Intervención en Programa «La Palestra» – CX30 | 17 de septiembre de 2026 y reflexiones de un septiembre negro.
Quiero comenzar con una precisión porque me parece fundamental para entender lo que está ocurriendo en materia de seguridad en Uruguay.
No creo que el análisis deba limitarse a preguntarnos si hay más o menos delitos. Esa es una dimensión del problema, pero no necesariamente la más importante.
Creo que tenemos que empezar a preguntarnos algo diferente: ¿Está cambiando la naturaleza de la violencia en Uruguay?
Y mi hipótesis es que estamos comenzando a observar la aparición de una nueva capa de violencia, superpuesta a la delincuencia tradicional, caracterizada por una mayor potencia de fuego, modalidades de ataque más agresivas, una creciente capacidad operativa y, en determinados territorios, una utilización de la violencia como instrumento de intimidación y control.
EL RADAR DE SEPTIEMBRE
Desde el Radar de Seguridad que venimos siguiendo diariamente, hicimos un corte entre el 1.º y el 17 de septiembre.
Nuestro relevamiento de fuentes abiertas ha podido individualizar hasta ahora al menos 15 homicidios consumados en ese período. Hay otros casos bajo revisión, por lo que no presentaría esto como la estadística oficial consolidada del Ministerio del Interior, sino como un relevamiento OSINT de prensa.
Pero hay un elemento mucho más interesante que el número bruto.
De esos casos que hemos podido individualizar, aproximadamente tres de cada cuatro involucran armas de fuego.
Y esto no aparece aislado.
Los datos oficiales del primer semestre de 2026 muestran 195 homicidios dolosos consumados, contra 183 en igual período de 2025. Es un aumento del 6,6%.
Pero observen este otro número: 146 de esos 195 homicidios fueron cometidos con armas de fuego.
Es decir, el 74,9% de los homicidios. Un año antes eran el 63,9%. Por lo tanto, los homicidios con armas de fuego aumentaron aproximadamente 25% en un año.
Y acá aparece la primera advertencia que quiero dejar esta noche: No confundamos frecuencia con intensidad.
Porque, simultáneamente, el Ministerio del Interior informa que el total de delitos denunciados durante el primer semestre cayó un 3,7%.
Entonces pueden estar sucediendo dos cosas al mismo tiempo: puede disminuir el volumen general de determinados delitos y, sin embargo, aumentar la peligrosidad de una determinada franja de la violencia criminal.
Y no hay ninguna contradicción entre ambas cosas.
YA NO ES SOLAMENTE EL ARMA: ES LA POTENCIA DE FUEGO
Hay otro dato que para mí resulta especialmente significativo.
Durante el primer semestre de este año la Policía incautó 1.434 armas de fuego, un 15,5% más que en el mismo período de 2025.
Pero cuando miramos las armas largas encontramos algo todavía más significativo.
Pasamos de 356 armas largas incautadas en el primer semestre de 2025 a 504 en 2026.
Eso representa un crecimiento cercano al 42%.
Y fueron incautados 82.225 cartuchos, contra 14.931 un año antes. Es un incremento superior al 450%.
Por supuesto: una mayor incautación también puede reflejar una mayor eficacia policial. No podemos convertir automáticamente incautaciones en una medida exacta de disponibilidad criminal.
Pero hay otro dato cualitativo.
La propia Policía Científica ha advertido sobre modificaciones de armas cortas para incrementar su capacidad de disparo, convirtiéndolas incluso al régimen automático y utilizando cargadores de mayor capacidad. Aproximadamente 80 armas cortas incautadas habían sido modificadas para funcionar automáticamente.
Entonces mi preocupación ya no es solamente cuántas armas existen.
Mi preocupación es qué capacidad de fuego está migrando hacia determinados sectores del mundo criminal.
LO QUE ESTAMOS VIENDO EN LA CALLE
Y después están los episodios concretos. Hace pocos días, en Ituzaingó, un joven de 21 años viajaba como pasajero en un taxi.
Dos motos, cuatro atacantes. Interceptan el vehículo y disparan. En la escena quedaron cerca de 30 vainas calibre 9 milímetros.
El pasajero murió. El taxista resultó herido.
En Marconi hemos visto sucesivos episodios de disparos. El 11 de septiembre, después de un ataque contra una pareja, la investigación policial terminó encontrando armas cortas, armas largas, municiones y, según la información publicada, un fusil de asalto. En la escena aparecieron vainas correspondientes a subfusiles.
Y a fines de agosto, también en Marconi, se habían recogido cerca de 200 indicios balísticos de distintos calibres, incluyendo armamento de características particularmente potentes.
En Peñarol, en otro procedimiento, fueron incautadas dos armas largas calibre 5.56, además de una Glock 19, 110 municiones y chalecos balísticos.
Y el 10 de septiembre, en otro operativo, apareció un AR-15, una pistola modificada, cargadores —incluidos de alta capacidad— y más de cien municiones.
A esto debemos agregar las imágenes de balaceras que están circulando en redes sociales, atribuidas a Manga, Marconi y otros barrios.
Hay que ser muy prudentes con esto.
Un video en una red social no constituye por sí mismo evidencia de que el hecho haya ocurrido donde se afirma, ni cuándo se afirma. Hay que verificarlo.
Pero cuando estas acciones son auténticas, aparece una dimensión adicional. Porque una balacera filmada y exhibida públicamente puede dejar de ser solamente violencia física.
También puede convertirse en comunicación.
Comunica capacidad. Comunica presencia. Comunica impunidad. Y eventualmente comunica dominio sobre determinado territorio.
La violencia comienza entonces a adquirir una dimensión psicológica.
NO ESTOY DICIENDO QUE LA POLICÍA NO ACTÚE
Y acá quiero hacer otra precisión importante. Este diagnóstico no significa afirmar que la Policía uruguaya no esté actuando.
Todo lo contrario.
Entre el 4 y el 10 de septiembre, solamente la Guardia Republicana informó 1.174 personas registradas, 356 vehículos controlados y 21 detenidos, además de armas, drogas y vehículos incautados.
Tenemos allanamientos, investigaciones de Inteligencia, operaciones antidrogas y procedimientos que están sacando armas de circulación. Por eso la pregunta que yo plantearía no es si la Policía trabaja.
¿La arquitectura de seguridad que tenemos fue diseñada para la amenaza que está comenzando a aparecer?
Porque si la Policía está realizando operaciones permanentemente y, aun así, aparecen AR-15, armas 5.56, armas transformadas para disparo automático, cargadores de gran capacidad y decenas o centenares de vainas después de determinados enfrentamientos, entonces tenemos que mirar un escalón más arriba.
OTRAS VIOLENCIAS
Y no todo es crimen organizado. Tenemos también el intento de femicidio ocurrido en la Facultad de Medicina.
Una estudiante de 19 años fue atacada con un arma blanca por otro estudiante de la misma edad. La Justicia formalizó al agresor por femicidio en grado de tentativa y dispuso 180 días de prisión preventiva.
Es un fenómeno diferente. No debemos mezclar violencia de género, violencia interpersonal y crimen organizado como si fueran una misma cosa.
Pero todos estos fenómenos terminan impactando simultáneamente sobre un mismo sistema de seguridad, investigación criminal, Fiscalía, sistema penitenciario y prevención.
Y APARECE UNA SEÑAL INSTITUCIONAL
Este sábado está convocada además una manifestación frente al Ministerio del Interior.
Quiero ser preciso: no es la Guardia Republicana como institución.
Es el sindicato de la Guardia Republicana, junto con otros sindicatos policiales, organizaciones civiles y la Asociación para la Defensa de los Derechos de Usuarios Legítimos de Armas de Fuego.
Entre los reclamos planteados públicamente está la seguridad pública y el pedido de renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro.
Eso pertenece al debate político y sindical, y cada organización tendrá sus argumentos y el gobierno los suyos.
Pero desde el punto de vista de la seguridad hay un dato que me interesa observar: cuando sectores de los propios funcionarios encargados de brindar seguridad expresan públicamente preocupación por sus condiciones de seguridad y por la situación general, estamos ante una señal institucional que merece ser atendida.
LA NUEVA CAPA DE VIOLENCIA
Entonces vuelvo a mi hipótesis inicial.
¿Qué quiero decir cuando hablo de una nueva capa de violencia?
No estoy diciendo que Uruguay se haya convertido de repente en otro país. Tampoco estoy diciendo que todas nuestras organizaciones criminales posean capacidad militar. Estoy diciendo algo mucho más preciso.
Estamos observando indicadores que sugieren que una franja de nuestra criminalidad puede estar adquiriendo mayor capacidad de fuego, mayor organización operativa y formas más intensas de ejercer y comunicar violencia.
Yo identificaría cinco indicadores:
Primero: mayor presencia del arma de fuego en los homicidios.
Segundo: crecimiento importante de las incautaciones de armas largas y municiones.
Tercero: aparición de armas modificadas, fusiles y cargadores de alta capacidad.
Cuarto: modalidades operativas más agresivas: motocicletas, vehículos, ataques coordinados, ráfagas y gran cantidad de disparos sobre un mismo objetivo.
Quinto: utilización de la violencia como mecanismo de intimidación y eventualmente de control territorial y comunicación criminal.
Si esos cinco elementos comienzan a converger, entonces el problema deja de ser solamente cuantitativo.
Se vuelve cualitativo.
¿MILITARIZAR LA SEGURIDAD?
Y acá llegamos a un debate que sé que genera resistencia.
Yo creo que Uruguay tiene que comenzar a discutir seriamente la incorporación de capacidades de naturaleza militar a determinados niveles de la seguridad nacional.
Y quiero explicar exactamente qué quiero decir, porque no estoy proponiendo colocar soldados a realizar investigaciones policiales ni sustituir a la Policía Nacional.
La seguridad ciudadana debe continuar siendo responsabilidad policial. La investigación criminal corresponde a la Policía, la Fiscalía y la Justicia.
Pero cuando determinadas organizaciones alcanzan niveles superiores de armamento, movilidad, inteligencia, logística, comunicaciones y capacidad territorial, el Estado tiene que preguntarse si puede continuar respondiendo exclusivamente con la arquitectura tradicional de seguridad pública.
Hablar de una capa superior de respuesta significa hablar de inteligencia integrada, vigilancia persistente, drones, sensores, tecnología, capacidades especiales, control efectivo de fronteras, protección de infraestructuras críticas y coordinación real entre las instituciones del Estado, incluyendo capacidades de las Fuerzas Armadas allí donde la Constitución y las leyes lo permitan.
No estoy proponiendo militarizar las calles.
Estoy proponiendo algo diferente: militarizar determinadas capacidades del Estado frente a amenazas que comienzan a superar el nivel de la delincuencia convencional.
Y esto requiere legislación, controles democráticos, reglas de empleo perfectamente definidas y una separación clara de responsabilidades.
CIERRE
Por eso creo que el debate de seguridad que Uruguay necesita es bastante más profundo que preguntarnos simplemente si este mes tuvimos tres homicidios más o cinco menos.
La pregunta estratégica es:
¿Está cambiando la naturaleza de la violencia que enfrenta Uruguay?
Porque puede disminuir el delito convencional y simultáneamente aumentar la potencia de una franja de la violencia.
Puede mejorar la actuación policial y simultáneamente aumentar la capacidad del adversario. Puede haber menos episodios y, sin embargo, episodios mucho más violentos.
Y ahí está el punto central.
No alcanza con medir cuánta violencia tenemos. Tenemos que medir qué capacidad está adquiriendo quien ejerce esa violencia.
Porque si estamos efectivamente ante una nueva capa criminal —más armada, más móvil, más organizada y más territorial— entonces necesitamos construir una nueva capa de respuesta estatal.
No para reemplazar a la Policía. No para militarizar indiscriminadamente la seguridad ciudadana.
Sino para impedir que llegue un momento en que determinadas organizaciones criminales posean capacidades para las cuales el Estado no se preparó a tiempo.
Y lo resumiría de esta manera:
«Cuando cambia la potencia de la amenaza, tiene que cambiar la arquitectura de la respuesta».
Por Fernando Vaccotti
Fernando Vaccotti 