Seguridad humana en un Uruguay bajo tensión
Uruguay atraviesa días particulares. Cerramos una semana con el Puerto afectado por un conflicto sindical y comenzamos otra con dificultades en la distribución de combustibles. El transporte colectivo también se vio alterado después de un episodio mucho más grave y de naturaleza completamente diferente: un ómnibus de UCOT fue tomado por hinchas de Cerro y su conductor amenazado con un arma. A esto se agregan medidas en la construcción, un paro total en Primaria y el paro general parcial convocado por el PIT-CNT.
Son hechos distintos y sería equivocado colocarlos en una misma categoría. Un conflicto laboral no es un delito, una huelga no es un acto de violencia y una manifestación no puede compararse con el secuestro de un ómnibus.
Sin embargo, existe un punto donde todos terminan encontrándose: la vida cotidiana de las personas.
Y ahí aparece una pregunta que merece ser formulada: ¿cuántas personas hacen falta para alterar la vida de miles?
No escribo esto contra el sindicalismo. La libertad sindical, la negociación colectiva, la protesta y la huelga forman parte de cualquier sociedad democrática. Estoy hablando de algo diferente y bastante más amplio: SEGURIDAD HUMANA.
Seguridad no significa solamente policías, patrulleros, cárceles y delincuentes. También significa poder levantarse sabiendo que habrá transporte para ir a trabajar, combustible para desplazarse, escuela para los hijos, servicios funcionando y condiciones mínimas para producir, invertir o simplemente organizar la jornada.
¿Cuántas personas hacen falta para alterar la vida de cientos de miles?
Cuando se paraliza un puerto, las consecuencias trascienden sus muros. Cuando se interrumpe la distribución de combustible, el efecto alcanza otras actividades. Cuando no funciona el transporte o no hay clases, miles de familias deben reorganizar sus vidas. Cuando se detiene una obra, detrás existen trabajadores, proveedores, empresas e inversiones.
Y mientras todo esto ocurre, la violencia continúa siendo otra amenaza a esa misma seguridad humana.
Uruguay cerró el primer semestre de 2026 con 195 homicidios, 6,6% más que en igual período de 2025. Tres de cada cuatro fueron cometidos con armas de fuego y 121 ocurrieron en espacios públicos.
Agosto volvió a comenzar con una sucesión de asesinatos. Algunos medios han manejado cifras de hasta 12 homicidios en períodos recientes, aunque hasta disponer de una consolidación oficial prefiero no presentar esa cifra como el total del mes. Lo importante es que el fenómeno se produce sobre una tendencia ya comprobada: los homicidios aumentaron durante el primer semestre.
escribiría algo en esta línea:
Mientras una sucesión de conflictos e interrupciones afecta la movilidad, la educación, el abastecimiento, la producción y la logística, otra dimensión de la seguridad humana continúa recordándonos su presencia: la violencia y el delito.
Pero tampoco todo empeora. Y decirlo es importante. Según el Ministerio del Interior, las denuncias de delitos disminuyeron globalmente 3,7% durante el primer semestre: bajaron las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos, mientras aumentaron las estafas y fraudes informáticos.
A este escenario se agregó el 7 de agosto la explosión de un cajero automático en Parque Miramar. La Policía reaccionó rápidamente, hubo detenciones y posteriormente cuatro involucrados fueron condenados. Es un episodio diferente a todos los anteriores, pero vuelve a mostrarnos hasta qué punto una acción ejecutada por muy pocas personas puede alterar violentamente un espacio utilizado por muchos.
El problema es la continuidad
Puerto, combustible, transporte, educación, construcción, violencia criminal e infraestructura atacada no tienen las mismas causas ni responsables. No todo es lo mismo. Pero todo termina repercutiendo sobre las personas.
Por eso creo que necesitamos incorporar una palabra a nuestra discusión sobre seguridad: CONTINUIDAD.
Continuidad educativa, energética, logística, productiva, del transporte y de los servicios esenciales. En sociedades cada vez más interconectadas, la interrupción de un sector puede trasladarse rápidamente hacia otros. La capacidad de absorber esas perturbaciones y continuar funcionando es parte de la resiliencia de una sociedad.
Y allí aparece inevitablemente el Estado. Debe garantizar el derecho de huelga y manifestación, pero también la libre circulación y los servicios fundamentales. Debe proteger al trabajador y al ciudadano. Debe perseguir al delincuente y proteger las infraestructuras críticas. Garantizar derechos también significa impedir que el ejercicio de unos termine anulando sistemáticamente los de otros.
Las democracias tienen conflictos. Eso es normal. Lo importante es su capacidad para administrarlos sin convertir la excepcionalidad en rutina.
Porque finalmente la pregunta del ciudadano es mucho más sencilla que todos nuestros debates políticos:
¿Puedo desarrollar normalmente mi vida?
Ir a trabajar. Llevar a mis hijos a estudiar. Moverme. Producir. Acceder a servicios. Caminar por la calle sin miedo. Volver a casa.
Eso también es seguridad.
Y por eso esta reflexión no es contra el sindicalismo, los trabajadores ni el Gobierno.
Es a favor de algo mucho más elemental:
SEGURIDAD HUMANA
Una sociedad no puede acostumbrarse a vivir permanentemente interrumpida.
Y proteger esa normalidad cotidiana también significa proteger a las personas.
Eso es SEGURIDAD HUMANA.
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Fernando Vaccotti 