El Uruguay narco al desnudo
De la Operación Trazador a la investigación de una posible red financiera de mayor alcance. Casas de cambio, redes de cobranza, conexiones políticas y antecedentes del narcotráfico mexicano y colombiano en nuestro país revelan un problema que trasciende las bocas de droga.
Por Fernando Vaccotti
El dinero, la verdadera dimensión del narcotráfico
El narcotráfico uruguayo no puede comprenderse exclusivamente a partir de los homicidios, las disputas territoriales y los cargamentos incautados. Existe otra dimensión, menos visible y potencialmente más profunda: la circulación del dinero criminal dentro de la economía formal.
La Operación Trazador, desarrollada en septiembre de 2026, permitió incautar 265,744 kilogramos de cocaína y pasta base, dinero, vehículos, armas y municiones. Pero sus consecuencias podrían superar ampliamente aquel procedimiento policial. De ello escribimos y hablamos bastante.
La investigación sobre Pablo Leiva, condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, abrió interrogantes sobre una posible estructura financiera que habría utilizado casas de cambio y redes de cobranza para movilizar ganancias del narcotráfico.
El problema ya no es solamente determinar quién comercializaba la droga. Es establecer quién administraba sus ganancias y hasta dónde llegaba el circuito financiero.
US$100.000 semanales: la escala del negocio
El periodista Eduardo Preve informó que Pablo Leiva habría manejado aproximadamente US$100.000 semanales. De mantenerse ese volumen durante un año, equivaldría a US$5,2 millones.
La cifra no constituye un monto judicialmente acreditado, pero permite dimensionar la hipótesis investigativa.
Leiva aparece vinculado a Henry Latorre, condenado por narcotráfico y otros delitos, dentro de una estructura de distribución abastecida presuntamente desde Paraguay. Informaciones periodísticas identifican al uruguayo Nicolás Suma, radicado en aquel país, como posible responsable de los cargamentos.
Se perfila así una organización con funciones diferenciadas: abastecimiento, distribución territorial, recaudación y manejo del dinero.
Casas de cambio: el eslabón financiero
El 28 de septiembre, el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, abrió una nueva investigación sobre los movimientos financieros vinculados a Trazador.
La pesquisa alcanzó operaciones realizadas mediante casas de cambio y redes de cobranza. Entre los establecimientos examinados aparece Cambio Monex, cuyo tesorero, Andrés Zugarramurdi, fue identificado por Leiva durante el allanamiento como la persona para quien trabajaba.
Según informaciones periodísticas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central inició actuaciones y solicitó explicaciones sobre la operativa de la empresa. También se informó que Fiscalía requirió levantamientos del secreto bancario.
La investigación de una empresa o de sus funcionarios no acredita, por sí misma, responsabilidad penal de sus propietarios ni de la institución.
Sin embargo, el interrogante es fundamental: ¿se trataba de operaciones individuales que eludían controles o existían mecanismos organizados para introducir efectivo de origen criminal en circuitos financieros?
Una advertencia desde el propio Estado
El 6 de octubre, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos examinó las consecuencias de Trazador.
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reconoció que las alertas relacionadas con grandes cantidades de efectivo en billetes de baja denominación aparentemente no habían funcionado.
También señaló que las redes de pago no estaban contempladas en la Evaluación Nacional de Riesgos de 2023.
La Senaclaft anunció contactos con esas empresas para revisar sus matrices de riesgo, mientras se estudian modificaciones a la estrategia nacional antilavado.
La información publicada por Búsqueda agrega un elemento significativo: durante 2025 se realizaron solamente doce supervisiones presenciales a casas de cambio y empresas de servicios financieros, aunque existieron otros controles a distancia.
La cuestión no es exclusivamente cuántas inspecciones se realizan, sino si el sistema logra detectar operaciones sospechosas y reconstruir sus beneficiarios finales.
Uruguay no descubrió el lavado de activos con la Operación Trazador. En 1989 fue detenido en Punta del Este Raúl Vivas, financista vinculado al Cártel de Medellín y a operaciones cambiarias y de oro.
A comienzos de los años noventa cayó Ramón Puentes Patiño, contador del Cártel de Cali, cuya investigación alcanzó movimientos bancarios y conexiones políticas regionales.
Décadas después, la presencia de Gerardo González Valencia, de Los Cuinis, y Rocco Morabito, de la ‘Ndrangheta italiana, volvió a demostrar el interés de organizaciones criminales internacionales por establecerse en Uruguay.
Los mecanismos y las responsabilidades fueron diferentes, pero el denominador común merece atención: la utilización del territorio nacional para actividades criminales transnacionales, incluidas operaciones patrimoniales y financieras. La investigación sobre Leiva debe leerse a la luz de esos antecedentes, sin presumir conexiones entre expedientes que no han sido demostradas.
El antecedente mexicano: Los Cuinis
Uruguay ya conoció estructuras internacionales dedicadas a legitimar capitales del narcotráfico.
En 2016, la investigación sobre Gerardo González Valencia, integrante de Los Cuinis, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), expuso operaciones de lavado mediante inversiones inmobiliarias, sociedades y movimientos financieros.
Una información especialmente relevante fue recuperada por el periodista Eduardo Preve: la sucursal de Cambio Monex en Piriápolis habría sido mencionada en la documentación judicial relacionada con González Valencia.
Este antecedente merece un examen documental específico. La aparición de un mismo establecimiento en investigaciones separadas por una década no demuestra continuidad criminal ni participación institucional en delitos.
Pero sí plantea preguntas sobre controles, trazabilidad y vulnerabilidades financieras.
Las investigaciones académicas presentadas en los libros «Vendedores de cuchillos« y «Los protectores del capital«, de Gabriel Tenenbaum y sus colaboradores, permiten comprender el papel de los intermediarios que ofrecen servicios para transformar ganancias ilícitas en activos aparentemente legítimos en este caso en nuestro país.
El crimen organizado no necesita controlar directamente todas las empresas que utiliza. Puede recurrir a intermediarios especializados, operadores financieros y estructuras comerciales existentes.
El patrón histórico: Uruguay como plataforma financiera
| 1989 | Raúl Vivas — Cártel de Medellín y operaciones cambiarias y con oro. |
| 1991–1992 | Ramón Puentes Patiño — Cártel de Cali, cuentas bancarias y conexiones regionales. |
| 2016 | Gerardo González Valencia — Los Cuinis, organización mexicana; inversiones y activos en Uruguay. |
| 2017 | Rocco Morabito — ‘Ndrangheta, residencia clandestina y redes transnacionales de cocaína. |
| 2026 | Operación Trazador — distribución de drogas, efectivo y presuntas maniobras financieras bajo investigación. |
Los casos son independientes. La comparación muestra antecedentes de utilización del territorio uruguayo por organizaciones criminales internacionales, no una red única comprobada.
Política, instituciones y responsabilidades
La dimensión política surgió al conocerse que Leiva figuraba como asesor remunerado del edil nacionalista Gonzalo Gómez, pese a no desempeñar las tareas previstas.
El Partido Nacional resolvió suspender a Gómez por dos años. También fueron mencionadas operaciones realizadas en un local de cobranzas perteneciente a la esposa del dirigente del Partido Nacional y miembro del directorio de ANP (Administración Nacional de Puertos) Jorge Gandini.
Gandini negó que allí se hubieran realizado maniobras de lavado y expresó su disposición a colaborar con las autoridades.
Es necesario separar los vínculos personales y políticos de las responsabilidades penales. Hasta el momento, la información examinada no permite atribuir participación criminal a Gómez, Gandini o sus familiares por el solo hecho de esas relaciones.
De las bandas criminales al poder económico
El narcotráfico o «neo narcotráfico» como le llamamos en nuestras conferencias y apariciones mediáticas, moderno funciona mediante redes que pueden combinar violencia territorial, logística internacional y servicios financieros.
La incautación de droga interrumpe operaciones. La identificación de beneficiarios finales y la confiscación de ganancias pueden afectar capacidades estructurales de las organizaciones.
Por eso, la inteligencia financiera debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de seguridad.
Uruguay necesita determinar si Trazador representa una organización relativamente delimitada o si sus investigaciones derivadas permiten descubrir una estructura financiera de mayor alcance.
La existencia de una macro red todavía es una hipótesis, no una conclusión judicial.
Pero las preguntas ya están planteadas: ¿Quién recibía finalmente los dólares?, ¿Qué controles fallaron?, ¿Qué empresas fueron utilizadas y quiénes resultaron beneficiados?
El narcotráfico no alcanza su mayor influencia cuando domina una esquina, sino cuando consigue introducir sus ganancias en la economía formal y ocultar quién ejerce realmente el poder sobre esos recursos.
Todo lo anterior nos lleva a plantearnos una cuestión estratégica de mayor profundidad: si Uruguay lleva décadas detectando estas operaciones, ¿cuánto ha avanzado realmente en impedir que las ganancias del crimen organizado ingresen a la economía formal?
Ese es el Uruguay narco que debemos investigar. No solamente el que dispara, sino también el que cobra, convierte, transfiere y acumula.
Fuentes documentales, periodísticas y bibliográficas
- Fiscalía General de la Nación — Operación Trazador: tres personas fueron condenadas (2026).
2. Ministerio del Interior — Operación Trazador: incautación de 265 kilos de droga (2026).
3. Búsqueda — La Operación Trazador vuelve a poner la lupa en el uso de casas de cambio para lavar dinero del narcotráfico (2026).
4. Eduardo Preve — Investigaciones periodísticas sobre Pablo Leiva, casas de cambio y conexiones financieras (2026).
5. El País / El Observador / Montevideo Portal — Cobertura de Operación Trazador, conexiones políticas y actuaciones de Fiscalía (2026).
6. La República — Investigación histórica sobre Raúl Vivas, Ramón Puentes Patiño y el lavado de activos en Uruguay (2000).
7. Tenenbaum, Gabriel; Gil Iribarne, Ricardo; Espinosa, Daniel — Vendedores de cuchillos: el lavado de activos en Uruguay (2024).
8. Tenenbaum, Gabriel — Los protectores del capital: las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay (2022).
