Corte 21–29 de septiembre de 2026
Armas, dinero, cárceles y narcopolítica : las distintas caras de una violencia que cambia
Fernando Vaccotti
RADAR llega a un nuevo corte semanal con una premisa que comienza a consolidarse: para entender lo que está ocurriendo con la seguridad en Uruguay ya no alcanza con contar homicidios.
Hay que observar cómo se mata, qué armas aparecen, cuánta capacidad de fuego circula, qué operaciones desarrolla el Estado, qué ocurre dentro de las cárceles y, cada vez más, qué sucede con el dinero producido por las economías criminales.
La última semana volvió a ofrecer señales en todas esas dimensiones.
No permiten afirmar que Uruguay haya ingresado en una situación de violencia generalizada. Pero sí justifican continuar siguiendo nuestra hipótesis de trabajo: sobre la delincuencia convencional parece distinguirse una capa de violencia de mayor intensidad y complejidad.
HOMICIDIOS: CONTAR, PERO TAMBIÉN CLASIFICAR
Durante el período continuaron registrándose homicidios tanto en Montevideo como en el interior.
Uno de los casos ocurrió en Parque Batlle, donde un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo luego de una discusión. El episodio resulta importante metodológicamente: no todo homicidio cometido con arma de fuego constituye violencia criminal de alta intensidad.
RADAR comienza por eso a diferenciar entre violencia interpersonal, violencia asociada eventualmente a mercados criminales, ejecuciones, ataques múltiples y episodios donde aparece una capacidad de fuego extraordinaria.
El número importa.
Pero la modalidad también.
Y allí aparece una de las señales que seguimos observando: la enorme presencia del arma de fuego dentro de la violencia letal uruguaya.
MENORES BAJO FUEGO
Esta semana conocimos un dato oficial particularmente duro.
Información del Ministerio del Interior obtenida mediante acceso a la información pública establece que durante el primer semestre de 2026 40 menores de 18 años resultaron heridos por armas de fuego.
Tres tenían menos de cinco años; cinco, entre seis y doce; y 32 eran adolescentes de 13 a 17 años.
Además, durante esos seis meses fueron asesinados ocho menores y siete de ellos murieron mediante armas de fuego. EL PAIS
Hay que evitar una conclusión apresurada: no estamos ante un fenómeno nacido en 2026. Interior registró 91 menores heridos de bala en 2025, 84 en 2024 y 81 en 2023. EL PAIS
Pero la persistencia es precisamente parte del problema.
RADAR incorpora desde ahora una nueva variable permanente:
VÍCTIMAS VULNERABLES | EXPOSICIÓN DE MENORES A LA VIOLENCIA ARMADA.
Porque la intensidad de la violencia no se mide solamente por el calibre de las armas.
También se mide por hasta dónde se extiende su radio de victimización.
Una sociedad puede acostumbrarse peligrosamente a contar homicidios. Lo que no puede normalizar es empezar a contar niños baleados.
TRAZADOR: DE LA DROGA AL DINERO
La «Operación Trazador» sigue siendo uno de los acontecimientos centrales del mes.
La investigación permitió incautar 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína: más de 265 kilos de estupefacientes, valuados por Interior en casi US$2 millones. También fueron incautados dinero, vehículos y armas. Gub.uy
Fiscalía obtuvo tres condenas. El líder de la organización recibió seis años y seis meses de penitenciaría; su pareja, tres años; y una tercera persona fue condenada a dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Entre los bienes decomisados aparecen aproximadamente $3 millones, US$42.000, vehículos de alta gama, armas y municiones para fusiles AK-47. Gub.uy
Pero Trazador dejó de ser únicamente una operación antidrogas cuando apareció otra dimensión: el lavado de activos y la proximidad con estructuras políticas.
Uno de los condenados por lavado se desempeñaba como asesor remunerado de un edil del Partido Nacional.
Aquí RADAR establece una frontera muy clara.
Proximidad no significa complicidad.
Fiscalía informó expresamente el 23 de septiembre que, al momento de la audiencia, no surgían de la carpeta elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado más allá de los condenados. Si aparecen posteriormente nuevos elementos sobre terceros, deberán ser remitidos a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Gub.uy
Pero el caso abre una pregunta estratégica:
¿Hasta dónde pueden avanzar los circuitos del dinero criminal dentro de la economía legal y aproximarse a estructuras institucionales antes de ser detectados?
IPI-RADAR | UNA NUEVA VARIABLE
Trazador nos lleva a incorporar formalmente el Indicador de Penetración Institucional — IPI-RADAR.
No es un indicador de culpabilidad.
Es un instrumento para detectar señales.
Nivel 1 — Proximidad: existe contacto comprobado con una estructura legal o institucional, sin evidencia de utilización criminal.
Nivel 2 — Interfase funcional: estructuras legales son utilizadas para facilitar operaciones o introducir recursos ilícitos.
Nivel 3 — Penetración: una posición institucional es efectivamente utilizada en beneficio de una actividad criminal.
Nivel 4 — Captura parcial: una organización obtiene protección, información, neutralización de controles o capacidad de influencia sostenida.
En Trazador, la dimensión política permanece, con la evidencia pública actualmente disponible, en Nivel 1: proximidad.
Y esa distinción es fundamental.
RADAR pretende detectar vulnerabilidades, no fabricar culpabilidades por asociación.
APORIA: EL INTERIOR TAMBIÉN ESTÁ EN EL MAPA
El crimen organizado y los mercados de drogas no constituyen exclusivamente un problema metropolitano.
El 24 de septiembre culminó en Tacuarembó la Operación Aporia.
La Brigada Departamental Antidrogas, Investigaciones, el Grupo de Respuesta Táctica y Guardia Republicana realizaron ocho allanamientos en la capital departamental.
Fueron detenidas siete personas y seis resultaron condenadas. Durante los procedimientos fueron incautados estupefacientes, armas y otros elementos vinculados a la investigación. Gub.uy
Es otra señal que RADAR seguirá sistemáticamente: la expansión territorial de mercados criminales y la respuesta policial fuera de Montevideo.
MARCONI-CASAVALLE: ARMAS Y TERRITORIO
El 21 de septiembre Guardia Republicana intervino ante una presunta usurpación de una vivienda en Marconi-Casavalle.
Un adolescente de 16 años y un hombre de 34 fueron detenidos.
La Policía incautó dos pistolas Glock que estaban requeridas. Gub.uy
Aislado, el episodio no demuestra control territorial del crimen organizado.
Pero entra dentro de una categoría que RADAR seguirá observando:
ARMAS – INTIMIDACIÓN – TERRITORIO.
La reiteración será la que determine si estamos ante episodios independientes o ante un patrón.
EL ESTADO TAMBIÉN SE MUEVE
El diagnóstico debe conservar equilibrio.
Entre el 18 y el 24 de septiembre, Guardia Republicana realizó 565 registros de personas y 167 controles vehiculares.
Hubo 13 detenidos, tres motocicletas recuperadas y cinco vehículos incautados.
También se incautaron tres armas de fuego, 63 municiones y cuatro teléfonos celulares. Gub.uy
Y aparece además una innovación tecnológica interesante.
Entre el 24 de agosto y el 13 de septiembre los drones policiales realizaron 713 vuelos e intervenciones, acumulando aproximadamente 25.000 minutos de vuelo. Interior considera que 127 produjeron resultados operacionales positivos, entre ellos localización de personas, recuperación de vehículos y ubicación de individuos buscados. Gub.uy
Esto obliga a introducir otro componente en nuestro análisis: la amenaza evoluciona, pero también lo hace la respuesta estatal.
RADAR deberá medir ambas.
CÁRCELES: EL TERRITORIO QUE NO PODEMOS IGNORAR
Durante estos días también trascendió el inicio de una huelga de hambre por parte de más de 50 privados de libertad del Sector 4A del Penal de Libertad.
RADAR seguirá el acontecimiento, pero sin atribuirle automáticamente una dimensión criminal hasta establecer con precisión las causas de la protesta.
El episodio sirve, sin embargo, para introducir definitivamente el RADAR PENITENCIARIO.
Las cárceles no existen fuera del ecosistema de seguridad.
Allí encontramos liderazgos criminales, mercados ilegales, comunicaciones hacia el exterior, drogas, armas, extorsiones y disputas por poder, pero también hacinamiento, condiciones de reclusión, derechos y capacidad estatal de control.
La cárcel es también territorio.
LA LECTURA RADAR
La semana deja entonces cuatro señales diferentes.
ARMAS: continúa la presencia significativa del arma de fuego y debemos seguir midiendo la aparición de capacidades superiores.
DINERO: Trazador demuestra que perseguir droga sin perseguir patrimonio permite observar solamente una parte del fenómeno.
TERRITORIO: Montevideo y el interior muestran mercados criminales y respuestas policiales que deben analizarse como sistema nacional.
INSTITUCIONES: la proximidad entre actores criminales y estructuras legales obliga a desarrollar instrumentos de alerta temprana sin convertir sospechas en culpabilidades.
¿Está cambiando la naturaleza de una parte de nuestra violencia criminal?
Todavía necesitamos acumular evidencia.
Pero existen suficientes señales para seguir midiendo.
El arma muestra la capacidad de intimidación del crimen organizado. El dinero y sus conexiones pueden mostrarnos su capacidad de penetración.
Y cuando ambas comienzan a crecer simultáneamente, el problema deja de ser solamente policial y comienza a convertirse en un problema estratégico de seguridad del Estado.
RADAR DE SEGURIDAD | Fernando Vaccotti
Corte: 29 de septiembre de 2026
Fuentes: Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, prensa nacional y departamental y fuentes abiertas. RADAR diferencia información confirmada, investigaciones en curso e hipótesis analíticas.
