(Por El Observador)
El gobierno no puede ignorar los reclamos pero debe hacer cumplir la ley e impedir los cortes de rutas
Pese a su ilegalidad, el gobierno se ha mostrado indebidamente tolerante con el creciente recurso del corte de rutas como forma de protesta. Por primera vez el agro incluyó breves cortes de ruta durante sus últimas movilizaciones. Y los vecinos de varias ciudades que han estado realizando iguales medidas de protesta por su indefensión ante la ola delictiva, parecen en camino de convertir sus manifestaciones aisladas en un movimiento nacional unificado al anunciar que el 30 de este mes realizarán concentraciones simultáneas en 15 puntos del país, con probables nuevos cortes. Son comprensibles los reclamos de vecinos en diferentes localidades contra la inseguridad pública o de sectores de productores por caída de rentabilidad, todos ellos cansados de falta soluciones y de respuestas oficiales que consideren adecuadas. Pero nada justifica incurrir en excesos que violan la libertad de tránsito, establecida en la Constitución, una ley y un decreto.
En las actuales apreturas financieras, es poco lo que el gobierno puede hacer por ahora para responder a las exigencias de Un solo Uruguay y las gremiales agropecuarias que lo acompañan. Argumentan desatención de la administración Vázquez, que a su vez sostiene haberlos tomando en cuenta con algunas medidas parciales de alivio a los productores menores y más golpeados, con bajas en el IVA y asistencia crediticia. Pero el agro demanda disminución generalizada a todos del precio del gas oil y otras medidas como reducción del gasto público y reducción de la pesada estructura del Estado.
Es virtualmente imposible que el gobierno acceda, en momentos en que boquea por falta de recursos fiscales y enfrenta severas presiones de sindicatos del sector público, en pie de guerra contra los modestos aumentos presupuestales para educación y seguridad contenidos en el proyecto de Rendición de Cuentas.
Y en materia de seguridad pública, la estructura oficial corre de atrás a una avalancha de diarios delitos contra las personas y la propiedad, en Montevideo y muchos puntos del interior, pese al mejoramiento de la acción policial y en lo que inciden irresueltas controversias sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal.
Pero el gobierno, por otra parte, mal puede ignorar el alcance que están alcanzando los movimientos de protesta de residentes de muchas ciudades y de la virtual totalidad del agro. Por ahora son relativamente pacíficos pese a estar incurriendo en actos ilícitos. Pero no puede soslayarse que sectores considerables de la sociedad, resueltos a presionar cada vez con mayor fuerza en sus reclamos, recurran a extremos peores. Aunque nuestra población es diferente a la de Brasil y Argentina, con menos predisposición a los excesos, no está de más tener presente las convulsiones sociales que sufren nuestros vecinos por la exacerbación de protestas populares. La administración Vázquez no está en condiciones de atender, plena y rápidamente, las exigencias del agro y de poblaciones asoladas por la delincuencia, pero al menos debe tomar el camino de hacer cumplir la ley impidiendo los cortes. Pero eso sí, los reclamos de mayor seguridad y de menor costo del Estado no pueden quedar de lado. Y no por las protestas que acarreen sino por el presente y futuro del país.
Fernando Vaccotti 