México, Uruguay y la discusión que América Latina necesita tener
Cada vez que un gobierno anuncia un programa de desarme voluntario, el mensaje parece simple: menos armas deberían significar menos violencia.
La lógica resulta intuitiva y políticamente atractiva. Miles de armas entregadas, ceremonias públicas de destrucción y un discurso centrado en la construcción de paz transmiten la sensación de que el Estado está recuperando el control.
Sin embargo, la seguridad rara vez responde a ecuaciones tan lineales.
La verdadera pregunta no es cuántas armas desaparecen de circulación, sino qué armas desaparecen, quiénes las entregan y si esas armas eran realmente las que alimentaban la violencia criminal.
Ese debate volvió a instalarse en México, pero también comienza a abrirse paso en Uruguay.
El caso mexicano
El Gobierno de Claudia Sheinbaum informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” recibió voluntariamente 11.679 armas de fuego durante los primeros meses de implementación.
Se trata de un programa anónimo, voluntario y con compensación económica destinado a retirar armas de los hogares.
Desde una perspectiva preventiva, la iniciativa tiene méritos.
Cada arma abandonada, olvidada o almacenada sin medidas de seguridad representa un riesgo potencial para accidentes domésticos, suicidios, violencia intrafamiliar o robos.
Reducir ese universo siempre constituye un objetivo legítimo.
El problema aparece cuando ese resultado se presenta como una política central contra la violencia del crimen organizado.
Porque los grandes cárteles mexicanos no obtienen su armamento mediante programas oficiales.
Disponen de redes internacionales de tráfico, arsenales militares, fusiles automáticos, explosivos, drones, vehículos blindados improvisados y cadenas logísticas que exceden completamente el mercado civil.
Es difícil imaginar a un jefe del Cártel de Sinaloa o del CJNG haciendo fila para entregar voluntariamente un fusil de asalto a cambio de una compensación económica.
Los números ayudan a comprender el problema
México continúa registrando una de las tasas de homicidios más altas del continente.
Durante 2024 fueron asesinadas más de 33.000 personas, y aproximadamente siete de cada diez homicidios fueron cometidos con armas de fuego.
Es cierto que durante 2025 y el primer semestre de 2026 los indicadores oficiales muestran una reducción progresiva del promedio diario de homicidios.
Ese descenso merece ser reconocido.
Pero también es cierto que ningún análisis serio atribuye esa mejora exclusivamente al programa de desarme.
La violencia en México depende de múltiples variables:
- disputa territorial entre organizaciones criminales;
- inteligencia policial;
- presencia militar;
- combate al lavado de activos;
- cooperación internacional;
- captura de líderes criminales;
- control de fronteras;
- fortalecimiento institucional.
Reducir el fenómeno a la cantidad de armas entregadas sería una simplificación excesiva.
La lección estratégica
Aquí aparece una diferencia fundamental que muchas veces desaparece del debate público.
No todas las armas representan el mismo riesgo.
Existe una enorme diferencia entre:
- un revólver heredado hace treinta años;
- una pistola guardada en un placard;
- un arma registrada utilizada para defensa legítima;
- un fusil automático empleado por una organización narcotraficante.
Sin embargo, todas suelen contabilizarse como “armas retiradas”.
Desde el punto de vista estadístico pueden valer uno pero desde el punto de vista estratégico, no.
Cuando un Estado reduce principalmente las armas de ciudadanos que respetan la ley, pero el crimen organizado mantiene intacta su capacidad de fuego, el efecto sobre la violencia estructural probablemente será limitado.
Uruguay comienza un debate similar
El Ministerio del Interior anunció su intención de impulsar una campaña de entrega voluntaria de armas, integrada dentro de una reforma más amplia sobre armamento y municiones.
Debe decirse con claridad: no se trata de una confiscación general.
El propio Ministerio ha explicado que el objetivo es incentivar la entrega voluntaria y mejorar la trazabilidad del armamento.
Sin embargo, el debate de fondo continúa siendo el mismo.
Uruguay cerró 2025 con 371 homicidios, y cerca del 70 % fueron cometidos mediante armas de fuego.
Al mismo tiempo, las investigaciones muestran un crecimiento sostenido del tráfico ilegal, las denuncias por disparos, el uso de armas por organizaciones narcotraficantes y la circulación clandestina de municiones.
La pregunta vuelve a ser inevitable:
¿El principal problema uruguayo son las armas registradas de ciudadanos que cumplen la ley, o las armas ilegales utilizadas por organizaciones criminales?
La respuesta probablemente determine el éxito o el fracaso de cualquier reforma.
Lo que enseña la experiencia latinoamericana
| País | Modelo | Resultado principal |
|---|
| Argentina | Programa Nacional de Entrega Voluntaria (desde 2007). | Más de 200.000 armas destruidas. Mejoró el registro y el control estatal, aunque no existe evidencia concluyente de que por sí solo haya reducido significativamente la violencia criminal organizada. |
| Brasil | Estatuto do Desarmamento y campañas periódicas. | Algunos estudios encontraron disminuciones en determinados homicidios, especialmente donde existió fuerte control estatal. Sin embargo, el crimen organizado continuó abasteciéndose mediante mercados ilegales. |
| México | «Sí al Desarme, Sí a la Paz». | Miles de armas civiles retiradas. El impacto sobre los grandes cárteles continúa siendo limitado porque éstos mantienen redes propias de abastecimiento ilegal. |
| Uruguay | Proyecto de entrega voluntaria actualmente en desarrollo. | Todavía no existen resultados. El verdadero desafío será comprobar si afecta al mercado ilegal o únicamente reduce el número de armas legales en manos de ciudadanos que respetan la normativa. |
Lo que muestran las experiencias regionales
Las políticas de entrega voluntaria permiten extraer algunas conclusiones relativamente claras y basadas en evidencia.
- Reducen riesgos domésticos asociados a accidentes, suicidios y violencia intrafamiliar.
- Mejoran el conocimiento estatal sobre el parque de armas legales.
- Facilitan la destrucción de armas abandonadas o fuera de uso.
Pero también muestran otra realidad.
Hasta el momento ningún programa de desarme voluntario ha demostrado ser suficiente para reducir por sí solo la violencia del crimen organizado.
Las organizaciones criminales no se abastecen en estos programas.
Se abastecen mediante:
- tráfico internacional;
- robo de arsenales;
- corrupción;
- contrabando;
- fabricación clandestina;
- mercados ilegales transnacionales.
Por eso el verdadero campo de batalla continúa estando en otro lugar.
La política pública que realmente importa
Más que discutir únicamente sobre la cantidad de armas legales en circulación, América Latina debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer cinco capacidades estatales:
- inteligencia criminal;
- control de fronteras;
- trazabilidad integral de armas y municiones;
- investigación financiera de las organizaciones criminales;
- persecución sistemática del tráfico ilegal.
Allí es donde se decide la capacidad de fuego del crimen organizado, no en las campañas públicas de entrega voluntaria.
Una reflexión final
La discusión no debería dividirse entre quienes desean una sociedad armada y quienes aspiran a una sociedad desarmada.
Ese es un falso dilema.
La verdadera discusión consiste en determinar qué armas deben salir de circulación y quiénes representan realmente la amenaza para la seguridad pública.
Retirar armas abandonadas de los hogares puede ser una buena política preventiva.
Pero confundir esa medida con una estrategia suficiente para enfrentar organizaciones criminales fuertemente armadas constituye un error de diagnóstico.
Y en seguridad, un diagnóstico equivocado suele conducir a políticas públicas ineficaces.
México ofrece una enseñanza que Uruguay haría bien en observar con atención.
Destruir armas es relativamente sencillo.
Desarmar al crimen organizado sigue siendo el verdadero desafío del Estado.
Fuentes:
- Gobierno de México – Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.
- Secretaría de Gobernación de México (SEGOB).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) – Estadísticas de homicidios 2024 y 2025.
- Presidencia de México – Informes de seguridad 2026.
- Parlamento del Uruguay – Comparecencia del Ministro del Interior sobre la reforma de armas y municiones.
- Ministerio del Interior del Uruguay – Anuario Estadístico de Criminalidad 2025.
- Plataforma de Participación Ciudadana del Gobierno de Uruguay – Reforma sobre armas y municiones.
- Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas (ANMaC) – Argentina.
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) – Evaluación del Programa Nacional de Desarme.
- Estudios académicos sobre el Estatuto do Desarmamento de Brasil.
- Universidad de la República (Uruguay) – Investigaciones comparadas sobre políticas de control de armas en América Latina.
Fernando Vaccotti 