Sobre filtraciones de seguridad de información confidencial o reservada

OPINION

Por Fernando Vaccotti

Cualquier información que sea de valor estratégico para un gobierno, Fuerza Pública o un colectivo del tipo corporación, es muy probable que tenga alto valor para terceros y debe ser protegida de manera acorde al valor de la propia información y su importancia.
El secreto de cualquier tipo de información nunca debe ser tomado como algo garantizado, si no se ejerce una permanente actitud de protección, nada puede garantizar que la información no se vea comprometida.
Es cada vez más frecuente que la expansión de la protección de información alcanza algunos temas como la privacidad, confidencialidad, reserva y secreto de la información.
Los operadores de seguridad y de protección deben entender estos principios del valor de la información y desarrollar medidas para reforzarla.
Las medidas siempre van a implicar planes de prevención, mitigación y respuesta.

En el caso de lo que trascendió luego de la reunión informativa del Director del SIEE ( Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado uruguayo) en el Parlamento, en régimen de comisión, se puede inferir que prácticamente no hay nada realmente nuevo en el documento filtrado. Lo no tan nuevo es la propia filtración y quién es el responsable. En todo caso no han estado bien manejados los conceptos de reserva-confidencialidad y secreto.

Concretamente, se filtró una información referente al Plan Nacional de Inteligencia explicado en una sesión del Parlamento que se determinó debía ser secreta y a la que asistieron solamente legisladores y el Director de la SIEE. El documento tomó estado público poco rato después y durante la semana siguiente a través de la prensa. La noticia ha sido tendencia en todos los medios de información.
Nada realmente nuevo hay en el documento filtrado. Lo no tan nuevo es la propia filtración y quién es el responsable. En todo caso no han estado bien manejados los conceptos de reserva-confidencialidad y secreto y protocolos de seguridad de la información.

Existe toda una normativa legal para regular la información reservada, confidencial y secreta en Uruguay y luego de las modificaciones adoptadas después de ser aprobada la LUC (Ley de Urgente Consideración), en particular se le concedieron atribuciones legales a SIEE para clasificar este tipo de información y documentos. Es un tema más profundo que toca al acceso a la información pública.
Más allá de eso y como resultado de este mal manejo, toda la población tiene ahora acceso al Plan Nacional de Inteligencia 2022, incluidos los integrantes del crimen organizado y demás que siempre están varios pasos adelante. Quizás sirva como aviso a la delincuencia y seguro como un gran llamado de atención de cara al futuro de nuevas reuniones informativas de carácter reservado y mejorar o establecer protocolos efectivos.

Comparto dos artículos críticos aparecidos en la prensa en las últimas 48 horas, aclarando que pienso que no hay nada que no sea criticable alrededor de este hecho.

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Servicios de poca inteligencia

Publicado el 4 de noviembre de 2022 en La Diaria, comentado por Fernando Vaccotti.

El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Alvaro Garcé, se reunió el 24 de octubre con una comisión parlamentaria formada para controlar y supervisar sus actividades, e informó sobre un Plan Nacional «Secreto» a legisladores de los siete partidos representados en el Poder Legislativo. Y no sólo informó, sino que distribuyó copias impresas del plan, una para cada uno de esos partidos.

Tres días después, el informativo de TV Ciudad y su director, Eduardo Preve, dieron a conocer contenidos del documento y comenzó una oleada de consternación.

Garcé presentó una denuncia por la filtración a Fiscalía, y el Parlamento inició a su vez una investigación administrativa. Se les pidió a los legisladores que participaron en la reunión con Garcé que entreguen voluntariamente sus celulares a Fiscalía para la realización de pericias tendientes a averiguar quién pudo haber divulgado el plan. Esto es sin duda delicado, ya que en los aparatos puede haber mucha información reservada por diversos motivos.

Sin disponer del documento (a este medio no se filtró), es imposible evaluar con precisión sus alcances, ya que lo divulgado no es necesariamente textual, y en estos asuntos los detalles importan muchísimo.

Por ejemplo, una cosa es que Garcé, en el ejercicio de las funciones que le asigna la Ley 16.696, establezca directivas para los organismos de inteligencia del Ministerio del Interior, y otra es que le dé órdenes genéricamente “a la Policía”.

A su vez, lo difundido por el periodista Preve abarca cuestiones diversas y de muy distinta relevancia.

Veamos:

Estar atentos a indicios de actividad de organizaciones terroristas, o a la “presencia de extranjeros sospechosos” de integrarlas, es ineludible para cualquier servicio de inteligencia. Qué significa “actividades precursoras de acciones terroristas” no resulta obvio, y la investigación de “grupos o personas que inciten a la violencia”, “hechos que puedan generar la violencia”, “usurpación de espacios públicos o privados” y “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios” es una tarea demasiado amplia y vaga.

Algunas formas de realizar estas investigaciones pueden violar la ley mencionada, que obliga a los órganos de inteligencia a respetar “estrictamente” los derechos y garantías establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales adoptados por el Estado uruguayo, además de prohibirles intervenir “en la actividad política, social o económica del país, […] o en la vida interna de los partidos”. Es notorio, por ejemplo, que sindicatos y gremios estudiantiles bloquean a menudo la circulación.

Generalmente, las actividades de la “comunidad de inteligencia” no se llevan muy bien con la Constitución y las leyes en ningún país, y si no fueran reservadas carecerían de sentido, pero en este caso, pese a las abundantes manifestaciones de indignación, en lo filtrado no hay ni una palabra que pueda ser novedosa o beneficiosa para las personas eventualmente investigadas, y además es muy claro que, por definición, de la información clasificada no se reparten copias.

La filtración, el mensajero y el mensaje

Publicado el 5 de noviembre de 2022, La Diaria, Uruguay.

Ha tenido gran repercusión que un documento sobre el Plan Nacional de Inteligencia, presentado el 24 de octubre a una comisión parlamentaria con compromiso de reserva, haya llegado a TV Ciudad, que difundió parte del texto en su informativo y en la cuenta en Twitter del director de ese servicio, Eduardo Preve.

Fiscalía investiga tras una denuncia del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, el Poder Legislativo también lo hace, y hubo duras declaraciones de condena, incluso del presidente Luis Lacalle Pou. No sólo se habla de la responsabilidad de quien o quienes hayan filtrado el documento, sino que además hay cuestionamientos, más escasos, a Preve, como presunto autor o cómplice de un delito grave. Sobre esto último resulta necesario plantear algunas precisiones básicas.

Obtener y divulgar informaciones que no estaban disponibles para la ciudadanía es una parte del trabajo periodístico, amparada por normas nacionales e internacionales (por ejemplo, las que establecen el derecho a no revelar cómo y por medio de quién se accedió a un dato o a un documento).

Esto se debe, simplemente, al reconocimiento de que así se defiende el derecho de las personas a estar informadas. No es una especie de patente de corso para difundir cualquier cosa, porque todos los derechos son relativos en función de otros derechos. Cuando se demanda a periodistas o medios por una publicación, la tarea judicial exige sopesar con cuidado los daños y beneficios que pudo causar, con el interés público como valor superior.

También debemos hacer estas consideraciones quienes queremos ejercer nuestra profesión como un servicio ético a la construcción de ciudadanía y la calidad de la democracia. De la reflexión puede resultar que se decida no publicar algo, pero en este caso es claro, pese al griterío sobre traiciones a la patria y defensa de la seguridad nacional, que Preve y TV Ciudad no tenían por qué abstenerse de hacer lo que hicieron.

Que un documento sea declarado secreto por un organismo del Estado no significa que su conocimiento generalizado cause catástrofes. No puede causarlas, por cierto, lo que se difundió del texto que Garcé repartió entre legisladores (después de hacerlo fotocopiar en el Palacio Legislativo, porque no tenía consigo suficientes ejemplares).

En los pasajes sobre los que informaron Preve y TV Ciudad no hay nada semejante a nombres de agentes secretos, claves de acceso, detalles sobre investigaciones en curso u otros datos sensibles. Lo referido a tareas legítimas de inteligencia es una serie de obviedades, y no se comprende qué perjuicios puede causar que terroristas y traficantes de drogas, armas o personas sepan que, como seguramente ya sospechaban, el Estado uruguayo trata de detectar, evitar y reprimir sus actividades.

En cambio, algunas de las directivas divulgadas crean dudas razonables sobre la voluntad de respetar en forma escrupulosa los derechos humanos. Esto puede ser bastante más grave que los tuits de Preve y justifica sobradamente la información al público.

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