Dos países, dos realidades criminales, dos enfoques doctrinarios. Un mismo desafío estratégico: cómo preservar la capacidad del Estado frente al avance del crimen organizado transnacional.
Durante décadas, Uruguay y Ecuador representaron dos realidades muy diferentes dentro del mapa de la seguridad latinoamericana. Uruguay fue considerado una excepción regional por la fortaleza de sus instituciones democráticas, sus relativamente bajos niveles de violencia y una concepción de la seguridad centrada en la actuación policial. Ecuador, por su parte, pasó en pocos años de ser un país relativamente estable a convertirse en uno de los principales escenarios de confrontación entre el Estado y las organizaciones del crimen organizado transnacional.
Hoy ambos países presentan sus respectivos documentos estratégicos de seguridad. A primera vista parecería que responden a problemas completamente distintos. Sin embargo, una lectura detenida del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 de Uruguay y del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 de Ecuador revela algo mucho más interesante: ambos Estados están reorganizando sus capacidades frente a amenazas que ya no responden a los esquemas tradicionales de la seguridad pública.
No se trata de afirmar que Uruguay transita el mismo camino que Ecuador. Esa sería una conclusión apresurada y técnicamente incorrecta. Lo que sí puede sostenerse es que ambos documentos expresan una preocupación común: la expansión del crimen organizado exige respuestas estatales más integrales, coordinadas y sostenidas que las concebidas hace apenas una década.
Dos documentos, dos formas de pensar la seguridad
La primera diferencia aparece desde el propio título.
Uruguay presenta un Plan Nacional de Seguridad Pública.
Ecuador adopta un Plan Nacional de Seguridad Integral.
La diferencia no es solamente terminológica. Refleja dos maneras distintas de comprender el papel del Estado.
El documento uruguayo se presenta como un instrumento estratégico de política pública destinado a ordenar la acción estatal durante los próximos diez años. Propone fortalecer capacidades institucionales, coordinar organismos, utilizar evidencia científica para la toma de decisiones y consolidar una política de Estado que trascienda los ciclos electorales. La seguridad aparece concebida como una responsabilidad compartida, sustentada en la gobernanza democrática, la planificación, la evaluación permanente y el fortalecimiento de la Policía Nacional.
El documento ecuatoriano parte de un diagnóstico muy distinto. Su punto de partida es la existencia de un conflicto armado interno, la amenaza del crimen organizado transnacional y la necesidad de movilizar todas las capacidades nacionales para recuperar el control del territorio y proteger los intereses estratégicos del Estado. La seguridad deja de ser exclusivamente un asunto policial para convertirse en una cuestión de seguridad nacional.
En términos doctrinarios, Uruguay piensa la seguridad desde la administración pública; Ecuador la piensa desde la estrategia del Estado.
Las semejanzas
A pesar de sus diferencias, ambos documentos presentan coincidencias significativas.
Los dos reconocen que el crimen organizado ya no puede enfrentarse mediante respuestas fragmentadas. Ambos destacan la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones, mejorar la inteligencia, incorporar tecnología, profesionalizar a los organismos responsables y construir políticas de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno.
Los dos documentos también coinciden en que la seguridad debe apoyarse sobre información de calidad, planificación estratégica y evaluación permanente, abandonando respuestas exclusivamente reactivas.
Otra coincidencia relevante es la importancia asignada a la cooperación internacional. Ambos reconocen que el crimen organizado opera sobre redes transnacionales de financiamiento, logística, tráfico de drogas, armas, personas y lavado de activos, lo que obliga a fortalecer la articulación con otros Estados y organismos internacionales.
Las diferencias
Las diferencias aparecen cuando se analiza el diagnóstico de las amenazas.
El Plan uruguayo organiza su acción alrededor de siete ejes prioritarios: homicidios, violencia de género, armas de fuego, narcotráfico y economías criminales, ciberdelitos, sistema de justicia criminal y prevención del delito. Se trata de una agenda orientada principalmente a reducir daños, fortalecer capacidades institucionales y mejorar la eficacia de la respuesta estatal.
Plan%20Nacional%20de%20Seguridad_web.pdf
El documento ecuatoriano incorpora una dimensión mucho más amplia. Además del crimen organizado, analiza amenazas al Estado, riesgos estratégicos, intereses nacionales, contexto hemisférico, entorno vecinal, conflicto, seguridad pública y seguridad del Estado como un único sistema integrado.
MIDENA-SEGURIDAD2025-2026-X_compressed.pdf
Otra diferencia fundamental reside en el papel asignado a las Fuerzas Armadas.
En Uruguay, la Policía continúa siendo el actor central de la política de seguridad pública, mientras que el documento ecuatoriano plantea explícitamente el empleo articulado de todas las capacidades nacionales bajo el principio de unidad de esfuerzo para enfrentar organizaciones criminales con capacidad de desafiar al Estado.
No son respuestas contradictorias.
Son respuestas correspondientes a diferentes etapas de evolución de una misma amenaza.
Una región que converge
Quizá la principal enseñanza de esta comparación sea otra.
Durante muchos años Latinoamérica desarrolló políticas de seguridad profundamente distintas entre sí. Hoy comienza a observarse una convergencia doctrinaria.
Cada vez más Estados fortalecen sus sistemas de inteligencia, incorporan nuevas tecnologías, desarrollan capacidades para proteger infraestructuras críticas, incrementan la cooperación internacional y diseñan estrategias de recuperación territorial frente al crimen organizado.
No porque copien modelos extranjeros.
Sino porque las organizaciones criminales también convergen, aprenden unas de otras, comparten tecnologías, financiamiento, logística y formas de operar.
Los Estados comienzan a hacer lo mismo.
Una reflexión para Uruguay
La principal fortaleza de Uruguay consiste en que todavía dispone de margen para anticiparse.
Mientras Ecuador reorganiza su sistema de seguridad para recuperar espacios donde el crimen organizado alcanzó niveles de confrontación con el Estado, Uruguay procura fortalecer sus capacidades antes de llegar a ese escenario.
Esa diferencia es estratégica.
Los documentos analizados muestran que ambos países entienden que la seguridad ya no puede concebirse únicamente como una respuesta policial frente al delito. La creciente complejidad del crimen organizado obliga a integrar inteligencia, tecnología, cooperación internacional, fortalecimiento institucional y planificación estratégica.
La gran diferencia radica en el momento histórico en que cada Estado emprende esa transformación.
En definitiva, comparar ambos planes no significa equiparar dos realidades profundamente distintas. Significa comprender cómo dos Estados latinoamericanos responden, desde posiciones diferentes, a un mismo fenómeno que redefine la seguridad en el siglo XXI.
Quizá esa sea la principal lección que deja esta comparación: los documentos estratégicos no solo describen políticas públicas. Revelan cómo cada Estado interpreta las amenazas que enfrenta y cómo decide prepararse para el futuro.
Fernando Vaccotti 