Una investigación comparada.
Me ha interesado y he investigado el caso de Ecuador y su viraje de país tranquilo y estable a un escenario de presencia criminal y violencia organizada que ha transformado toda la vida de sus habitantes en la última década. Recientemente visité el país para participar en el VII Encuentro Regional de IFPO Ecuador, en Quito. Más allá del cronograma oficial, tuve la oportunidad de reunirme con ecuatorianos y de visitar sitios oficiales previstos y luego los no previstos y si bien el tiempo no fue mucho, el aprendizaje sí lo fue.
De manera que presento este documento sobre lo que he venido observando, y aprendiendo. A lo largo de estos años me han acompañado y apoyado el Mg. Edison Cadena Ayala , el Mg. Fernando Freile Neira Msc CSSM CPOI CPO , la Doctora Nathaly Logroño, el Cnel. Mario Pazmiño y muchos amigos y colegas más.
Este trabajo examina cómo la inseguridad y la expansión de organizaciones criminales inciden en la distribución efectiva del poder en América Latina. Se analiza Ecuador como caso principal, Uruguay como contraste y cuatro experiencias complementarias (El Salvador, México, Colombia y Brasil). Se propone distinguir presencia coercitiva, control territorial, desarticulación económica del crimen y legitimidad institucional. El diseño combina revisión crítica de literatura, análisis documental y estadístico descriptivo, y observación directa no sistemática realizada por el autor en Quito en octubre de 2026.
Los indicadores preliminares de enero a septiembre de 2026 muestran trayectorias divergentes de homicidios en Ecuador y Uruguay; esas diferencias no constituyen evidencia causal de eficacia o fracaso de políticas. Se concluye que la evaluación de seguridad requiere resultados sostenibles y control institucional, no solo actividad operativa.
Trata de la militarización, gobernanza criminal, legitimidad estatal y respuestas de seguridad y presenta a Ecuador y Uruguay como casos principales.
El problema trasciende las calles de Quito. Desde Ecuador hasta Uruguay, pasando por México, Colombia, Brasil y El Salvador, los gobiernos enfrentan una transformación del fenómeno criminal que ya no puede interpretarse exclusivamente mediante las categorías tradicionales de delincuencia y orden público.
Estamos ante una disputa por el poder. Y no solamente por el poder político que se obtiene en las urnas, sino por aquel que se ejerce sobre los territorios, las economías, las instituciones y, finalmente, las decisiones de los ciudadanos.
