La Violencia Instalada

Por Fernando Vaccotti

En el continente latinoamericano y más allá del mismo se experimenta desde hace ya más de tres décadas una crisis de liderazgo político materializada en el aterrizaje del crimen organizado y los escandalosos números de la violencia diaria en prácticamente todos los países de la región con diferentes matices en cantidad y en el tipo de delito que se comete, documentados por diferentes medios y organizaciones como la ONU, por ejemplo, que publica su Informe de Desarrollo Humano en la región basado en reiteradas oportunidades en la Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana.

¿Pero debemos asumir que vivimos en un ambiente violento? Nos hemos acostumbrado a saber que la región es la más desigual del planeta, que el narcotráfico determina las dinámicas de vida de varios países, y que los números de muertes violentas equivalen a los registros de países en guerra, entre otras realidades.

Recientemente se han registrado violentos disturbios sociales en Ecuador, Chile, Brasil y Perú, para no hablar de las manifestaciones que se dan casi a diario en diferentes sitios de Venezuela, por ejemplo.

A esto se le debe agregar el creciente fenómeno de los delitos virtuales que también llegaron para quedarse sin que la sociedad tenga una repuesta adecuada por parte de las autoridades pues, entre otras cosas, no se sabe mucho del tema y se analiza desde una óptica forense casi siempre, es decir, después que ocurrió.

Récord de fraudes en las áreas financieras y bancarias, estafas de todo tipo, secuestro exprés y más, como, por ejemplo, algunos sabotajes a instalaciones de infraestructura critica.

Últimamente se habla también de que la población descreída de la eficacia policial no denuncia todo lo que pasa generando aún más esa zona gris de estadísticas de delitos desconocidos oficialmente pues no se registran. Y eso ocurre por la falta de credibilidad en las autoridades.

Esta dinámica ha llevado a estar varios pasos detrás de la delincuencia y generar un descreimiento de las sociedades en la capacidad que tienen los gobiernos y sus policías para enfrentar al crimen organizado cuando además este en varios países, se ha infiltrado en el propio poder.

Cada país debe encontrar su forma a la medida para combatir un tema que no reconoce de píldoras mágicas ni de fórmulas exportadas que presuntamente funcionaron en algún momento en algún otro lugar del planeta.

La “tolerancia cero” de Rudy Giuliani (USA) por ejemplo, funcionó un tiempo. Luego el delito como en todas partes mutó y la respuesta no ha estado desarrollada a la misma velocidad.

De manera que el ciudadano de LAC cree cada vez menos en sus líderes, pues además los escándalos de corrupción han impactado fuertemente en la imagen de las administraciones particularmente en el fin del siglo pasado y comienzos de este y sus caras visibles, los gobernantes.

El vicepresidente Ulloa de El Salvador visitó Uruguay hace pocos días y expuso el modelo “Bukele” de control de las Maras, que no es ni más ni menos que entablar la guerra al delito, en ese país materializado en la figura de esas bandas y amparado en la Ley y en la Constitución.

Los países no han sabido resolver el tema de la inseguridad de manera imperativa. Las herramientas están, los Estados tienen todo para enfrentar el problema, pero no se han encontrado las soluciones.
Por el contrario, se le ha cedido en muchas ocasiones el control territorial a las bandas criminales, las policías no entran a determinadas zonas urbanas en el continente y el narcotráfico en todas sus variables domina la realidad de la vida diaria.

En Uruguay, por ejemplo, hay cada vez más droga procesada lista a seguir su camino al mundo y a abastecer el mercado interno. Una simple observación de la gran cantidad de incautaciones habla de la enorme cantidad que circula.

Pero lo peor es perder la confianza en el liderazgo político de la seguridad.

Esto no se recupera fácilmente y en algunos casos no va a suceder en el corto ni mediano plazo pues estos no han podido crear lugares con entornos seguros para vivir en nuestros países de la región, ni siquiera tomando todas las medidas de seguridad existentes.

Los profesionales de la seguridad pública y privada deben capacitarse cada vez más y estar al día además de estar interconectados.

Sobre el uso de la fuerza. (New York Times) En Estados Unidos se investiga la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras un arresto violento el 7 de enero en Memphis. Cinco oficiales de policía fueron despedidos tras determinarse que habían usado fuerza excesiva en sus interacciones con Nichols.

Una vez más, el país del norte debate la necesidad de una reforma policial. Uno de los aspectos que se discuten es el uso razonable de la fuerza. Como apuntaba un juez de la Corte Suprema de EE. UU. en 1989:

Los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta.

¿Cuánta fuerza es necesaria para restablecer el orden, para contener una amenaza?

En Perú, donde no cesan las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre, también hay un debate al respecto. En las últimas semanas, producto de las manifestaciones, han perdido la vida por lo menos 58 personas en el país, entre ellas un policía que murió calcinado en su vehículo. Entre los fallecidos hay adolescentes y vendedores callejeros que no asistían a las marchas. La policía nacional ha reportado cientos de agentes heridos. En un informe reciente, nuestra colega Mitra Taj reportaba desde Lima que las protestas han dividido a la opinión pública del país: hay quienes consideran que la presidenta Dina Boluarte ha abusado de su poder al enfrentar las manifestaciones y otros que piden restaurar el orden cueste lo que cueste. “Mientras lucha por controlar el país, Boluarte ha adoptado una postura cada vez más agresiva y no trata la crisis como un desafío político, sino como una amenaza a la seguridad”, escribió Mitra. En unas declaraciones a la prensa muy criticadas, la presidenta declaró: “¿Qué hacemos frente a esas amenazas, señor periodista? ¿Los dejamos que nos quemen vivos como quemaron al policía de Puno?”, dijo. “Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos”. En América Latina, donde se prevén más protestas y disturbios ante un panorama agudo de desigualdad y descontento, vale la pena reflexionar sobre el papel de la policía. “Los abusos policiales en Latinoamérica suelen ser el resultado de la impunidad generalizada, la falta de supervisión y una cultura institucional de opacidad” frente al abuso, opinaban hace un par de años Juan Pappier y César Muñoz Acebes, investigadores de Human Rights Watch. Y llamaban a reformar los protocolos en casos de disturbios, el trato a detenidos y las políticas de rendición de cuentas.