La balacera ocurrida hoy durante las picadas clandestinas del Parque Rodó en Montevideo expone una peligrosa convergencia entre descontrol urbano, violencia criminal y pérdida de autoridad sobre el espacio público. El mismo día comienzan a patrullar los blindados del Ejército operados por la Policía.
Un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas durante un ataque a tiros ocurrido en la madrugada de este viernes 24 de julio en la rambla de Montevideo, en las inmediaciones de las canteras del Parque Rodó.
Entre los heridos se encuentra otro menor, de 14 años, además de personas de 22, 26, 30 y 54 años. Algunos fueron trasladados en vehículos particulares a distintos centros asistenciales. La intensidad de los disparos quedó registrada en videos tomados por quienes participaban o presenciaban la concentración nocturna.
El episodio ocurrió en un lugar donde, desde hace tiempo, se realizan concentraciones de automóviles y motocicletas, picadas clandestinas, maniobras peligrosas y otras actividades que alteran el descanso de los vecinos y ponen en riesgo a quienes circulan por la zona.
No estamos, por tanto, ante un acontecimiento absolutamente imprevisible.
Ya en marzo de 2025 la prensa recogía testimonios que advertían que las picadas en Parque Rodó no se limitaban a los fines de semana. A partir de la medianoche comenzaban a concentrarse motocicletas, mientras usuarios del Teatro de Verano evitaban estacionar cerca por temor a daños en sus vehículos. También se denunciaba la ausencia o insuficiencia de controles preventivos durante buena parte de esas noches.
Posteriormente se realizaron procedimientos conjuntos de la Policía y la Intendencia de Montevideo, con inspecciones e incautaciones de motos en Parque Rodó, Carrasco y otros puntos de la zona metropolitana. La Intendencia informó entonces que efectuaba este tipo de intervenciones todas las semanas.
Sin embargo, los operativos puntuales no consiguieron eliminar el fenómeno.
La propia persistencia de las picadas llevó a que la Junta Departamental aprobara recientemente un endurecimiento de las sanciones. Los vehículos incautados por participar en estas actividades deberán permanecer al menos 90 días en depósito, además de exigirse determinadas condiciones para su recuperación. La norma había sido impulsada luego de reiterados episodios en las canteras del Parque Rodó y otros sectores de la rambla.
Todo esto demuestra que el problema era conocido.
Las noches no tan clandestinas de Montevideo
Denominar “clandestinas” a estas concentraciones puede ser jurídicamente correcto, pero resulta socialmente insuficiente.
Una actividad que se repite durante meses, en horarios relativamente previsibles, convocada mediante redes sociales, acompañada por decenas o cientos de personas y desarrollada en uno de los espacios públicos más visibles de la capital difícilmente pueda considerarse invisible.
La clandestinidad parece existir solamente en relación con la ausencia de autorización. No necesariamente en cuanto a su conocimiento público.
El problema de fondo es la pérdida gradual del control efectivo sobre determinados espacios, horarios y dinámicas urbanas.
Cuando una actividad ilegal se vuelve rutinaria, desarrolla sus propios códigos y consigue apropiarse temporalmente de una avenida, una plaza, una rambla o un barrio, deja de ser exclusivamente un problema de tránsito. Se convierte en un problema de autoridad pública.
Y cuando dentro de ese espacio tolerado o insuficientemente controlado irrumpen armas de fuego, posibles represalias criminales y víctimas menores de edad, la frontera entre desorden urbano y violencia organizada desaparece.
La rambla de Montevideo no es una periferia invisible. Es uno de los principales espacios de convivencia de la ciudad. Que un ataque de estas características ocurra allí amplifica su impacto simbólico: transmite la sensación de que la violencia puede emerger en cualquier lugar, incluso en aquellos que la población todavía percibía como relativamente seguros.
El mismo día saldrían los blindados
Existe además una coincidencia que no puede ser ignorada.
Este viernes 24 de julio estaba previsto el comienzo del patrullaje policial mediante vehículos blindados pertenecientes al Ejército Nacional. El ministro del Interior había anunciado que serían utilizados en los barrios de Montevideo con mayores niveles de violencia, luego de que funcionarios policiales completaran su capacitación y los vehículos fueran equipados con cámaras de videovigilancia.
El acuerdo entre los ministerios del Interior y Defensa contempla el préstamo de hasta 12 vehículos. Las autoridades han insistido en que los operativos estarán bajo conducción de la Policía Nacional y que la medida no supone colocar a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad interna.
La precisión es necesaria: no estamos formalmente ante una militarización institucional de la seguridad pública.
Pero tampoco puede desconocerse que comienza una militarización material, operacional y simbólica de parte de la respuesta estatal. Vehículos concebidos para escenarios militares serán incorporados a operaciones policiales porque las condiciones de determinados territorios y enfrentamientos superan las capacidades de protección ofrecidas por los patrulleros convencionales.
El pasado miércoles, durante el programa «Sin Vueltas«, de Uruguay, sostuve que la seguridad pública uruguaya avanza hacia una progresiva militarización y que probablemente no podamos escapar completamente de una tendencia que ya se observa en otros países de la región.
No se trata de celebrar ese proceso. Tampoco de condenarlo automáticamente.
Se trata de comprender por qué ocurre.
Los Estados recurren a equipamientos, doctrinas y capacidades originalmente militares cuando perciben que ciertos grupos criminales poseen armamento, movilidad, organización y voluntad de confrontación suficientes para desafiar los medios policiales tradicionales.
El blindado es, en ese sentido, un síntoma antes que una solución.
Recuperar la autoridad antes de que sea demasiado tarde
La muerte de un niño en Parque Rodó no debería ser utilizada para reclamar respuestas improvisadas ni para alimentar discursos fáciles.
Pero tampoco puede convertirse en una noticia más dentro de la sucesión cotidiana de homicidios.
El Estado debe investigar el ataque, identificar a los responsables y determinar si existieron conexiones con enfrentamientos criminales anteriores. Pero también deberá explicar cómo una concentración ilegal, reiterada y conocida pudo continuar desarrollándose hasta transformarse en escenario de una balacera.
La seguridad ciudadana no consiste solamente en reaccionar después de los disparos. Consiste en impedir que los espacios públicos sean capturados por dinámicas ilegales que, con el tiempo, terminan creando las condiciones para violencias mayores.
Hoy comenzarían a circular blindados para recuperar el control en algunos barrios de Montevideo.
Pero la pregunta más incómoda permanece abierta:
¿En qué momento aceptamos que las noches de la rambla, las calles y ciertos espacios de nuestra ciudad pudieran funcionar bajo reglas diferentes de las establecidas por el Estado?
Un niño de 12 años acaba de pagar con su vida el costo de esa tolerancia, de esa insuficiencia o de esa incapacidad de anticipación.
Montevideo y Uruguay ya no puede mirar hacia otro lado.
Fernando Vaccotti 