A casi dos años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, México continúa con los pies atrapados en los eventos violentos.
Antes de asumir la presidencia, a finales de 2018, López Obrador anunció que su plan para atajar la violencia apuntaría por un lado a las causas, la corrupción, la falta de oportunidades y calidad en la educación, el empleo y el acceso a la salud. Por otro lado explicó que su gobierno reformularía la guerra al narcotráfico del ex mandatario Felipe Calderón (2006-2012).
Dieciocho meses más tarde, la situación es sin embargo igual o peor. Las ayudas sociales de López Obrador funcionan desde hace tiempo, pero los resultados no llegan. Las críticas a las fuerzas armadas han sido durísimas y continuas, sobre todo desde el Culiacanazo, cuando un grupo del Ejército intentó atrapar a Ovidio Guzmán, y luego también por la matanza de la familia mormona LeBarón.
Para el analista en seguridad, Ricardo Márquez Blas, existen dos factores que continúan impactando profundamente en el aumento de la violencia en México. “Las instituciones de seguridad pública mexicanas, al menos durante la última década, existe una tendencia sigilosa pero clara hacia una retirada funcional frente a la criminalidad, particularmente frente al crimen organizado. Este retiro funcional representa un factor importante para explicar los niveles muy altos de violencia en México”, escribió en su artículo Violencia criminal en México: entre los sigilosos y los no deseados.
Márquez Blas añade: “Este retiro no se ha expresado en documentos oficiales de la política pública sobre seguridad. No es una estrategia oficial, sino una realidad sigilosa de la forma en que la policía del país opera a diario”.
Esto quiere decir que la policía mexicana interviene cada vez menos en los crímenes ocurridos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el periodo de 2010 a 2018, el número total de delitos que ocurrieron aumentó 42.8 por ciento, mientras que la participación policíaca solo lo hizo en un 9.5 por ciento.
Dicho fenómeno, explica el analista, tiene sus variantes en el tipo de delito y la corporación policial. Por ejemplo, las acciones policíacas vinculadas al crimen organizado se redujeron 76.8 por ciento en ocho años, y los delitos de jurisdicción común en un 32.1 por ciento. En las corporaciones de la policía estatal, las intervenciones han sido menores que en las municipales.
La sensación de frustración en materia de seguridad es quizá una de las más dolorosas para el gobierno.
Fuente : Infobae.
Fernando Vaccotti 