Por Fernando Vaccotti
Ante la coyuntura actual, mucho es lo que se está informando sobre seguridad y en especial sobre la seguridad ciudadana, quizás lógicamente influenciados por la realidad de una ola de delincuencia como nunca se vivió en nuestro país.
A su vez, los ejemplos cercanos parecerían inducir a pensar que se trata de un situaciones de réplica, cuando en realidad en muchos países del mundo la delincuencia tiende a bajar en las estadísticas.
Vale la pena decir que de a poco se van dejando de lado las noticias diarias por la brevedad de los tiempos y la duración de las mismas, que empeoran siempre lo que pasó ayer. Y de esa manera se van dejando de lado algunos temas básicos que hacen a todo lo que se refiere la Seguridad Humana en su conexión con la Seguridad Ciudadana.
Por ejemplo, los costos de la Seguridad, un tema cuasi confidencial. Otros dos temas que trataremos más adelante son : Cárceles y Las Víctimas de la Inseguridad.
La inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el Desarrollo Humano, el delito, la violencia y el temor limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado.
Por ejemplo, el porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% aun 59.1% para distintos países de América Latina.(PNUD IDH 2013-2014)*
Asimismo, el porcentaje de personas que han limitado sus lugares de compras como consecuencia del temor al delito va del 16.8% al 51.5% para diferentes países. Más aún, entre el 45% y el 65% de los encuestados, dependiendo del país, dejó de salir de noche (LAPOP-PNUD 2012)*
Este impacto en el patrón de comportamiento de las personas limita su convivencia en el
espacio público, su desplazamiento y recreación, es decir, afecta su libertad.
La inseguridad pone bajo tensión el respaldo de la ciudadanía al Estado de Derecho.
Diversas encuestas de opinión muestran que los latinoamericanos expresan una seria predilección por la aplicación de leyes más duras e incluso por políticas de mano dura. No obstante, esta demanda ciudadana por respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede traducirse en violaciones a los Derechos Humanos.
Además, la inseguridad genera importantes costos que van desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos
irreparables en la vida y en la integridad física y mental de las personas.
Un estudio conjunto realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el PNUD para analizar los costos en cinco países de América Latina muestra que sus costos en términos
del PBI son significativos y diferenciados: van desde el 3% como porcentaje del PBI en Chile y Uruguay, hasta un poco más del 10% en Honduras.
En nuestro país es difícil acceder a este tipo de información fidedigna debido a las restricciones que ha implantado la actual administración. No es difícil sin embargo inferir que las cifras deben presentar similitudes con las del resto de Latinoamérica.
Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, teniendo un impacto positivo inmediato pero cayendo rápidamente en el corto tiempo luego de su implementación y generando espirales de violencia mayores en algunos casos.
También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.
Las políticas de mano dura —con un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas y el uso de la fuerza— han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, entre las que destacan el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios -ya sobrecargados-, la violación de los derechos humanos -particularmente en contra de jóvenes y menores de edad- y el abuso de autoridad (Hume 2007; Zilberg 2011; Basombrío y Dammert 2013)*.
Fernando Vaccotti 