El control de la violencia legítima es la razón de ser del Estado. Como bien se conoce, se debe a Max Weber la formulación de ese axioma que integra la fuerza física presente en cualquier grupo humano con la convicción de que el uso de ese poder es aceptable y sujeto a obediencia por parte de los individuos. No obstante, esa creencia se encuentra sometida a leyes o, en términos más amplios, a instituciones acordadas y puestas en marcha por aquellos. Hoy existe una abundante evidencia empírica que muestra que la ausencia de Estado genera escenarios de violencia multitudinaria que se expresa a través de formas muy diferentes. Es esta relación causal la que hace de este fenómeno un asunto central para la Ciencia Política que retoma, por consiguiente, un ámbito de análisis que estuvo durante mucho tiempo ubicado en los intereses de la Sociología e incluso de la Antropología. En América Latina, el recrudecimiento de la violencia en el último cuarto de siglo, una vez que se apagaron los fusiles de las contiendas revolucionarias, constituye el problema más serio que, de acuerdo con los estudios de opinión publica, afecta a la convivencia social y que, a la vez, sustrae ingentes recursos del flujo económico cotidiano lastrando el desarrollo. Las ofertas políticas frente a las constantes citas electorales planean pro- gramas de «mano dura» con matices muy diferentes que, sin embargo, luego son implementados de manera torpe cuando no son reflejo de una improvisación preocupante. Si bien es un atractivo para su inclusión en las campañas electorales, el reiterado fracaso de las políticas públicas al respecto contribuye a generar mayor desafección ante la política por parte de la ciudadanía que percibe que nadie se ocupa de sus problemas mientras estos se van agravando poco a poco.
Fuente : Atlas de la Violencia en América Latina.