El caso Cardama y la gestión de la Defensa Nacional entre la necesidad operativa y la desprolijidad política
OPINIÓN Por CN (R) Fernando Vaccotti
Una necesidad estratégica, no un capricho
Uruguay necesita con urgencia recuperar su capacidad de control sobre el espacio marítimo. Las patrulleras oceánicas (OPV- Offshore Patrol Vessel) son embarcaciones de gran autonomía y resistencia, esenciales para proteger los recursos naturales, ejercer soberanía sobre nuestras aguas y enfrentar fenómenos como la pesca ilegal, el contrabando y el narcotráfico transnacional.
La Armada Nacional lo sabe y lo siente, lleva años operando con medios obsoletos, muchas veces al límite de su vida útil. El proyecto de adquirir nuevas OPV no era una iniciativa más si no que significaba un paso estratégico para el país y una deuda histórica con quienes cumplen la misión de custodiar el mar territorial uruguayo.
De la necesidad al escándalo
Sin embargo, una necesidad técnica se transformó en un conflicto político y judicial. El contrato firmado durante el gobierno 2020-2025 con el astillero español Cardama terminó revelando falencias graves en su ejecución y control cerrando un período en que la Defensa en rasgos generales no fue bien tratada, quizás producto de lo que siempre pregonamos en materia de la idoneidad que deben tener necesariamente ciertas designaciones políticas.
La empresa no tenía antecedentes en la construcción de este tipo de buques y presentó una oferta llamativamente baja frente a competidores más calificados, entre ellos una firma china que fue desplazada bajo presiones externas.
Lo más grave fue la aceptación por parte del entonces Ministerio de Defensa de una garantía incompleta, tardía y finalmente ineficaz, que no cubría el total del proceso de construcción ni los plazos posteriores previstos. En términos simples, el Estado asumió un riesgo que no debía asumir.
Fondos públicos y responsabilidad política
El manejo de fondos públicos exige transparencia, profesionalismo y responsabilidad. Pero lo que se observa en este caso es una mezcla de improvisación y tolerancia política frente a una operación de 82 millones de euros.
En cualquier país con estándares sólidos de control público, los responsables ya habrían sido interpelados, separados del cargo o, como mínimo, sometidos a una investigación parlamentaria profunda. En Uruguay, en cambio, todo parece resolverse con declaraciones, acusaciones cruzadas y un discurso de defensa partidaria que elude lo esencial, la rendición de cuentas ante la justicia y en especial ante la sociedad.
El resultado es doblemente negativo, no sólo se frustró una inversión crítica para la defensa nacional, sino que se dañó la credibilidad institucional del país en el ámbito internacional.
Defensa, transparencia y ética pública
La defensa nacional no puede ni debe ser un terreno para los negocios opacos, la desidia administrativa o las agendas partidarias. Cada decisión en este ámbito tiene impacto directo en la soberanía, en la proyección marítima y en la imagen de un Estado que dice querer modernizarse.
La transparencia no debe ser una consigna de campaña si no un compromiso ético y una obligación de Estado. Y cuando se la omite en temas tan sensibles como la defensa nacional, el daño no es sólo económico: es institucional, moral y estratégico.
Las OPV siguen siendo necesarias. La Armada sigue esperando y su gente, abnegada como pocas, se mantiene en silencio observando cómo se la sigue atacando desde diversos frentes. No va a detenerse porque su propia génesis y la importancia de su tarea van a hacer que se supere una vez más un mal momento genrado por malos opacos manejos políticos.
Mientras tanto, la sociedad observa cómo la falta de planificación, los intereses cruzados y la ausencia de controles terminan hundiendo, una vez más, un proyecto vital para el país.
La historia reciente demuestra que cuando la política invade la gestión técnica de la defensa, los resultados nunca flotan: se hunden.
Fernando Vaccotti 