Entre la baja violencia relativa y la creciente presión del crimen transnacional, Uruguay enfrenta una mutación silenciosa que desafía su modelo de seguridad.
Resumen Ejecutivo
Uruguay sigue siendo, en términos comparados, uno de los países más seguros de Latinoamérica. Sin embargo, esa percepción comienza a tensionarse frente a una evidencia creciente: el país no está aislado del avance del crimen organizado, sino que está ingresando en una fase de transformación silenciosa. El problema ya no es solo la cantidad de delitos, sino la calidad y complejidad de las amenazas.
El Índice Global de Crimen Organizado muestra un deterioro sostenido desde 2021, acompañado por una caída en la resiliencia institucional. Al mismo tiempo, aumentan las presiones del narcotráfico, el tráfico de armas y la presencia de actores criminales extranjeros. Los datos del Anuario AECA reflejan patrones más complejos de violencia, aunque reconocen limitaciones para captar plenamente el fenómeno.
A nivel regional, distintos países muestran diferentes fases de evolución del crimen organizado, configurando un entorno de creciente convergencia criminal. En este contexto, casos como el de Sebastián Marset evidencian la inserción de Uruguay en redes transnacionales.
Uruguay aún no enfrenta una crisis abierta. Pero la trayectoria indica un cambio estructural.
La pregunta no es si el crimen organizado llegará. Es si el país actuará antes de que se consolide.
La falsa tranquilidad
Durante años, Uruguay ha sido presentado como una excepción en el mapa de la seguridad en Latinoamérica. Bajos niveles relativos de violencia, instituciones sólidas y una convivencia social más estable que la de sus vecinos consolidaron una imagen de país seguro.
Sin embargo, esa imagen comienza a mostrar fisuras.
No porque Uruguay haya dejado de ser relativamente seguro, sino porque las condiciones que sostienen esa seguridad están cambiando. El problema no se expresa en un colapso abrupto, sino en tendencias graduales, acumulativas y silenciosas.
Los datos recientes son claros: el país enfrenta una combinación preocupante de mayor presión criminal y una disminución progresiva de su resiliencia institucional.
La paradoja uruguaya
Uruguay se encuentra hoy en una situación particular: combina niveles relativamente bajos de criminalidad con señales persistentes de deterioro estructural.
Por un lado, sigue siendo uno de los países mejor posicionados de la región en términos de violencia letal. Por otro, el crimen organizado muestra una tendencia creciente, al tiempo que se debilitan algunos factores clave de resiliencia, como la prevención y la capacidad institucional.
Esto no es una contradicción. Es una transición.
Uruguay no atraviesa una crisis clásica de seguridad. Está ingresando en una fase más compleja: la presión creciente del crimen organizado sobre un sistema que aún funciona, pero comienza a tensionarse.
Lo que dicen los datos (y lo que no)
En 2025, Uruguay registró 371 homicidios. La cifra, por sí sola, no indica un quiebre, pero sí confirma la persistencia de niveles elevados en perspectiva reciente.
Más relevante que el número es la estructura del fenómeno:
- predominio de armas de fuego
- alta proporción de víctimas con antecedentes
- concentración territorial de la violencia
- vínculos con economías ilegales
Pero hay un elemento clave: los propios enfoques metodológicos reconocen limitaciones para identificar con precisión los homicidios asociados al crimen organizado.
Esto implica que parte del fenómeno permanece invisibilizado.
El problema en Uruguay no es el pico de violencia.
Es la normalización de niveles que antes eran excepcionales.
Uruguay frente a la región
En términos de homicidios, Uruguay se mantiene por debajo de países como Ecuador o Colombia, que enfrentan niveles extremos de violencia, pero no de Chile o Argentina, países que han disminuido sus índices de homicidios.
Sin embargo, comparar únicamente tasas puede inducir a error.
Ecuador representa un escenario de colapso acelerado del control estatal frente al crimen organizado. Colombia mantiene una violencia estructural persistente. Chile muestra una relativa contención, pero enfrenta la penetración de redes transnacionales. Argentina mejora en términos generales, aunque conserva focos críticos como Rosario. El Salvador presenta una caída drástica de homicidios bajo un modelo de control excepcional.
Uruguay, en cambio, se encuentra en una fase distinta baja violencia relativa, pero creciente presión estructural pese a índices superiores a los considerados aceptables por los organismos internacionales. De hecho presenta más del doble de lo aceptado mundialmente.
Si bien Uruguay no es Ecuador ni Colombia, tampoco puede seguir analizándose como si estuviera fuera del sistema criminal regional.
Está entrando en él.
El nuevo mapa criminal
El crimen organizado en Latinoamérica ya no responde a lógicas nacionales. Funciona en red, articulando territorios, rutas y mercados ilegales a escala regional.
En este contexto, Uruguay comienza a posicionarse como una plataforma funcional.
No es un país productor.
No es un país de alta violencia estructural.
Pero es cada vez más atractivo para:
- logística
- tránsito
- soporte financiero del crimen
Entre los actores relevantes se destacan:
- el PCC, con fuerte capacidad logística y expansión regional
- el Tren de Aragua, con estructuras flexibles de explotación criminal
- la red vinculada a Marset, con conexiones directas con Uruguay
- bandas locales que operan como base territorial
Uruguay ya no es periférico en este fenómeno. Es un nodo.
Señales operativas
Más allá de los datos, hay hechos concretos que permiten observar la evolución del fenómeno.
El hallazgo de un túnel en Ciudad Vieja, en una zona estratégica desde el punto de vista logístico, evidencia capacidad operativa avanzada.
La reciente incautación de armas y municiones en Rivera, en la frontera con Brasil, muestra la cercanía y penetración de redes criminales brasileñas.
Ambos hechos, analizados en conjunto, no son episodios aislados. Son señales de preparación, logística y proyección.
Uruguay está siendo incorporado progresivamente a dinámicas criminales más sofisticadas.
El vector silencioso: cárceles
Uno de los aspectos menos visibles, pero más relevantes, es el rol del sistema penitenciario.
En América Latina, organizaciones como el PCC no solo operan desde las cárceles. Se expanden a través de ellas.
En este contexto, la presencia o detención de miembros vinculados a estas estructuras en cárceles uruguayas no puede interpretarse únicamente como un éxito operativo.
También puede ser una vía de entrada.
La hipótesis de una infiltración progresiva a través del sistema penitenciario cobra fuerza:
- instalación de redes internas
- articulación con actores locales
- proyección hacia el exterior
El PCC no solo penetra territorios. Penetra sistemas.
El riesgo no es solo que lleguen. Es que se instalen.
Escenarios
La evolución del crimen organizado en Uruguay no está definida, pero sí se pueden identificar trayectorias posibles.
El escenario más probable no es el colapso inmediato.
Es la degradación progresiva:
- aumento gradual de la violencia
- mayor penetración criminal
- normalización del riesgo
También existen otros escenarios:
- contención, si se fortalecen las capacidades del Estado
- escalada, si se producen disputas entre organizaciones
- captura parcial, si se consolida la infiltración institucional
Los países no pasan de la estabilidad al colapso de un día para el otro. Pasan por etapas.
Una reflexión
Uruguay aún conserva ventajas importantes en materia de seguridad. Pero esas ventajas no son permanentes.
El país no enfrenta hoy una crisis abierta. Enfrenta algo más complejo: una transición.
Y como toda transición, define el futuro. La verdadera amenaza no es la violencia visible.
Es la que avanza sin hacer ruido, se instala y, cuando finalmente se hace evidente… ya es tarde.
La pregunta no es si Uruguay es seguro hoy.
La pregunta es otra:
si está dispuesto a actuar antes de dejar de serlo.
Fernando Vaccotti 