La figura de Tania Molina Rojas se ha convertido en una de las voces más relevantes y lúcidas de la discusión contemporánea sobre seguridad, democracia y crimen organizado en Centroamérica. Criminóloga, investigadora y referente regional en temas de COT, lavado de activos y seguridad hemisférica, Molina ha construido una trayectoria que trasciende lo académico para instalarse también en el debate político y estratégico de Costa Rica. Su obra, especialmente Futuro Secuestrado y posteriormente Crimen Organizado Transnacional: una mirada hemisférica, representa una advertencia temprana sobre la erosión de la llamada “excepcionalidad costarricense”, esa idea histórica de una Costa Rica estable, institucional y relativamente ajena a las dinámicas violentas que afectaron al resto del istmo centroamericano.
El artículo “El fin de una excepción centroamericana” se inserta precisamente en ese momento histórico. Más que una columna de opinión, funciona como una señal de alarma sobre la transformación acelerada de Costa Rica en un escenario donde convergen violencia criminal, debilitamiento estatal y penetración de capitales ilícitos. El valor de este texto radica en que combina la mirada técnica de una especialista en criminología con la preocupación política de quien entiende que la seguridad ya no puede separarse de la defensa del Estado democrático y del tejido social costarricense. En tiempos donde el COT avanza sobre puertos, economías formales, estructuras financieras y comunidades vulnerables, la voz de Tania Molina emerge como una de las más serias y estratégicas dentro del debate centroamericano actual.
Nos enorgullece publicar este artículo originalmente publicado en el Semanario Universidad de Costa Rica que sirve para enriquecer nuestro propio análisis de los fenómenos del COT en Latinoamérica y seguir entendiendo la realidad de nuestros países.
Fernando Vaccotti
Por Tania Molina Rojas , Criminóloga, Socia Fundadora Metrik Guard.
7 mayo, 2026
Durante décadas, Costa Rica fue considerada una anomalía en el contexto regional. Mientras nuestros vecinos Honduras, El Salvador y Guatemala enfrentaban epidemias de violencia ligadas al crimen organizado, Costa Rica mantenía tasas de homicidio inferiores a doce por cada cien mil habitantes y ostentaba indicadores de desarrollo humano propios de países mucho más ricos. Esa condición de excepción, sin embargo, comenzó a erosionarse silenciosamente desde mediados de la segunda década del siglo veintiuno.
El quiebre se materializó con crudeza estadística en 2023, cuando se registraron 905 homicidios dolosos: la cifra más alta en la historia del país y un incremento del 38,6 por ciento respecto al año anterior. En 2024 la cifra fue de 876, y en 2025 de 873, consolidando tres años consecutivos por encima de las ochocientas muertes violentas anuales. El promedio de 2,4 asesinatos por día ha normalizado una violencia que, en el año 2000 contabilizaba 251 víctimas ( 6.4 por cada 100.000 habitantes). Sin embargo , solo ocho años después Costa Rica sobrepasó la tasa de 10 por cada 100.000 habitantes con 512 víctimas, ubicándose de forma intermitente entre los países de Latinoamérica con más homicidios considerando la cantidad de habitantes general.
La inserción del crimen organizado en Costa Rica no fue un evento abrupto sino un proceso gradual traducido como la «transnacionalización» del delito en la región. El origen puede rastrearse hasta los años noventa, cuando los grandes cárteles colombianos —en particular el de Cali ( con la caída del Cartel de Medellín y el cambio de rutas) más las FARC— que identificaron el territorio costarricense como ruta estratégica para mover cocaína hacia el mercado estadounidense y, más tarde, europeo. La ausencia de recurso especializado policial, las extensas costas en el Caribe y el Pacífico, y una institucionalidad relativamente fuerte pero con capacidad operativa limitada hicieron de Costa Rica un corredor ideal. Los traficantes comenzaron a pagar sus servicios en especie —droga en lugar de dinero— y ese pago generó un mercado interno de narcomenudeo que no existía previamente. Ha sido principalmente en los barrios urbano-marginales de San José donde pandillas juveniles evolucionaron hacia bandas del narcomenudeo en los años dos mil, algunas de las cuales adoptaron el modelo de las llamadas «narcofamilias».
A partir de 2016, el proceso se aceleró cualitativamente. El Clan del Golfo colombiano y el Cartel de Sinaloa mexicano establecieron alianzas con estructuras locales. Costa Rica dejó de ser una simple bodega temporal para convertirse en un hub logístico activo: un punto de almacenamiento, redistribución y operaciones para cargamentos destinados a Europa. Puerto Moín, en la provincia de Limón, emergió como la puerta de salida más importante de cocaína hacia el continente europeo, un hecho que el New York Times documentó en 2023. El punto de inflexión más reciente llegó en noviembre de 2025 con la Operación Traición, la mayor movilización policial en la historia de Costa Rica: 1.200 agentes, 67 allanamientos y la desarticulación del denominado Cartel del Caribe Sur. Las autoridades lo designaron como la primera organización criminal transnacional originaria del país, con logística marítima propia, red de lavado de dinero, área jurídica y uso de tecnología de cifrado.
¿Por Qué Hay Tanta Violencia? Las Causas Estructurales
La violencia homicida en Costa Rica no es aleatoria ni exclusivamente delictiva: es el síntoma de una combinación de factores externos e internos que se retroalimentan. Comprender esa causalidad es indispensable para diseñar respuestas eficaces.
Costa Rica posee 1.290 kilómetros de costa entre el Caribe y el Pacífico, su posición geográfica la convierte en puente obligado del tráfico de cocaína que sale de Colombia hacia Norteamérica y Europa. La producción récord de cocaína en Colombia desde 2015 —impulsada paradójicamente por el proceso de paz y la reducción de la represión militar en zonas cocaleras— aumentó la cantidad de droga disponible, lo que elevó la presión sobre las rutas centroamericanas y, con ella, la competencia violenta entre grupos que disputaban su control. La economía agroexportadora costarricense ofreció, inadvertidamente, una cobertura logística excepcional. Las exportaciones de piña, yuca y madera hacia Europa son voluminosas, frecuentes y difíciles de inspeccionar en su totalidad. Las autoridades han decomisado cargamentos de cocaína ocultos en contenedores de piña con destino a España y en tucos de madera exportados hacia Hamburgo.
Intercriminalidad de riesgo: la exclusión como motor
El crimen organizado no se instala en el vacío: se capitaliza de la desigualdad estructural. Los cantones con mayores tasas de homicidio comparten, de manera sistemática, características de bajo desarrollo humano, alta proporción de hogares en asentamientos informales, bajo logro educativo y elevada presencia de jóvenes entre cinco y veinticuatro años sin opciones reales de inserción social y laboral.
El 45% de las de las víctimas de homicidio doloso en Costa Rica son menores de 30 años. En 2025 se asesinó a 50 menores de edad, un récord histórico, y 10 de ellos tenían 12 años o menos OIJ, enero 2026). A eso se suma una capacidad operativa del Estado que no creció al mismo ritmo que la amenaza. El factor más preocupante, sin embargo, es la captura del Estado. El caso de Celso Gamboa —exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, identificado por la DEA como coordinador centroamericano del Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa— reveló que las redes criminales habían penetrado las instituciones más altas del país , no ahora, sino desde hace muchos años. Este solo es la punta del iceberg, una pequeña muestra de cómo la corrupción se instaló en la institucionalidad costarricense.
Más Allá del Narcotráfico
El crimen organizado en Costa Rica ya no se limita al tráfico de drogas. Ha diversificado sus operaciones hacia el crimen ambiental, el fraude financiero y el lavado de activos a través de sectores legales de la economía.
El caso de Crucitas es paradigmático. En esa zona selvática de San Carlos, colindante con Nicaragua, donde más de tres mil personas operan ilegalmente en la extracción de oro, financiadas —según el OIJ y el Ministerio de Seguridad— por estructuras del crimen organizado transnacional que incluyen conexiones con el régimen nicaragüense, empresas chinas y posibles vínculos con el Cartel de los Soles venezolano. El área afectada por minería ilegal pasó de novecientas a más de tres mil hectáreas en menos de dos años. El FBI acompaña la investigación costarricense en lo que constituye el primer caso de crimen organizado ambiental en la historia del país.
¿Y en el plano digital? el OIJ reportó un incremento de 2.932 casos de estafa informática en 2025, el mundo de la criminalidad está pasando sistemáticamente a la virtualidad, por tratarse de un mercado ampliamente lucrativo y menos riesgoso que la delincuencia común. Donde se mueven redes de trata de personas, pornografía infantil y reclutamiento de menores a través de las plataformas colaborativas.
Perspectivas y Respuestas del Estado
La respuesta institucional- policial, ha ganado velocidad desde 2023. El Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV), las reformas legales que habilitaron la extradición de costarricenses por narcotráfico —aplicada por primera vez con el caso Gamboa en 2025—, la instalación de escáneres en el Puerto de Moín y la cooperación reforzada con la DEA, el FBI y fuerzas policiales de Colombia, Panamá y España han comenzado a rendir resultados (operativos). El OIJ proyecta incluso que 2026 cerrará con menos de 800 homicidios, lo que representaría la primera caída significativa en cuatro años. Muy precipitado anunciar esa disminución si consideramos que el segundo semestre siempre es más violento y se puede dar un fenómeno de explosión criminal por resiliencia de las organizaciones y reconfiguración.
No obstante, también las autoridades son las primeras en reconocer los límites de la respuesta policial, porque la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país no surgió de la nada y no desaparecerá con medidas exclusivamente represivas. El crimen organizado llegó aprovechando una geografía favorable, una institucionalidad con capacidad limitada y una desigualdad social que el modelo de desarrollo no ha logrado revertir. Se instaló gradualmente, desde el narcomenudeo en los barrios hasta la captura de las más altas instituciones del Estado.
Los datos son claros: tres años consecutivos por encima de los ochocientos homicidios anuales, una tasa de Limón que iguala a Ecuador, cincuenta menores asesinados en un solo año, un exmagistrado vinculado a los cárteles, tres mil personas extrayendo oro ilegalmente en la frontera norte. Costa Rica ya no puede autocalificarse como una excepción regional. Pero tampoco está condenada a seguir el camino de sus vecinos si actúa con la misma coherencia institucional que la distinguió en el pasado, esta vez orientada no solo a contener la violencia sino a atacar sus causas estructurales.
Fernando Vaccotti 