Un nuevo capítulo en la inestabilidad peruana
La destitución de Dina Boluarte por el Congreso peruano no fue un acto sorpresivo ni aislado, fue la culminación de un ciclo de erosión institucional, violencia generalizada y pérdida del control estatal frente a estructuras criminales cada vez más poderosas.
Boluarte, quien asumió el mando en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo, sobrevivió durante casi tres años a base de equilibrios frágiles, alianzas cambiantes y represión interna. Pero el desgaste acumulado, los escándalos de corrupción —como el “Rolexgate”— y, sobre todo, la sensación de caos e inseguridad, sellaron su suerte política.
En un país donde en la última década ningún presidente ha logrado completar su mandato, la caída de Boluarte confirma que Perú vive un colapso de legitimidad más profundo que una simple crisis de gobernabilidad ya que se trata de la inexistencia del Estado como garante de orden y seguridad.
El detonante: el crimen como causa política
El argumento central que impulsó la moción de vacancia fue claro, el Estado perdió la guerra interna contra las mafias.
Durante los últimos meses, los índices de homicidios y extorsiones alcanzaron niveles históricos. Las redes criminales han impuesto “impuestos de protección” a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas; los asesinatos selectivos se multiplicaron, y el sicariato se convirtió en la forma habitual de ajuste de cuentas.
Según datos de la prensa peruana, más de 180 conductores de transporte público fueron asesinados en lo que va del año por negarse a pagar extorsiones.
Los barrios periféricos de Lima, Callao y Trujillo viven bajo una estructura de poder criminal paralela, en la que el Estado apenas figura como una sombra.
La destitución de Boluarte fue, en este contexto, un acto político pero también una señal: cuando la criminalidad captura el territorio, termina devorando la legitimidad del poder.
Corrupción, desafección y fractura del poder
El caso de los relojes de lujo no declarados (Rolexgate) no fue el verdadero motivo de la destitución, pero sí el símbolo del desprestigio presidencial.
En una sociedad golpeada por la pobreza y la inseguridad, el lujo ostentoso se transformó en una afrenta moral. La investigación judicial sobre enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, sumada al involucramiento de su hermano Nicanor Boluarte en operaciones políticas paralelas, terminó de dinamitar cualquier defensa parlamentaria.
Boluarte dejó el cargo sin discurso, sin apoyo popular y sin partido.
El Congreso, por su parte, se consolida como una maquinaria de poder coyuntural, que destituye y designa presidentes con la misma rapidez con que las calles cambian de control entre bandas y facciones.
El nuevo presidente interino, José Jerí, asumió en medio de protestas, vacío de poder y un escenario criminal fuera de control.
Del Estado fallido al Estado sitiado
En mis libros Bandas Criminales en Latinoamérica (Tomo I y II) ya he sostenido que el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno paralelo y hoy es un actor político y económico con poder de veto sobre los Estados.
El caso peruano lo confirma con brutal claridad.
Mientras el discurso oficial insistía en la recuperación del orden, las mafias locales ampliaban su control territorial. Los puertos del Callao, Chimbote y Paita se convirtieron en corredores de exportación de cocaína hacia Europa y Asia, mientras las organizaciones criminales de origen colombiano y ecuatoriano reforzaban su presencia.
La frontera norte se transformó en una zona de alto riesgo donde confluyen economías ilícitas, tráfico de armas y trata de personas.
El crimen transnacional no solo desafía al Estado sino que lo sustituye en sus funciones básicas, ofreciendo “seguridad privada”, “justicia rápida” y “empleo” en territorios donde el Estado ya no llega.
El desenlace político de Boluarte no puede separarse de este proceso.
Su caída es, en esencia, el resultado del Estado sitiado, un poder formal incapaz de ejercer soberanía frente a las redes delictivas que dominan el espacio físico y simbólico de la nación.
Conexión regional y la teoría de las tres etapas
Si observamos la trayectoria peruana dentro del mapa latinoamericano, se aprecia un patrón que coincide con lo que denomino -siguiendo a Lessing y Farah- la tercera ola del crimen organizado transnacional (actualmente se habla de una cuarta ola):
Captura territorial / Penetración institucional / Captura política
Perú transita entre la segunda y la tercera etapa.
El crimen no solo controla zonas periféricas sino que influye en decisiones políticas nacionales, manipula campañas electorales y se inserta en estructuras del poder local.
La caída de Boluarte no es un hecho aislado, es la evidencia de que el crimen ha logrado condicionar la estabilidad política de los Estados.
Escenarios y riesgos
El interinato de Jerí enfrentará tres dilemas inmediatos:
Recuperar la confianza pública. Sin legitimidad, ningún plan de seguridad será viable.
Reformar la estructura policial. Perú tiene hoy una fuerza fragmentada y penetrada por redes de corrupción.
Coordinar regionalmente. La convergencia de bandas ecuatorianas, colombianas y venezolanas exige cooperación internacional, inteligencia compartida y control efectivo de puertos y fronteras.
De no avanzar en estos frentes, Perú corre el riesgo de consolidarse como el nuevo epicentro del crimen organizado en Sudamérica, desplazando incluso a Ecuador como laboratorio de la violencia híbrida.
Reflexión final
La destitución de Dina Boluarte no inaugura una nueva etapa, simplemente confirma el colapso de un modelo político agotado.
El crimen organizado, como describí en Bandas Criminales en Latinoamérica, no necesita tomar el poder por la fuerza, le basta con que los gobiernos se destruyan entre sí.
La política peruana vuelve a demostrar que el enemigo no siempre está afuera.
A veces, el verdadero poder criminal opera desde dentro, en los pasillos del Congreso, en las alcaldías, en las instituciones corroídas y en la indiferencia social que deja el miedo como norma.
Fuentes OSINT y de referencia:
AP News, Peru’s Congress removes President Boluarte amid crime wave, 10 Oct 2025. Reuters, Peru lawmakers oust unpopular president over insecurity, 9 Oct 2025. Le Monde, Peruvian lawmakers oust president over failure to resolve security crisis, 10 Oct 2025. The Guardian, Peru’s embattled president dismisses “Rolexgate” investigation as a smoke screen, 2024. InsightCrime, Peru: The New Crime Corridor in South America, 2025. Bandas Criminales en Latinoamérica, Tomo I y II, F. Vaccotti (2024–2025). Blog “El OJO – Estrategia, Seguridad y Poder”, artículo: El Estado sitiado y la expansión de las bandas criminales en el continente, 2025.
Fernando Vaccotti 