Fuente: Diario El Observador, Uruguay.
Lucinda Elliott
Durante mucho tiempo Paraguay ha sido un refugio para el contrabando de todo tipo de productos, desde cigarrillos hasta artículos de lujo. Pero las sanciones estadounidenses contra dos de sus principales políticos, junto con el aumento de los asesinatos y la violencia relacionada con el narcotráfico, han suscitado preocupaciones de que las bandas de delincuentes organizados han penetrado en las altas esferas del poder de uno de los principales aliados regionales de Washington.
Mientras el país sudamericano se prepara para las elecciones presidenciales de abril, Washington incluyó el mes pasado en su lista negra al vicepresidente Hugo Velázquez y al expresidente Horacio Cartes por presunta corrupción. Se esperaba que Velázquez se postulara como candidato del partido gobernante en las urnas y Cartes conserva una importante influencia en la política y los negocios nacionales. Las sanciones significan que los hombres, que han negado las acusaciones, tendrán prohibida la entrada a EEUU.
Las medidas reflejan la creciente preocupación en Washington de que Paraguay podría desestabilizarse si sus instituciones y élites caen bajo la influencia del crimen organizado, dicen los observadores.
Al nombrar públicamente a ambos, quienes son miembros del gobernante y conservador Partido Colorado, Washington le está enviando un mensaje al gobierno de que necesita limpiar la vida pública antes de las elecciones de 2023, según Eduardo Nakayama, un político opositor paraguayo.
«Paraguay es un importante proveedor de cocaína para América Latina y Europa» dijo. «Hay bandas criminales que entran en la política a nivel regional, municipal y judicial».
Paraguay, un país exportador de soja y carne de res sin salida al mar, situado estratégicamente en el centro de América del Sur, ha sido durante mucho tiempo un lugar de paso tanto para el comercio legítimo como para el contrabando. Pero este año ha sufrido un aumento de los asesinatos selectivos y de la violencia de las bandas que ha alarmado a las fuerzas del orden estadounidenses.
Marcelo Pecci, uno de los principales fiscales en una importante investigación sobre el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a principios de este año, fue asesinado a tiros por sicarios en mayo mientras estaba de luna de miel en Colombia.
Una semana después, José Carlos Acevedo, alcalde de la ciudad de Pedro Juan Caballero durante muchos años, fue asesinado frente a un edificio municipal, meses después del asesinato de su sobrina Belén Acevedo. Los medios de comunicación locales les atribuyeron ambos asesinatos a bandas de narcotraficantes.
Algunos de los mayores cargamentos de cocaína confiscados en Europa desde 2019 se han rastreado hasta los puertos fluviales paraguayos. La cifra récord de 16 toneladas confiscadas en Hamburgo el año pasado se exportó desde Villeta, cerca de la capital, Asunción.
Jimena Blanco, jefa de investigación de las Américas en Verisk Maplecroft, una consultora de riesgos del Reino Unido, dijo que se había producido «una expansión de las operaciones de las bandas desde Brasil» para traficar cocaína a través de Paraguay conforme los cárteles amplían sus mercados.
Al preguntársele sobre la situación en Paraguay, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo: «La corrupción le inflige costos sustanciales a la economía, la sociedad y la seguridad de un país. La corrupción en un país extranjero afecta directamente los intereses de seguridad nacional, económicos y de política exterior de EEUU».
En un comunicado en el que se detalla la medida contra Velázquez, el departamento de Estado acusó al vicepresidente de ofrecerle un soborno de US$1 millón a un funcionario público para obstruir una investigación. Cartes, que gobernó entre 2013 y 2018, participó presuntamente en una corrupción «considerable», incluyendo la obstrucción de una investigación criminal transfronteriza, dijo el departamento de Estado en julio. EEUU no dio más detalles sobre las acusaciones.
René Fernández, ministro anticorrupción de Paraguay, admitió que las organizaciones criminales habían «contaminado algunos niveles de las empresas privadas y de las instituciones públicas». Dijo que su ministerio estaba profundizando en sus investigaciones sobre los vínculos entre ellos.
Sin embargo, el columnista político Alfredo Boccia Paz dijo que las deficiencias del sistema de justicia paraguayo, en el que los presuntos delincuentes no rinden cuentas y los investigadores son blanco de las bandas, están contribuyendo a que «el poder de la mafia se apodere de nuestro país».
Si el Partido Colorado continuara en el gobierno, Paraguay «se convertiría en el centro regional del narcotráfico», dijo en agosto Martín Burt, miembro de la alianza opositora que planea postularse como candidato presidencial en las elecciones del próximo año.
Cartes sigue teniendo una influencia considerable en el partido gobernante. El empresario ha estado en el punto de mira de las fuerzas del orden durante más de una década. EEUU señaló a un banco propiedad de Cartes como presunto centro de lavado de dinero en un cable del departamento de Estado de 2009 publicado en 2010 por WikiLeaks. En 2019, Brasil solicitó su extradición en relación con una investigación de lavado de dinero. La solicitud fue retirada posteriormente. Cartes ha negado todas las acusaciones de actividad delictiva.
Un portavoz de Cartes, quien se está postulando como presidente del Partido Colorado, achacó las críticas a la rivalidad de cara a los comicios de 2023: «Los adversarios políticos están utilizando todo tipo de noticias falsas o tendenciosas para tratar de desacreditar [a los candidatos del Partido Colorado], incluyendo el argumento recurrente de que Cartes es una amenaza para la estabilidad política».
Al vicepresidente se le considera un aliado de Cartes y se dice que es su candidato presidencial favorito. Tras la decisión de EEUU, Velázquez dijo que dimitiría. Pero desde entonces ha dado marcha atrás, alegando que la designación de Washington no tenía consecuencias penales.
Fernando Vaccotti 