OPINIÓN
Las recientes declaraciones del periodista español Javier Negre sobre Uruguay no deberían leerse como una anécdota mediática ni como una provocación ideológica aislada. Más allá del tono y de las exageraciones evidentes, lo relevante es que ese discurso hoy circula en entornos políticos y mediáticos cercanos al poder en Washington. Y cuando un país empieza a ser observado desde afuera como un eslabón débil en materia de seguridad, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser estratégico.
Nota biográfica: Javier Negre es un periodista y empresario de medios español, identificado con posiciones conservadoras y alineado con corrientes políticas de derecha. Es fundador y director de La Derecha Diario, medio digital con presencia en España y Latinoamérica, y de EDATV, canal audiovisual de opinión política en España. En los últimos años ha impulsado la expansión de sus plataformas mediáticas hacia Estados Unidos, con un nuevo canal con base en Washington, integrado por colaboradores cercanos al entorno del expresidente Donald Trump.
Negre ha ganado visibilidad por su estilo confrontativo, su crítica abierta a gobiernos y movimientos de izquierda, y su cercanía declarada a sectores del trumpismo y del conservadurismo internacional. Ha participado en entrevistas, eventos y coberturas en Estados Unidos, incluyendo actividades en Mar-a-Lago, lo que ha reforzado su posicionamiento como actor mediático vinculado a la nueva derecha transatlántica.
Sus intervenciones suelen combinar análisis político, opinión ideológica y denuncias sobre corrupción, narcotráfico y seguridad, especialmente en el contexto latinoamericano. Sus posturas generan adhesiones y controversias, y son seguidas tanto por audiencias conservadoras como por críticos que cuestionan su enfoque y metodología periodística.
Negre no habla como analista neutral. Su mirada está claramente alineada con el trumpismo, con una narrativa que combina seguridad, narcotráfico, orden y “amenazas hemisféricas”. Ese encuadre obliga a filtrar sus afirmaciones. Pero filtrar no es negar. Y ahí aparece el punto incómodo: parte del diagnóstico que plantea sobre Uruguay coincide con alertas que agencias, informes internacionales y analistas especializados vienen señalando desde hace años.
El puerto de Montevideo presenta vulnerabilidades estructurales conocidas, explotadas por redes criminales transnacionales para el tráfico de cocaína hacia Europa y otros destinos. Existen casos probados de lavado de activos, particularmente en el sector inmobiliario y turístico, y un uso recurrente de zonas grises regulatorias. Uruguay no es todavía un “narco-Estado”, pero tampoco es ajeno a la lógica del crimen organizado trasnacional moderno, que no necesita controlar territorios para operar: le basta con infiltrar nodos logísticos, financieros y administrativos.
El ángulo marítimo que Uruguay sigue sin mirar
Existe, además, un factor estructural que rara vez ingresa al debate público: la dimensión marítima del narcotráfico y su impacto directo en la seguridad nacional. A escala global, el tráfico de drogas es esencialmente un fenómeno marítimo. La mayor parte de la cocaína que llega a Europa y a otros mercados lo hace por vía oceánica, utilizando puertos comerciales, rutas de cabotaje, embarcaciones pesqueras, veleros y contenedores como vectores logísticos.
En Uruguay, esta amenaza no suele percibirse con claridad. No por inexistente, sino por invisible. Durante décadas, gobiernos de todos los signos políticos han coincidido en un mismo error estratégico: no comprender que el control efectivo de las aguas territoriales y del espacio marítimo constituye una condición básica de la seguridad del Estado. La falta de inversión sostenida, de equipamiento adecuado y de una visión sistémica sobre la custodia marítima ha debilitado la capacidad disuasiva nacional en un ámbito que hoy resulta central para el crimen organizado transnacional.
Cuando un país pierde el control real de su dimensión marítima, no lo hace de forma abrupta ni ruidosa. La degradación es silenciosa, progresiva y profundamente estructural.
Ese vacío – más que cualquier declaración política- ayuda a explicar cómo naciones estables terminan convirtiéndose en plataformas logísticas del crimen organizado transnacional y cómo se construye, desde afuera, una imagen negativa que comienza a condicionar la percepción internacional sobre la seguridad y la confiabilidad del país.
Ahora bien, afirmar que Uruguay es “el principal centro de distribución de cocaína del Cono Sur” o presentar una presencia directa y estructurada del Tren de Aragua o del Cartel de los Soles sin distinguir niveles de operación, células, intermediarios o facilitadores locales es, como mínimo, técnicamente discutible. El problema no es la crítica, sino la simplificación. En seguridad, las exageraciones también distorsionan.
Donde el análisis se vuelve políticamente más sensible es en la referencia al actual presidente Yamandú Orsi. La acusación no apunta tanto a su figura personal, sino al entramado político que lo rodea. Esa observación, formulada de manera provocadora por Negre, conecta con una preocupación más amplia: la distancia entre un discurso moderado y la capacidad real de conducción sobre estructuras partidarias, sindicales y de poder que históricamente han mostrado ambigüedades frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado.
Esto no exonera de ninguna manera a los gobiernos anteriores. Por el contrario, el problema de fondo es la continuidad. Uruguay arrastra déficits persistentes en cooperación judicial efectiva, inteligencia criminal integrada y control de activos estratégicos. El narcotráfico no creció por una sola administración, sino por una combinación de negación política, confianza excesiva en el “excepcionalismo uruguayo” y falta de decisiones estructurales.
La crítica de Negre a la derecha uruguaya, aunque cargada de descalificaciones, también toca un punto real: la ausencia de una batalla estratégica y cultural en materia de seguridad. En Uruguay se discute gestión, no poder. Se administra el problema, pero rara vez se lo enfrenta como una amenaza sistémica. En un contexto regional de militarización del crimen, colapso institucional en países vecinos y redefinición de la política de seguridad estadounidense hacia Latinoamérica, esa pasividad tiene costos.
¿Está Uruguay preparado para el nuevo ciclo hemisférico de seguridad, o sigue creyendo que su excepcionalismo lo protege?
El bloque venezolano del relato merece una lectura aparte. Las afirmaciones sobre una intervención “limpia”, traiciones internas y captura sin resistencia de Nicolás Maduro forman parte de una narrativa que hoy circula en ciertos círculos políticos, pero que no ha sido verificada de manera independiente. No se trata de validarla ni de descartarla automáticamente, sino de entender que ese relato – real o exagerado- influye en la forma en que Washington reordena prioridades, alianzas y presiones en la región.
Y ahí Uruguay vuelve a aparecer en el radar. No como protagonista, sino como territorio observado. El problema central no es que desde Estados Unidos se critique al país. El problema es que Uruguay parece haber perdido la capacidad de controlar el relato sobre sí mismo en materia de seguridad y crimen organizado.
La pregunta de fondo no es ideológica. Es estratégica: ¿está Uruguay preparado para el nuevo ciclo hemisférico de seguridad que se está configurando, o sigue creyendo que su estabilidad histórica lo mantiene al margen de las dinámicas más duras del poder regional?
En un escenario donde la seguridad vuelve a ser un eje central de la política internacional, no decidir también es una forma de decisión. Y casi nunca juega a favor.
Fuentes de referencia
https://www.fmgente.com.uy/noticias/periodista-espanol-dijo-derecha-uruguay-79267.html “Periodista español dijo que la derecha de Uruguay es acomplejada, que el país no quiere colaborar contra el narcotráfico y que Orsi aparenta ser moderado pero esconde lo peor”.
Fernando Vaccotti 