La reciente victoria electoral de Keiko Fujimori en Perú motivó un interesante análisis publicado por el medio español El Orden Mundial, firmado por David Gómez. El artículo sostiene que la región atraviesa una “bukelización” caracterizada por el ascenso de una derecha populista radical cuyo eje central es la seguridad. Comparto buena parte de los hechos descritos. Sin embargo, considero que el fenómeno puede interpretarse desde una perspectiva diferente, quizá más cercana a la realidad que hoy vive Latinoamérica.
La llamada “bukelización” no debe entenderse solo como expansión de una derecha radical, sino como síntoma de una crisis más profunda: la pérdida de capacidad estatal frente al crimen organizado, la violencia y la desconfianza institucional.
La seguridad no gira a la derecha. Revela la crisis del Estado en Latinoamérica.
A propósito del análisis publicado por David Gómez en El Orden Mundial sobre el triunfo de Keiko Fujimori en Perú y la denominada “bukelización” de América Latina.
El artículo plantea una tesis clara: el éxito electoral de diversos líderes conservadores o catalogados como “derecha populista radical” demostraría que la seguridad se ha convertido en el principal eje político de la región, siguiendo el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador.
La observación resulta pertinente. Sin embargo, creo que el análisis invierte la relación entre causa y consecuencia.
No considero que estos dirigentes triunfen porque hayan instalado la seguridad como bandera política. Más bien ocurre exactamente lo contrario: la seguridad ocupa hoy el centro del debate porque millones de ciudadanos perciben que el Estado ha perdido capacidad para protegerlos.
La demanda social precede a la oferta política.
Durante décadas, gran parte de la política latinoamericana pudo interpretarse razonablemente a partir del eje izquierda-derecha. Hoy esa categoría continúa siendo útil, pero resulta insuficiente para explicar lo que ocurre en numerosos países de la región.
El verdadero cambio es otro.
Latinoamérica enfrenta una transformación profunda de su entorno estratégico. El crimen organizado ya no puede entenderse únicamente como un fenómeno policial o vinculado al narcotráfico. Nos encontramos frente a organizaciones capaces de controlar territorios, infiltrar instituciones, diversificar economías ilícitas, utilizar tecnologías emergentes, ejercer violencia sistemática y desafiar directamente la autoridad del Estado.
Cuando cambia la naturaleza de la amenaza, también cambia la naturaleza de la política.
Por esa razón, agrupar bajo una misma etiqueta a liderazgos tan diversos como Javier Milei, Daniel Noboa, Keiko Fujimori, José Antonio Kast o Abelardo de la Espriella puede simplificar excesivamente una realidad mucho más compleja.
Cada uno representa trayectorias políticas distintas y responde a circunstancias nacionales muy diferentes. Lo que realmente comparten es otra condición: todos compiten en sociedades donde una parte creciente de la ciudadanía percibe que el Estado ya no garantiza adecuadamente seguridad, justicia, control territorial ni gobernabilidad.
Ese es, probablemente, el verdadero denominador común.
Desde Europa, el debate político suele centrarse en la polarización ideológica, la inmigración o el auge de determinados movimientos políticos. En buena parte de Latinoamérica, en cambio, la preocupación cotidiana es otra: si el Estado conserva efectivamente el monopolio legítimo de la fuerza y la capacidad de gobernar su territorio.
La diferencia no es menor.
En varios países de la región existen organizaciones criminales que administran economías ilícitas multimillonarias, controlan barrios, penetran instituciones públicas, desafían a las fuerzas de seguridad e incluso condicionan decisiones políticas. En ese contexto, la seguridad deja de ser un tema sectorial para transformarse en una cuestión existencial para el Estado.
Por eso me pregunto si el concepto de “bukelización” describe realmente la causa del fenómeno o apenas una de sus manifestaciones.
Tal vez lo que estamos observando no sea la expansión homogénea de una determinada corriente ideológica, sino la aparición de una nueva demanda ciudadana: recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad, garantizar seguridad y restablecer la gobernabilidad.
Si esa hipótesis es correcta, entonces el eje principal de la política latinoamericana ya no pasa exclusivamente por la tradicional división entre izquierda y derecha.
Comienza a desplazarse hacia otra pregunta mucho más decisiva:
¿Qué liderazgo posee la capacidad real de reconstruir el Estado frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas, adaptativas y transnacionales?
Quizá allí resida el cambio político más importante que vive hoy Latinoamérica. Y quizá también sea allí donde debamos comenzar a interpretar los procesos electorales de la región durante la próxima década.
Fernando Vaccotti 