Por Fernando Vaccotti
Apenas dos meses después de la conferencia “Latinoamérica en Llamas” realizada el 29 de agosto de 2025 en el Centro Cultural Azotea de Haedo (Punta del Este), los escenarios anticipados se confirman: Perú en crisis, Ecuador bajo asedio, Chile en tensión social y el Caribe al borde de un conflicto militar regional.
El fuego se expandió
El 29 de agosto de 2025, durante la conferencia “Latinoamérica en Llamas”, llevada a cabo en Punta del Este, advertimos que la región estaba ingresando en una nueva etapa de mutación criminal y política.
Señalábamos que las democracias debilitadas, las instituciones permeadas y las economías ilícitas estaban reconfigurando el mapa de poder continental.
Dos meses después, esa advertencia se cumple con precisión. Colombia, Haití, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Honduras, México, Argentina y Uruguay enfrentan hoy distintos grados de colapso en materia de seguridad interna e institucional, pero todos comparten un mismo patrón: el aterrizaje del crimen organizado en el corazón del Estado.
El crimen ya no es un actor periférico, se ha convertido en parte del sistema, disputando legitimidad, control y narrativa. La violencia física se complementa con la digital, la económica y la simbólica. La región libra una guerra silenciosa por el control del territorio, de los recursos y de la mente colectiva. Guerra híbrida y cognitiva.
Ecuador: del paro armado a la guerra interna
Ecuador se ha transformado en el laboratorio más visible del colapso estatal latinoamericano. En apenas semanas, el país pasó del desborde delictivo a un escenario de guerra híbrida donde convergen crimen organizado, insurgencia social y fractura institucional.
El gigantesco paro armado indígena, que mantuvo al país paralizado durante más de un mes y se levantó recién hoy, dejó pérdidas económicas millonarias, una infraestructura colapsada y una ciudadanía exhausta. Pero, sobre todo, dejó al descubierto la fragilidad del Estado.
Durante el paro, la violencia escaló sin precedentes, decenas de muertos en cárceles bajo control de bandas, atentados contra funcionarios y un ataque directo contra el presidente Daniel Noboa, cuyo convoy fue emboscado en circunstancias aún bajo investigación.
El hecho más grave ocurrió en Guayaquil, cuando un carro bomba explotó en pleno centro financiero, dejando varios muertos y heridos, mientras otros dos artefactos fueron desactivados a tiempo.
En paralelo, la frontera norte – especialmente las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos – continúa siendo un teatro de guerra irregular. Allí confluyen disidencias de las FARC, redes de minería ilegal, contrabando de oro y estructuras de narcotráfico. En esa zona gris entre crimen, protesta y rebelión, Ecuador encarna el nuevo modelo de la violencia latinoamericana, un Estado sitiado simultáneamente desde adentro y desde afuera.
Perú, Colombia, fracturas políticas y guerras superpuestas
En Perú, la caída de Dina Boluarte y la instauración del estado de emergencia marcaron un punto de inflexión. Las Fuerzas Armadas regresaron al control interno no como garantía de seguridad, sino como mecanismo de supervivencia institucional.
La militarización del orden civil confirma que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y, con él, la confianza social.
Mientras tanto, Colombia enfrenta una guerra reconfigurada. Las disidencias de las FARC y el ELN han recuperado poder territorial, controlan corredores estratégicos y operan incluso en coordinación transfronteriza con grupos venezolanos. Los enfrentamientos en Arauca y Apure muestran que el conflicto nunca terminó y se transformó en una guerra irregular empresarial, donde la política y la economía ilícita se confunden.
Del malestar social al control criminal
Chile experimenta un nuevo tipo de desbordamiento: la tensión entre un proceso constituyente inconcluso y la expansión del crimen en los barrios periféricos. Las bandas se adaptan al entorno social, sustituyen al Estado en servicios básicos y ofrecen protección a cambio de silencio.
En Honduras y México, el poder criminal se ha institucionalizado. Los carteles ya no se enfrentan al Estado, lo administran desde adentro, penetrando partidos, municipios y ministerios. Las maras MS13 y Barrio 18 controlan territorios dentro de Honduras y se proyectan incluso hasta Europa.
Y en el Cono Sur, Argentina y Uruguay ya sienten el impacto de la globalización criminal. Los puertos del Río de la Plata, las zonas francas y los corredores logísticos se han convertido en plataformas para la exportación de cocaína y lavado de capitales, insertando a ambos países en la red transnacional del narcotráfico. Mientras tanto, el incremento del número de homicidios ha alcanzado récords históricos en un Uruguay que no encuentra la solución para neutralizar ese delito.
El Caribe y la amenaza hemisférica
El eje Venezuela–Colombia se consolida como un espacio de conflicto híbrido. En territorio venezolano operan grupos armados bajo amparo político, mientras la frontera se transforma en una franja sin ley.
El Caribe, por su parte, adquiere un papel estratégico, ruta del tráfico, refugio financiero y área de influencia para potencias extrarregionales. El riesgo de una escalada regional con componentes militares, económicos y comunicacionales es ya una hipótesis plausible.
La posibilidad de acciones militares en territorio venezolano ya largamente anunciada por el presidente de los Estados Unidos es un factor palanca en el enfoque de seguridad y la guerra entablada a los carteles de la droga y en especial al Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, usurpador del poder en Venezuela.
El nuevo paradigma criminal
Como sostienen algunos investigadores especializados y nosotros suscribimos y ampliamos, la región atraviesa la cuarta ola del crimen organizado, una etapa en la que las estructuras ilícitas no buscan desafiar al Estado, sino reemplazarlo, replicarlo y colonizarlo.
El crimen organizado se ha convertido en un modelo alternativo de gobernanza. Regula la economía, impone justicia, otorga empleo y compra legitimidad. Su poder no necesita visibilidad: se mide en control, no en votos.
La región está en disputa
Latinoamérica arde.
El fuego no solo proviene de la violencia, sino del descrédito institucional, la corrupción estructural y la desconfianza ciudadana. La expansión del crimen organizado y la fragmentación de los Estados han dado paso a una nueva era de guerras: físicas, cognitivas y financieras.
Haití y la implosión total del Estado
Haití continúa en caída libre y se ha transformado en el epicentro del desgobierno absoluto en el Caribe. Las bandas armadas controlan más del 80 % de Puerto Príncipe, el sistema judicial está paralizado y la policía nacional apenas sobrevive en enclaves protegidos por misiones internacionales.
Las calles están gobernadas por coaliciones criminales que reemplazan al Estado, administran territorios, cobran impuestos y ejercen justicia por mano propia.
La crisis humanitaria se profundiza, miles de desplazados, escasez crónica de alimentos y una violencia que combina componente político, tribal y económico. La inminente intervención internacional, promovida por Kenia con apoyo logístico de Estados Unidos, busca contener el caos, pero llega tarde y sin consenso local. La ONU debe tomar acciones urgentes. Haití es hoy el espejo más descarnado de lo que ocurre cuando el Estado se derrumba por completo y el crimen se convierte en gobierno y la anarquía en régimen.
Lo que dijimos en Punta del Este el 29 de agosto dejó de ser advertencia: es evidencia.
El fuego que comenzó en los márgenes hoy consume el centro.
Fernando Vaccotti 