Posibles explicaciones de la ola de violencia en el país.
La caída de un jefe criminal suele presentarse como una victoria inmediata del Estado. Y lo es: detener, procesar y condenar a quienes dirigen redes de narcotráfico, lavado, armas y violencia es indispensable. Pero una captura no equivale necesariamente a la desaparición de la organización. En determinadas condiciones, puede abrir una fase inicial de mayor violencia.
Uruguay atraviesa un momento que obliga a considerar esa hipótesis. En el último período fueron neutralizados o encarcelados actores de peso en distintos circuitos criminales: Luis Fernando Fernández Albín fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico, contrabando, lavado y armas; Luis Alberto “Betito” Suárez también fue condenado y continúa privado de libertad; Sebastián Marset permanece detenido en Estados Unidos a la espera de juicio.
A ellos puede agregarse Erwin “Coco” Parentini, figura vinculada a la barra brava de Peñarol, preso desde hace años y condenado por ordenar desde la cárcel el homicidio de Lucas Langhain. Su caso no pertenece exactamente al mismo universo de las bandas dedicadas al narcotráfico territorial, pero ilustra una cuestión decisiva: la prisión puede limitar físicamente a un delincuente y, al mismo tiempo, no impedir necesariamente su capacidad de influir, ordenar o amenazar hacia el exterior.
No corresponde afirmar que todos esos nombres formen una única estructura ni que la actual ola de violencia sea consecuencia directa y exclusiva de sus detenciones. Sería una simplificación impropia de un fenómeno mucho más complejo. Los homicidios tienen múltiples causas: disputas territoriales, deudas, consumo problemático, disponibilidad de armas, reclutamiento de adolescentes, venganzas y debilidad de las redes sociales de contención.
Sin embargo, la fragmentación de las organizaciones es una explicación que merece atención. Cuando cae un jefe, no desaparecen automáticamente el mercado, las armas, las rutas, los deudores, los proveedores, los puntos de venta ni los jóvenes dispuestos a ocupar un lugar. Lo que desaparece es la autoridad que regulaba, aun de modo criminal, ese orden. Entonces comienza la disputa por la sucesión.
El negocio ilícito no tolera vacíos prolongados. Un segundo jefe intenta ascender; una facción busca independizarse; un rival procura recuperar territorio; antiguos subordinados ajustan cuentas. La violencia deja de ser solamente un instrumento para defender una boca, una deuda o una zona. Se convierte también en un mensaje: quién manda, quién puede disparar, quién tiene armas, quién conserva contactos y quién está dispuesto a ejercer el control.
Los datos recientes revelan la magnitud del desafío. Según información presentada por el Ministerio del Interior, existen 137 estructuras criminales activas y 2.723 personas identificadas como integrantes; 1.903 estarían en libertad. Entre enero y agosto de 2026, los conflictos entre criminales fueron el principal motivo aparente de los homicidios y representaron 58% del total. No es un único cartel: es un ecosistema fragmentado de organizaciones complejas, grupos, bandas y clanes familiares.
La serie «Mayor of Kingstown» resulta sugerente como metáfora. Allí la cárcel y la calle forman un mismo sistema, y un mediador informal procura impedir que las disputas entre autoridades, guardias y bandas escalen hacia una guerra abierta. Pero Uruguay no necesita un “alcalde de Kingstown”: necesita instituciones capaces de cumplir, de forma legal, transparente y coordinada, aquello que en la ficción realiza un intermediario ambiguo.
Eso exige una distinción fundamental. Mediar para evitar un homicidio inminente, desactivar una represalia o apartar a un joven del circuito armado puede ser una política legítima. Negociar impunidad, territorios o poder con organizaciones criminales no lo es. El Estado no puede compartir soberanía con las bandas para comprar una tranquilidad temporal.
Uruguay ya cuenta con una experiencia que vale la pena fortalecer: el programa Barrios sin Violencia, basado en la interrupción comunitaria de conflictos de alto riesgo. Su objetivo no es pactar con delincuentes, sino detectar disputas, prevenir represalias y acercar alternativas a quienes están más expuestos a matar o morir.
La respuesta debe ser integral. Cada detención de alto impacto debería ir acompañada por una investigación inmediata del segundo y tercer anillo de la organización; control efectivo de las comunicaciones desde prisión; persecución del dinero, las armas y la logística; presencia policial e inteligencia focalizada en los territorios donde puede abrirse una disputa; y prevención social dirigida a los jóvenes que las bandas reclutan con mayor facilidad.
Capturar a un jefe es necesario. Pero el objetivo final no debe ser llenar una celda: debe ser desarticular la red. Si el Estado sólo derriba la cabeza y deja intactos el dinero, las armas, los vínculos y el territorio, el vacío no dura mucho. Y, con frecuencia, se llena de violencia.
