Tras meses de espera, se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en Uruguay. la quecuenta con el aval de Prosecretaría de Presidencia para ser publicada, en la que se destacan los pocos casos imputados por este primer delito, junto con las amenazas y vulnerabilidades, externas e internas, del sistema de prevención uruguayo.
La ENR, realizada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca, y en la que participaron diferentes organismos públicos y representantes del sector privado, establece que si bien han habido avances, aún existen factores que limitan la efectividad del sistema antilavado en Uruguay, los cuales varios se arrastran de la anterior evaluación realizada en 2014.
Según datos recogidos por el documento, la cantidad de investigaciones iniciadas por el Ministerio del Interior (MI) respecto de las actividades delictivas determinantes —aquellas con las que se genera el dinero que luego se busca “blanquear”—, correspondientes al período 2019-2021, fueron 15.848.
De estas investigaciones, entre febrero de 2019 y septiembre de 2021, la cantidad de personas imputadas por estos delitos fueron 8.286. Mientras tanto, la cantidad de personas imputadas por delitos de lavado de activos fueron solo 240.
Las principales actividades delictivas investigadas por el Ministerio del Interior, durante ese período, fueron el narcotráfico y delitos conexos, la rapiña, lesiones graves y gravísimas, hurto, homicidio y extorsión.
Sin embargo, los imputados por delitos de lavado de activos fueron: 210 por asistencia al lavado y 30 por los delitos “propiamente de lavado” (conversión, transferencia, posesión, tenencia y ocultamiento de activos para el lavado).
“Es evidente, que la existencia de tan pocos casos y por valores tan pequeños, no es concordante con el volumen de actividades delictivas precedentes objeto de investigación y juzgamiento, así como los montos incautados y decomisados. De acuerdo a la lógica y a la experiencia mundial en la materia, debiera existir una cantidad considerablemente mayor de casos de lavado de activos”, afirma la ENR.
La evaluación destacó que se detectaron “circunstancias que dificultan la identificación de los riesgos” que enfrenta Uruguay y la aplicación del enfoque basado en riesgo en la prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Entre ellas, se encuentran las carencias para identificar los métodos y las tipologías utilizados para lavar activos en el país, las dificultades para coordinar acciones entre las autoridades competentes —en algunos casos por motivos normativos y en otros vinculados a restricciones de orden presupuestal—, y que las evaluaciones sectoriales de riesgo y los estudios estratégicos realizados por las autoridades son “aún parciales”.
Una declaración de guerra al crimen organizado
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó ayer que el Poder Ejecutivo considera prioritario el combate al lavado de activos y el narcotráfico, dos actividades que, como bien señaló, están a menudo asociadas. Pero los datos de la realidad no confirman estas prioridades.
Delgado habló en el Palacio Legislativo después de asistir junto con el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que trata el proyecto de Rendición de Cuentas.
En la comisión, Chediak dio explicaciones acerca de la evaluación nacional de riesgos en la materia de la que se ocupa su secretaría, actualizada a julio de este año, y el panorama no es para nada alentador.
En el documento se señala que la situación se ha agravado respecto de la anterior evaluación, entre otras cosas porque aumentó el narcotráfico de organizaciones brasileñas y argentinas que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para enviar drogas ilegales a Europa, y “se ha constatado la utilización del puerto de Montevideo para envíos de cocaína, con numerosos casos detectados por las autoridades uruguayas y las de los puertos de destino”.
También se indica que “existe información sobre la posible presencia de un cartel liderado por narcotraficantes de nacionalidad uruguaya que estaría operando con las organizaciones de la región”; que “Uruguay ya no es sólo un país de tránsito”, ya que se ha constatado producción nacional de drogas sintéticas, y que si bien hasta ahora “los circuitos de acopio y exportación de drogas se encuentran diferenciados de los dedicados a la distribución para el consumo interno” existe un vínculo entre estos y los grupos regionales que movilizan la droga en tránsito, de modo que es creciente el riesgo de que “se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien la problemática del narcotráfico en el país”.
En lo referido al lavado de activos, la evaluación destaca que el sector financiero uruguayo “presenta un importante nivel de riesgo dado el volumen de operaciones, los clientes con los que opera y el tipo de operaciones que realiza”.
Por otra parte, se afirma que las normas en esta materia han mejorado mucho desde la anterior evaluación, pero la asignación de recursos humanos y materiales para cumplirlas “es aún insuficiente”.
A este informe especializado deben agregarse hechos notorios como la flexibilización de las exigencias de inclusión financiera, la disminución de reportes sobre transacciones sospechosas y el escandaloso otorgamiento al narcotraficante Sebastián Marset de un pasaporte que le fue entregado cuando estaba preso en Dubái y le permitió quedar en libertad, para irse de ese país con rumbo desconocido hasta su reciente ubicación en Bolivia. Allí escapó de un procedimiento policial para detenerlo y se mantiene prófugo, al tiempo que, según dijo ayer el ministro Luis Alberto Heber, amenaza con represalias a periodistas que se ocupan de su caso.
No basta con declarar, como lo ha hecho el Ministro Heber, que las autoridades están en guerra contra el narcotráfico. Las guerras requieren recursos.
Fuentes: ENR Presidencia de la República, Diario El País. La Diaria.
Fernando Vaccotti 