Del contrabando a las redes criminales: cómo Uruguay llegó hasta aquí
Por Fernando Vaccotti
Durante demasiado tiempo Uruguay observó el narcotráfico como un fenómeno esencialmente externo. Colombia, México, Brasil o Centroamérica concentraban nuestro imaginario sobre el crimen organizado. Uruguay aparecía como un país pequeño, institucionalmente estable y, en el peor de los casos, utilizado como territorio de tránsito.
Ese paradigma ya no alcanza.
Los datos presentados por el Ministerio del Interior ante el Senado al cierre de septiembre permiten dimensionar el escenario: 137 estructuras criminales activas y 2.723 personas identificadas como integrantes. No son 137 carteles. Inteligencia Policial distingue 9 organizaciones criminales complejas, 43 grupos, 21 bandas y 64 clanes familiares. De las personas identificadas, 1.903 están en libertad y 649 recluidas.
Pero los números describen el presente. Para comprenderlo debemos formular otra pregunta: ¿Cómo llegamos hasta aquí?
De las rutas del contrabando a las rutas de la cocaína
Antonio Ladra aporta una perspectiva histórica indispensable. Uruguay no necesitó construir desde cero una infraestructura clandestina: antiguas rutas del contrabando, conocimiento fronterizo y circuitos logísticos podían ser reutilizados para un producto muchísimo más rentable: la cocaína.
Su investigación más reciente, El Tridente, reconstruye además las trayectorias de Sebastián Marset, Luis Alberto “Betito” Suárez y Luis Fernández Albín como expresiones diferentes de la evolución del narcotráfico uruguayo.
Durante una primera etapa predominó la lógica del tránsito. La droga atravesaba Uruguay o utilizaba su infraestructura para dirigirse hacia otros mercados.
Después ocurrió algo diferente: creció el mercado interno y particularmente el de la pasta base.
La droga dejó de ser solamente algo que pasaba por el territorio y comenzó a necesitar territorio.
Cuando el territorio adquiere valor
El microtráfico requiere bocas, distribución, vigilancia, dinero, protección y capacidad para conservar mercados. El territorio adquiere entonces valor económico.
Aparecen familias y grupos que acumulan poder local. Algunas estructuras sobreviven; otras desaparecen, se dividen o generan nuevas alianzas. Los conflictos pueden transformarse en ciclos de represalias que sobreviven incluso a sus protagonistas originales.
Aquí los trabajos recientes e informes de alto contenido profesional de Gabriel Pereyra aportan otra dimensión: poner nombres y geografía al fenómeno. Su aproximación a los principales grupos criminales permite bajar desde las grandes estadísticas hacia actores concretos.
Aparecen nombres conocidos en diferentes investigaciones y períodos: Suárez, Fernández Albín, Puglia, Bartolo, Colorados, Chineppe, Rocha, entre otros.
Pero debemos ser rigurosos. No todos tienen igual dimensión, organización, permanencia o capacidad criminal. Tampoco un apellido necesariamente identifica una única organización.
Lo que aparece es algo mucho más fragmentado.
Los barrios detrás del mapa
Los datos presentados al Senado muestran 37 estructuras operando en barrios de Montevideo. Marconi registra cinco; Villa Española, Piedras Blancas, Cerro y La Cruz de Carrasco, cuatro cada uno.
A esa geografía se agregan reiteradamente en investigaciones policiales otros escenarios como Cerro Norte, Casabó, Santa Catalina, La Teja, Malvín Norte, Villa García, El Monarca y Punta de Rieles.
Esto no convierte a esos lugares en “barrios criminales”. Allí viven miles de ciudadanos completamente ajenos al delito. Lo que significa es que determinadas estructuras han encontrado allí mercados, vínculos familiares, protección o espacios territoriales donde operar.
Y aparece una transformación particularmente importante: la fragmentación.
Uruguay no parece evolucionar necesariamente hacia un gran cartel nacional que monopolice el negocio. Puede estar desarrollándose algo diferente: múltiples estructuras pequeñas y medianas que compiten violentamente, pero que simultáneamente pueden conectarse con actores superiores.
De la banda a la red
Aquí los abordajes de Ladra y Pereyra comienzan a encontrarse.
El barrio explica una parte del fenómeno. Ya no explica todo.
Una organización local no necesita poseer una estructura internacional propia. Puede comprar droga a un proveedor, armas a otro, utilizar transportistas independientes, tercerizar ejecuciones, conectarse con personas privadas de libertad y recurrir a terceros para introducir dinero en la economía formal.
Tampoco necesita pertenecer orgánicamente al PCC o a otra organización extranjera para relacionarse circunstancialmente con integrantes, proveedores o intermediarios de esas redes.
El viejo organigrama piramidal comienza entonces a ser sustituido por algo mucho más flexible: una red criminal distribuida.
Sebastián Marset representa claramente otra escala del fenómeno: la posibilidad de que desde Uruguay emerjan operadores capaces de proyectarse regionalmente y participar en redes transnacionales.
Por eso propongo interpretar nuestra evolución mediante una secuencia:
RUTA → MERCADO → TERRITORIO → BANDA → RED → CONVERGENCIA.
Cada etapa no sustituye a la anterior. Se superpone.
Uruguay continúa siendo ruta, tiene mercado interno, presenta territorios disputados, posee bandas y clanes y está conectado con redes criminales regionales.
Cuando las armas cambian la ecuación
RADAR viene siguiendo otra señal: la capacidad de fuego.
Durante el primer semestre de 2026 fueron incautadas 1.434 armas, un 15,46% más que un año antes. Entre ellas había 504 armas largas, frente a 356 en igual período de 2025. La cantidad de cartuchería incautada aumentó más de 450%.
Al mismo tiempo, de los 195 homicidios registrados durante esos seis meses, 146 fueron cometidos con armas de fuego: 74,9% del total. Los homicidios con armas de fuego aumentaron 24,8% respecto del mismo período de 2025.
Esto no significa que toda arma larga esté vinculada al crimen organizado. Sí obliga a incorporar otra pregunta:
¿qué capacidad de fuego está migrando hacia el mundo criminal?
El 58% que debemos observar
Existe un dato todavía más revelador.
Según la información presentada por Interior ante el Senado, los conflictos entre criminales constituyen el principal motivo aparente de los homicidios registrados entre enero y agosto. Esa categoría pasó del 30% en 2013 al 58% en 2026.
Debe interpretarse correctamente: “conflicto entre criminales” no significa automáticamente cartel, narcotráfico o crimen organizado.
Pero la evolución es demasiado significativa para ignorarla.
Puede bajar la cantidad global de delitos —las denuncias disminuyeron 3,7% durante el primer semestre— y simultáneamente aumentar la peligrosidad de una franja de la violencia.
Frecuencia e intensidad no son lo mismo.
Cárcel, dinero y convergencia
El siguiente paso es mirar más allá de la calle.
De los 2.723 integrantes de estructuras identificados por Inteligencia, 649 están recluidos.
La cárcel ya no puede analizarse únicamente como destino final del delincuente. Puede convertirse en espacio de contacto, reclutamiento, transmisión de órdenes y construcción de nuevas relaciones.
Después aparece el dinero.
Cuando una organización necesita transformar ganancias criminales en vehículos, propiedades, empresas o activos legales, el problema deja de ser exclusivamente policial.
Por eso RADAR incorpora dos dimensiones complementarias: IVA, para observar la capacidad de violencia y fuego, e IPI, para detectar señales verificables de aproximación del dinero criminal hacia estructuras económicas o institucionales.
Con una regla fundamental: relación no significa complicidad; proximidad no significa penetración; investigación no significa condena.
La nueva capa de violencia
No estamos ante Medellín ni Sinaloa. Trasladar mecánicamente esos modelos a Uruguay sería un error.
El escenario uruguayo parece diferente: fragmentado, territorial y crecientemente conectado.
Y allí aparece nuestra hipótesis.
Sobre la criminalidad convencional comienza a distinguirse una nueva capa de violencia: actores y episodios caracterizados por mayor capacidad de fuego, conflictos criminales persistentes, convergencia entre drogas, armas y dinero, utilización de las cárceles y conexiones con redes superiores.
El Estado también está reaccionando. Operaciones policiales, inteligencia y la nueva Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones muestran que existe una competencia creciente de capacidades.
Antonio Ladra nos ayuda a comprender de dónde venimos. Gabriel Pereyra contribuye a identificar quiénes y dónde. Los datos oficiales permiten medir qué está sucediendo.
RADAR intenta agregar la pregunta siguiente:
¿hacia dónde está evolucionando?
Porque Uruguay no se despertó un día con 137 estructuras criminales.
Primero estuvieron las rutas. Después el mercado. El mercado necesitó territorio. El territorio generó disputas. Las disputas demandaron armas. Las bandas construyeron redes. Las cárceles se convirtieron también en nodos y el dinero criminal buscó ingresar en la economía legal.
Así llegamos hasta aquí.
Y por eso ya no alcanza con medir cuánta violencia tenemos.
Tenemos que medir qué capacidad está adquiriendo quien ejerce esa violencia.
Fernando Vaccotti
RADAR de Seguridad | Uruguay
Balance de septiembre de 2026
