Allanamientos nocturnos en Uruguay: una vieja discusión que le sigue comprando tiempo al narcomundo paralelo

OPINION

Vivimos en un país en dónde todo se politiza al máximo y de cara a una campaña electoral que se avecina en lo previo como muy discutida y que seguramente tendrá encima de la mesa de debate como uno de los ejes centrales al tan controversial tema de la seguridad o la falta de seguridad pública y ciudadana, su deterioro y el descalabro de la misma en los últimos años, de la mano de una administración que ha hecho cambios de rumbo y varias idas y venidas pero que no solamente no han logrado revertir ni mucho menos frenar el avance del delito y en especial la influencia del narcotráfico en el escenario de la vida cotidiana y la sociedad.

La gobernanza criminal es cada vez más visible para el que la quiera ver; los números de la seguridad son discutidos por propios y ajenos; la Policía Nacional se ha visto envuelta en situaciones que han generado cambios totales en la cúpula; los homicidios permanecen en niveles vergonzos y alarmantes ; el país se ha convertido en una zona de acopio de la droga procesada para ser exportada al mundo; existen barrios que se han catalogado como «inhabitables» y «zonas de guerra» por las propias autoridades; hay presencia de grupos criminales transnacionales; asesores y figuras políticas vinculadas al manejo de la seguridad han tenido que ser reemplazadas por denuncias varias. En fin, un panorma complejo que revela al final del camino un gerenciamiento discutible y desde el punto de vista de la eficiencia y efectividad, al menos pobre.

De esta manera, se utilizan cualquiera de los espacios o «ventajas» políticas que un sistema judicial débil y en este momento poco creíble en lo que hace al tema del trato del mundo narco brinda y el gobierno aprovecha para «pegar».

En realidad es una situación lamentable de la que la sociedad es testigo y esclavo porque se ven dos claras tendencias radicalizadas en permanente pugna por demostrar quién es el peor y en el medio queda un problema gigante sin resolución a la vista.

El tema de los allanamientos nocturnos es un factor más que se debe analizar en la elaboración de estrategias mixtas serias para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado y no caer en la lucha dialéctica de la pugna por demostrar quién tiene razón.

De mientras el narco mundo paralelo y el Unviverso del Mal siguen haciendo su negocio y expandiendo su poder.

Natalia Roba del Diario El País, dice que «cada vez que se habla de los allanamientos nocturnos se recuerda a Jorge Larrañaga (ex ministro del Interior del actual gobierno fallecido) con su propuesta «Vivir sin miedo» que se quedó en el 46,7% de los votos y no llegó a ser aprobada en las elecciones de 2019, junto con otras medidas sobre seguridad, pero la idea ya había sido lanzada en los gobiernos del Frente Amplio. El presidente José Mujica en su gobierno habilitó la discusión del tema. El 25 de mayo de 2012, el diario El Observador informaba que la iniciativa partía del entonces director nacional de la Policía, Julio Guarteche. El policía que fue mano derecha del ministro Eduardo Bonomi durante ese gobierno y había estado años al frente de la Brigada de Drogas aseguraba que no contar con esa herramienta era darle ventaja a los narcotraficantes ya que muchas veces las operaciones “quedan cortadas por la mitad” y deben continuarse al día siguiente “con todas las ventajas que eso significa para un grupo organizado”. Incluso mucho antes, en junio de 2005, cuando el Dr.Tabaré Vázquez se estrenaba en la presidencia, su hermano Jorge Vázquez, como prosecretario de la Presidencia y titular de la Junta de Drogas, había planteado la posibilidad de cambiar la Constitución, también a instancias de Guarteche, que en ese momento dirigía la Brigada de Drogas. Entre los argumentos de quienes promueven esta iniciativa figuran: 1. por más que se vigile durante la noche les queda margen a los delincuentes para deshacerse de la droga y cuando se ingresa por la mañana ya no está 2. se tienen siempre por orden judicial y con motivos fundados en la mayoría de los países de la región y del mundo los allanamientos por operativos antidrogas y 3. por casos de terrorismo se pueden hacer a cualquier hora del día si hay fundamentos 4. quienes combaten el delito de narcotráfico lo piden Los académicos y constitucionalistas en su mayoría se han manifestado en contra y argumentan: «cambiar la Constitución implica rebajar los derechos humanoshay tratados internacionales que protegen la libertad del domiciliodarle esa potestad a la policía implica riesgos que no conviene tomar»

Por qué ahora y los caminos posibles

Poco después de asumir como ministro del Interior en 2020, Jorge Larrañaga había decidido reimpulsar esta iniciativa. En una entrevista con El Observador decía que la prohibición constitucional era “una antigüedad” que solo permanece en Portugal y en Uruguay. El ministro fallecido planteaba que “sería una herramienta fuerte” para el combate al narcotráfico. Ante el planteo de que había sido ya sometido a consulta a la ciudadanía decía que la gente le dijo que no a un paquete de cuatro medidas; «quizás si lo del allanamiento se hubiera plebiscitado solo se aprobaba». Tras algunos intentos del sector de Larrañaga no se avanzó pero ahora uno de sus legisladores más cercanos, Carlos Camy relanzó la propuesta, a través del mecanismo de la iniciativa ante la Asamblea General, que requiere dos quintos de los votos del pleno para ser aprobado. A diferencia de la ley constitucional que fue la anterior iniciativa, en este caso la consulta se fija en simultáneo a las elecciones nacionales de 2024. Mientras Camy sondea en la coalición si tendrá apoyos, los diputados Gustavo Zubía (colorado) y Eduardo Lust (independiente, ex-Cabildo Abierto) propusieron una ley interpretativa. Esa iniciativa también había sido planteada en 2012 por el FA ya que el diputado Walter De León, del Espacio 609 del MPP (Frente Amplio y oposición), había propuesto interpretar que si en una vivienda opera una boca de venta de droga ya no se considera un hogar sino un negocio. La propuesta de Zubía y Lust apunta a lo mismo, interpretar el artículo 11 de la Constitución que establece que «el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”, y no considerarlo hogar si se utiliza como establecimiento comercial.  Además el juez que lo habilita y el fiscal que lo pide deberán estar presentes, junto con la policía, en el momento en el que se realiza para “brindar las garantías pertinentes”. Zubía explicó a La Diaria que la presencia del juez es fundamental dado que si en el momento de hacer el allanamiento se advierte que se trata de un “hogar”, “no puede continuar el allanamiento”. El ministro Luis Heber aprovecha el momento en el que viene pegando fuerte por el narcotráfico, para pedir apoyo en la iniciativa de Camy. “Los precisamos, ojalá que se junten las firmas y en el Parlamento se vote un proyecto que modifique la Constitución y que nos dé la oportunidad de allanar en forma nocturna. De noche recorro los barrios de Montevideo a la una de la mañana, es otro país, otro Montevideo. Se cuelgan los championes y viven y aparecen los nuevos comercios”, dijo Heber el martes pasado en una exposición para empresarios. En este camino de lograr apoyos, a Heber le vinieron bien los horrores judiciales por lo que se ha otorgado prisión domiciliaria a dos narcos que se fugaron mediante una maniobra de informes médicos alterados, para plantear que el Ministerio del Interior no recibe todo el apoyo del resto de los operadores en la lucha contra el narcotráfico. Además, se trata del ministro con peor aprobación de la gestión. Según una encuesta de Opción dada a conocer este jueves, Heber es el único con saldo negativo de -13. El 26% aprueba su gestión mientras que el 39% considera que es mala o muy mala. Opción analizó que  “el saldo negativo de evaluación en la gestión en seguridad (que alcanza no solo al Ministerio del Interior sino también al gobierno nacional), constituye uno de los principales problemas (sino el principal) de posicionamiento del Poder Ejecutivo ante los uruguayos, tomando en cuenta que la seguridad hoy es mencionada como el primer o segundo problema del país por cerca de la mitad de la población y que el electorado que votó por la coalición en 2019 realiza especial hincapié en la búsqueda de soluciones a dicha problemática”.  Por fuera del uso político que se pueda hacer del tema, los allanamientos nocturnos no van a solucionar la seguridad, ni a combatir a los peces gordos del mercado de drogas, pero pueden ser una herramienta útil en el combate del narcomenudeo, que involucra a familiar enteras y trae consigo enfrentamientos y otros delitos. Si no se quiere reformar la Constitución, interpretarla, dando todas las garantías posibles, puede ser una buena alternativa.»