Por Fernando Vaccotti
Colombia atraviesa una de las etapas más críticas desde la firma del Acuerdo de Paz.
La violencia regresó al corazón político y urbano del país, con atentados dirigidos contra senadores, gobernadores, instalaciones públicas y oleoductos estratégicos.
Lo que antes se leía como “conflicto armado interno” hoy se manifiesta como una guerra híbrida, donde el crimen organizado, la política y la geopolítica regional se entrelazan.
Desde 2022, bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia vive una mutación estructural de su violencia, representada por la fragmentación territorial, las alianzas criminales y las tensiones diplomáticas que se han convertido en un solo fenómeno.
El país oscila entre la paz prometida y el caos funcional. El factor Álvaro Uribe Vélez y su resurgimiento público sigue siendo una variable estructural en la política colombiana.
Geografía del riesgo: un país fracturado
La violencia ya no responde a lógicas ideológicas ni a territorios definidos, responde al control de economías criminales y poder local.
Así, el mapa se ha reconfigurado en tres niveles:
Suroccidente (Cauca, Valle, Nariño, Putumayo): el laboratorio del nuevo conflicto. Aquí se cruzan minería ilegal, narcotráfico, control social y ataques de visibilidad mediática.
Nororiente (Arauca, Catatumbo): dominio del ELN, guerra de oleoductos, frontera caliente.
Bogotá y eje cafetero: irrupción del crimen urbano organizado, atentados selectivos y células híbridas con motivaciones mixtas.
La inteligencia estatal opera en modo reactivo. El Estado llega después del estallido, nunca antes. Y en ese vacío, los grupos ilegales actúan como autoridades de facto.
Nuevos actores y métodos
El rostro del conflicto cambió.
El EMC-FARC (Estado Mayor Central) se consolidó como el actor armado más agresivo, con frentes como Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. El ELN mantiene control territorial y una diplomacia armada que alterna mesa de diálogo con ofensiva táctica. El Clan del Golfo opera desde la economía criminal, integrando rutas, minería, puertos y lavado.
La violencia ya no distingue entre lo civil y lo militar: motos bomba, carrobombas, drones improvisados, sabotajes a energía y oleoductos forman parte del repertorio habitual.
El mensaje es simple: mostrar poder, crear miedo y disputar soberanía.
Casos emblemáticos: el salto al centro político
El atentado contra Miguel Uribe Turbay.
El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial fue atacado a tiros en Bogotá.
El agresor – un menor de edad armado con una Glock 9 mm- marcó el regreso de los magnicidios como lenguaje político.
Uribe Turbay murió semanas después, convirtiéndose en símbolo del deterioro de la seguridad política.
Ataques coordinados en Cali y Cauca (junio 2025)
Más de 20 acciones simultáneas entre carrobombas, hostigamientos, explosiones.
El EMC-FARC mostró capacidad de planificación y control de narrativa y envió un poderoso mensaje: el Estado no domina el territorio.
Doble camión bomba en Cali (agosto 2025)
Siete civiles muertos y decenas de heridos.
El ataque confirmó que los grupos insurgentes reconfigurados ya no operan en la selva: operan en las avenidas.
Carrobomba en Suárez, Cauca (noviembre 2025)
Dos muertos y más de una docena de heridos.
El patrón se repite con ataques de alto impacto, sobre blancos simbólicos, en municipios que funcionan como frontera entre el Estado y el crimen.
Un cambio de actitud de Petro: diplomacia, sanciones y crimen transnacional
El escenario interno se agravó con una crisis diplomática inédita. En julio 2025, los Estados Unidos de Norteamérica designaron al Cartel de los Soles – brazo criminal del régimen de Maduro – como organización terrorista internacional, y desplegaron un cerco naval en el Caribe para cortar rutas de narcotráfico y contrabando. Se ofrecen recompensas por brindar información que ayude a la captura de Maduro, Cabello y Padrino.
La reacción de Petro marcó un quiebre histórico al declarar su apoyo explícito a Nicolás Maduro, mientras el líder venezolano era formalmente requerido por delitos de narcotráfico. Revocación de su visa por Washington y sanciones personales a su familia (octubre 2025) como ser congelamiento de cuentas y bloqueo financiero. Discurso desafiante: “ni un paso atrás, y nunca de rodillas”.
El resultado fue un cambio de alineamiento estratégico. Por primera vez en décadas, Colombia dejó de ser un aliado central de EE.UU. en la lucha antidrogas y pasó a ocupar una posición ambigua entre Caracas y Washington.
Las consecuencias se proyectan en tres niveles:
Seguridad interna debilitada: los grupos armados perciben grietas políticas y operativas.
Inteligencia en retroceso: ruptura en los flujos de información y cooperación antinarcóticos.
Geopolítica alterada: Colombia pasa a ser escenario de competencia entre crimen, Estado y potencias.
Infraestructura crítica bajo asedio
El conflicto actual se libra en la red arterial del país:
Oleoducto Caño Limón–Coveñas: ataques y derrames; operaciones suspendidas en julio 2025. Oleoducto Transandino: voladuras repetidas; paralización ordenada por la Corte Constitucional. Estaciones policiales y carreteras estratégicas: objetivos tácticos de alto valor.
Estos ataques combinan impacto económico, ecológico y político e interrumpen exportaciones, generan pánico y proyectan la imagen de un Estado vulnerable.
Efectos políticos y económicos
La violencia híbrida reconfigura la vida política:
La política se encarece, seguridad privada, chalecos, logística. La ciudadanía se retrae, miedo, abstención, autocensura.
El crimen coloniza el discurso público, apropiándose del relato de “orden”. La economía se resiente: bloqueos, rutas cerradas, fuga de capitales. Las democracias vecinas miran con alarma el efecto contagio regional.
Prevención e inteligencia de anticipación
La única respuesta viable es inteligencia de anticipación, no represión tardía.
Detectar señales antes del estallido como movimientos financieros anómalos, compras de vehículos o insumos sospechosos, patrones de reclutamiento juvenil, y nuevas alianzas territoriales entre crimen y política.
Se requiere una arquitectura de inteligencia regional, cooperación con países afines y trazabilidad de flujos económicos que financian la violencia.
Sin eso, el país seguirá actuando a ciegas.
Algunas conclusiones
Colombia está en transición entre la paz discursiva y la violencia funcional.
Los atentados ya no son episodios, son instrumentos de poder.
El crimen opera como un proto-Estado paralelo que regula miedo, economía y política.
“La violencia política no es un retorno al pasado: es la manifestación contemporánea de una soberanía en disputa.”
Si el Estado no reconstruye legitimidad, otros lo harán. Y en ese vacío, la gobernabilidad se reemplaza por la administración del miedo.
Datos destacados
- En años recientes Colombia recibía hasta ≈ US$ 440 millones anuales por parte de USAID para programas de construcción de paz, derechos humanos, iniciativas de reintegración y desarrollo alternativo.
- Entre 2018 y marzo de 2024, la cooperación bilateral de EE.UU. con Colombia (incluyendo asistencia militar) acumuló aproximadamente US$ 3.23 mil millones.
- Para el 2023, se estimaba que Colombia había recibido más de US$ 740 millones en asistencia de EE.UU. según datos periodísticos.
Vacíos y dinámicas de cambio
- En 2025 se reportó que varios programas de USAID fueron congelados o suspendidos, lo que genera incertidumbre sobre montos futuros.
- También en 2025 se anunció un recorte o suspensión de parte de la ayuda de EE.UU. a Colombia, lo que impactará la cifra total.
Rubros principales de asistencia
Cooperación humanitaria / desplazados internos.
Ayuda para construcción de paz y reintegración (desmovilización de combatientes, programas sociales en zonas de conflicto).
Asistencia militar y de seguridad (equipamiento, entrenamiento, cooperación antinarcóticos).
Desarrollo económico-social y programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Medio ambiente/conservación (por ejemplo programas en la Amazonía).
La cooperación de los Estados Unidos con Colombia se ha dado durante décadas bajo múltiples rubros: asistencia militar, seguridad, desarrollo social, construcción de paz, medio ambiente y humanitaria. Sin embargo, los montos, distribución por rubro y condiciones han variado sustancialmente en los últimos años, y más aún bajo el gobierno de Gustavo Petro, cuando empezaron a observarse interrupciones y congelamientos de programas.
Tabla: Ayuda de EE.UU. a Colombia (rubros seleccionados)
| Año / Periodo | Rubro | Monto estimado* | Fuente / Notas |
|---|---|---|---|
| 2023 | Asistencia total bilateral | US$ 743 369 476 | “U.S. Foreign Assistance by Country – Colombia” sitio oficial. |
| Últimos años (hasta mar-2024) | Cooperación bilateral (militar + desarrollo) | ~ US$ 3.23 mil millones | Reuters señala que entre 2018 y marzo de 2024 acumuló ese monto. |
| Circa 2024/25 | Programas de la USAID (desarrollo / paz) | Hasta US$ 440 millones/año | Reuters indica suspensión de fondos; ese era el nivel estimado. |
| 2025 (proyección) | Programas de USAID para Colombia | US$ ~ US$ 413 millones | Según el Ministro de Ambiente colombiano, propuesta para 2025. |
* “Monto estimado” porque no siempre están desglosados públicamente por rubros muy finos (militar vs desarrollo vs medio ambiente vs paz).
Seguridad, legitimidad y poder en disputa
Escenarios hacia las elecciones 2026 en Colombia
Colombia se aproxima a unas elecciones marcadas por una atmósfera de violencia política, desconfianza institucional y reacomodo geopolítico.
La combinación de atentados, sanciones internacionales y fragmentación del orden interno crea un entorno electoral de alto riesgo y consecuencias hemisféricas.
Proyección regional
El proceso colombiano trasciende sus fronteras.
Si el país entra en un ciclo de inestabilidad electoral, los efectos de desborde se sentirán en:
- Ecuador y Panamá (rutas del narcotráfico y migración irregular).
- Venezuela (uso del territorio como retaguardia de grupos armados y lavado).
- Caribe y EE.UU. (cerco naval, monitoreo de inteligencia y control marítimo de flujos ilícitos).
El Caribe se transforma así en un espacio estratégico de contención: no solo contra el narcotráfico, sino también contra el contagio político.
Colombia se enfrenta a una elección que definirá no solo un presidente, sino el tipo de Estado que sobrevivirá a esta etapa.
El país deberá elegir entre:
- reconstruir legitimidad, seguridad y alianzas,
o - profundizar la deriva hacia una gobernabilidad de supervivencia, donde el crimen organiza la política y el Estado gestiona su propia fragilidad.
“La política colombiana entra en modo de emergencia.
Cada voto será una decisión entre orden o disolución, entre autoridad o miedo.”
Matriz de Riesgo Político (2025-2026)
| Variable clave | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| Violencia política | Magnitud y frecuencia de atentados contra candidatos, sedes o votantes. | Alto |
| Seguridad territorial | Control real de FF.AA. sobre corredores estratégicos. | Muy alto |
| Cooperación internacional | Nivel de cooperación USA-Colombia (inteligencia, antinarcóticos, financiación). | Alto |
| Economía y desempleo | Condición socioeconómica general y percepción de bienestar. | Medio |
| Percepción presidencial | Nivel de aprobación de Petro y su capacidad de sostener alianzas. | Muy alto |
| Polarización mediática | Intensidad del enfrentamiento discursivo en medios y redes. | Medio-alto |
Escenario “Desbordamiento y crisis de gobernabilidad” (probabilidad media-alta / indeseable)
El Estado no logra controlar la escalada de violencia ni garantizar condiciones electorales en regiones clave.
- Se multiplican los atentados, secuestros y desplazamientos previos a los comicios.
- Zonas enteras o “territorios grises” quedan fuera de la administración electoral formal.
- Grupos criminales o armados interfieren directamente en la elección local mediante coerción o manipulación de votos.
- El discurso anti-EE.UU. y el alineamiento con regímenes autoritarios profundizan el aislamiento diplomático.
Resultado probable:
Una elección fragmentada, con resultados contestados, baja participación (<40 %), y crisis de gobernabilidad inmediata.
Riesgo: ruptura del equilibrio institucional, protestas masivas y posibilidad de estado de excepción parcial.
Fernando Vaccotti 