Durante los últimos meses he desarrollado una idea que comienza a repetirse en distintos espacios de análisis regional: la creciente convergencia entre la defensa nacional y la seguridad pública.
No se trata únicamente de un debate teórico. Los hechos parecen mostrar una tendencia.
Brasil acaba de activar la Operación Ágata para reforzar el control de sus fronteras con un amplio despliegue conjunto de Ejército, Marina, Fuerza Aérea y organismos de seguridad.
Uruguay, por su parte, incrementó los patrullajes militares en la frontera norte mientras la Policía Nacional incorpora drones, tecnología ISR y nuevas capacidades de vigilancia. Paralelamente, Montevideo presencia la incorporación de vehículos blindados en operaciones policiales frente al aumento de la violencia vinculada al crimen organizado.
En Ecuador, las Fuerzas Armadas desempeñan un papel central en la lucha contra las organizaciones criminales.
En El Salvador, el combate a las pandillas se desarrolla mediante una estrecha integración entre fuerzas militares y policiales.
En Perú, las Fuerzas Armadas son desplegadas de manera recurrente durante estados de emergencia y el nuevo gobierno ya anunció que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad en las esas zonas.
También propuso que los militares participen en la administración de establecimientos penitenciarios como parte de una reforma integral de seguridad.
México mantiene desde hace años un protagonismo creciente del instrumento militar en tareas de seguridad interior.
Chile también ha recurrido al apoyo militar para el control de determinadas zonas fronterizas y situaciones excepcionales.
Implementación del Plan Escudo Fronterizo, integrando militares, Carabineros y otras agencias para contener migración irregular y crimen organizado transnacional. Impulso de una coordinación regional contra el crimen organizado con países vecinos.
A estos casos se suma otro elemento menos visible, pero igualmente significativo: el aumento de las operaciones combinadas y de la cooperación con los Estados Unidos en materia de entrenamiento, inteligencia, vigilancia, interoperabilidad y combate al crimen organizado transnacional.
Todo ello parece responder a una misma lógica.
Las amenazas ya no respetan la división clásica entre seguridad interior y defensa nacional.
El narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal o criminal, el contrabando, la trata de personas, las organizaciones criminales transnacionales y los flujos migratorios irregulares operan simultáneamente sobre las fronteras, las ciudades y las instituciones del Estado.
Frente a esa realidad, los gobiernos comienzan a integrar capacidades que durante décadas permanecieron separadas.
Quizás no estemos asistiendo simplemente a una militarización de la seguridad.
Quizás estemos presenciando el nacimiento de una nueva doctrina regional, donde defensa y seguridad dejan de ser compartimentos estancos para convertirse en componentes de una misma arquitectura estratégica destinada a preservar la soberanía, proteger a la población y enfrentar amenazas híbridas cada vez más complejas.
Ese, al menos, es el proceso que vengo observando y analizando desde hace tiempo.
Creo entonces que esta idea que vengo manejando hace ya un tiempo importante puede convertirse en mi “Teoría de la Convergencia Estratégica”.
La idea central es sencilla y potente:
En el siglo XXI, la defensa nacional y la seguridad pública ya no evolucionan por separado. La naturaleza de las amenazas obliga a los Estados a integrar capacidades militares, policiales, de inteligencia y tecnológicas dentro de una arquitectura estratégica común.
Fernando Vaccotti 