La policía colombiana dice que el complot fue coordinado por una pandilla brasileña llamada PCC y que el perpetrador era probablemente un ciudadano venezolano. A los sicarios presuntamente se les pagó 500.000 dólares.
Por CATALINA OQUENDO, Bogotá para El País
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci mientras estaba de luna de miel en una de las islas caribeñas de Colombia ha expuesto la colaboración entre organizaciones criminales de todo el continente. Cinco personas han sido arrestadas por el asesinato del 10 de mayo en la isla turística de Barú, a solo 45 minutos de Cartagena. Las autoridades colombianas dicen que están persiguiendo a un sexto sospechoso.
«El sospechoso que sigue prófugo es Gabriel Carlos Luis Salinas, y creemos que ha huido a Venezuela», dijo el general Jorge Vargas, quien encabeza la policía colombiana. Vargas anunció que Interpol ha emitido una notificación para su captura. «Aunque no colaboramos mucho con la oficina de Interpol en Venezuela, hemos solicitado su ayuda para encontrar y arrestar a Salinas». Vargas ha liderado el esfuerzo conjunto de la policía colombiana y paraguaya.
Cinco sospechosos fueron arrestados en Medellín, incluido el hombre acusado de dispararle a Pecci tres veces mientras se desmontaba de su moto acuática. Los interrogatorios iniciales de estos sospechosos comenzaron a revelar información sobre los autores intelectuales del homicidio. «Hay indicios de que una red criminal internacional coordinada por el Primer Comando Capital (PCC) [de la pandilla brasileña] formuló el plan para asesinar al fiscal Pecci», dijo Vargas.
Paraguay es el mayor productor de marihuana de la región y la ruta más importante para mover cocaína de Bolivia a Europa. La coca boliviana se mezcla en Paraguay con precursores químicos que son ilegales en otros países. El producto se oculta en camiones y contenedores de envío que luego se transportan a África y Europa. Según la agencia antidrogas de Paraguay (SENAD), Cabo Verde frente a África occidental y Rotterdam en los Países Bajos son los principales puertos de destino.
Por lo tanto, Paraguay ha atraído a una amplia gama de organizaciones criminales en los últimos años, y Pecci fue el principal fiscal a cargo de varios de los casos más importantes de tráfico de drogas y lavado de dinero del país. Uno de los principales objetivos de Pecci fue el PCC de Brasil, una de las mafias más poderosas de América del Sur y un jugador importante en las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Ponta Porã, puntos calientes del tráfico internacional de drogas.
«Continuamos trabajando mano a mano con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), que nos ha proporcionado inteligencia crítica. El asesinato de Pecci podría estar relacionado con el narcotráfico global, pero no podemos descartar terroristas radicales», dijo Vargas.
Pecci había investigado a Hezbolá en el pasado, y en 2019 entregó al ciudadano libanés Nader Mohamad Farhat a la DEA para su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero en el Tribunal [federal] del Distrito Sur de Florida. La investigación de Pecci incluyó a Mahmoud Ali Barakat (extraditado en 2018) y Kassed Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés. Pecci formó parte de «A Ultranza Py», una importante operación contra el tráfico de cocaína y el lavado de dinero; investigó el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman y lideró la investigación de San Bernardino sobre el asesinato de una modelo y un presunto criminal en un concierto de música al que asistieron más de 20.000 personas.
Al igual que Colombia en las décadas de 1980 y 1990, la narcopolítica es ahora un flagelo generalizado en Paraguay. «Es muy difícil encontrar un caso que no involucre a un político. Varios de los casos presentados por Pecci involucraron a políticos que ahora están en prisión», dijo Juan Martens Molas, experto en criminología y director del INECIP, una organización sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos humanos en el sistema de justicia penal de Paraguay.
Ex soldado entre los capturados
La primera audiencia judicial para los sospechosos detenidos reveló que se les pagó el equivalente a US$500.000 por el asesinato de Pecci, y que la planta se finalizó en un mercado al aire libre en Envigado, una ciudad cercana a Medellín.
Los presuntos asesinos también utilizaron las redes sociales para localizar a Pecci. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo: «Los criminales se perdieron varias veces, pero lograron localizar a Pecci y su esposa en sus publicaciones en las redes sociales». Las fotos de Instagram de la pareja revelaron detalles de su viaje de luna de miel y que estaban esperando su primer hijo.
Barbosa afirma que más de 200 pruebas, incluidas 2.500 horas de imágenes de video, 67 mensajes interceptados y otras comunicaciones entre los sospechosos, han producido un caso hermético contra los acusados. Cuatro de los cinco sospechosos detenidos se han declarado culpables de los cargos. Sólo Francisco Luis Correa Galeano, considerado el autor intelectual del crimen, se ha negado a declararse culpable. «Sabemos que Correa planeó todo el operativo con los sicarios que trajo a Cartagena», dijo Barbosa.
Los otros sospechosos bajo arresto son el presunto gatillero y ciudadano venezolano Wendre Still Scott Carrillo; Eiverson Arrieta, presunto responsable de transporte; y Marisol Londoño y su hijo, presuntamente encargados de la vigilancia.
Ex soldado, Correa es un ciudadano colombiano que ha cumplido dos penas de prisión, incluida una por abuso sexual, y pertenece a una organización criminal llamada «Los Paisas». Fue arrestado portando una pistola 9 mm, dinero en efectivo y recibos de pago. Su arresto trajo a la mente la participación de ex soldados colombianos en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Aún se desconoce si Correa llegará a un acuerdo con la fiscalía, pero su testimonio sería clave para identificar quién ordenó el asesinato de Pecci.
Fernando Vaccotti 