinguir grados de responsabilidad.
Hipótesis alternativa: una escalada del paro o grupos radicalizados internos
En esta versión, facciones extremas dentro del movimiento podrían haber optado por métodos de violencia extrema -como el coche bomba- en un punto de radicalización. Pero ese salto estratégico implicaría recursos logísticos sólidos, acceso a explosivos y coordinación que no se ha evidenciado públicamente hasta ahora. Más aún, asumir que el paro indígena impulsa ataques terroristas implicaría un distanciamiento profundo con su narrativa histórica de protestas sociales, lo cual resultaría inverosímil sin comunicados que lo respalden.
Implicaciones políticas, sociales y estratégicas
Riesgo de guerra híbrida en territorio urbano
Si el crimen organizado entra de lleno en escena con ataques explosivos contra infraestructura civil, el conflicto se transforma, deja de ser una confrontación entre manifestantes y Estado para convertirse en un enfrentamiento de control territorial más profundo.
Aumento de medidas autoritarias y militarización
El gobierno encontrará justificaciones para endurecer los estados de excepción, desplegar más tropas y reducir libertades civiles, lo que puede generar un punto de quiebre en derechos humanos.
Confusión narrativa que debilita al paro
Si la opinión pública asocia la protesta social con actos terroristas, se socava la legitimidad de las demandas indígenas y se da espacio al discurso de criminalización.
Desplazamiento del foco del conflicto
El Estado puede reorientar sus recursos hacia el combate antiterrorista urbano y descuidar las mesas de diálogo social, incentivando una escalada militarizada en lugar de política.
Necesidad urgente de transparencia e investigación independiente
Para evitar interpretaciones sesgadas, debe exigirse la publicación de peritajes (origen de explosivos, huellas, cadenas de custodia) y participación de veedores neutros (organizaciones de derechos humanos, prensa independiente).
Algunas reflexiones
El atentado con coche bomba frente al Mall del Sol constituye un salto crítico en la crisis ecuatoriana. Si bien ocurre en el contexto del paro armado convocado por la CONAIE, los elementos técnicos, la ausencia de reivindicación y la sintonía con acciones criminales previas hacen más plausible la hipótesis de que responde a una ofensiva del crimen organizado que busca golpear al Estado en un momento de mayor fragilidad institucional.
No obstante, esa hipótesis no debe afirmarse con dogmatismo: las investigaciones oficiales -y su transparencia- serán decisivas para determinar quién realmente se benefició con este ataque.
Lo que sí parece claro es que Ecuador está ante un punto de inflexión: pasar de conflicto social a un enfrentamiento estratégico con actores armados.
Si el Estado responde con represión indiscriminada, carga ideológica y sin apertura política, se corre el riesgo de entrar en una dinámica de destrucción mutua donde pierde la ciudadanía.
Fernando Vaccotti 